En plena recesión económica y ante el aumento del desempleo, el régimen de Daniel Ortega impondrá unas reformas fiscales que golpean a la ciudadanía.
Desde ya, las mismas están siendo cuestionadas por ser una revancha política contra el sector privado, debido a su apoyo a las protestas ciudadanas, y contra la población que osó levantarse contra la dictadura.
Con el paquetazo fiscal el régimen pretende recaudar 10,168.6 millones de córdobas (equivalentes a unos 317 millones de dólares) en 2019 con el aumento de las tasas impositivas, reducción de exoneraciones al sector empresarial, así como de los consumidores a quienes se les comenzará a cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en una serie de productos que no están incluidos en la canasta básica.
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El ministro de Hacienda, Iván Acosta, presentó este lunes la iniciativa de reforma a la Ley de Concertación Tributaria en la Asamblea Nacional, en la que los diputados orteguistas aceleraron su “consulta” que empezó ayer por la tarde, pero solo con sindicatos y empresarios afines a la dictadura.
Entre ellos mismos
Acosta dijo que con estas medidas fiscales “no se detendrá el progreso”, a pesar de que reiteró que la economía del país cayó 4 por ciento el año pasado y en el 2019 caerá 1.01 por ciento.
El régimen sigue negando su responsabilidad en la crisis, causada por los crímenes contra el pueblo, pues Acosta insistió en culpar a “quienes destrozaron la economía”. “En el 2018 producto de la intentona golpista de abril perdimos 1,255 millones dólares”, aseveró.
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La desesperación del régimen de Ortega y Rosario Murillo por asegurarse los recursos para sostener el Presupuesto quedó demostrada en la reforma fiscal, la cual quedará aprobada antes que finalice la semana, manifestó a medios oficialistas el diputado presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez.
Ningún representante del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), ni de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) fueron citados a discutir la propuesta de reforma tributaria, afirmaron José Adán Aguerri y Juan Sebastián Chamorro, presidentes de ambos organismos, respectivamente.
Verdadero trasfondo
La exministra de Economía y actual diputada liberal, Azucena Castillo, señaló que “el verdadero trasfondo” de estas medidas fiscales es compensar con la recaudación el financiamiento externo de los organismos multilaterales, “para poder cubrir el déficit” del Presupuesto General de la República de este año.
“Esta ambiciosa y voraz recaudación nos indica que el Gobierno ya sabe que no recibirá esa plata de los organismos internacionales y como se resiste a reducir el presupuesto de gastos, quiere sacar del bolsillo de las empresas —las que ya enfrentan un gran problema de sostenibilidad por la crisis— lo que no obtendrá en préstamos y donaciones”, afirmó Castillo.
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El Presupuesto General de la República de 2019 contempla un gasto de 80,014.5 millones de córdobas (sin incluir el pago de amortización de la deuda pública) y un presupuesto de ingresos de 69,751 millones de córdobas.
El déficit presupuestario es de 10,263.4 millones de córdobas, que el régimen estimó cubrirlo con préstamos y donaciones pactados con los multilaterales, siendo los principales el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), junto a otros organismos y países de forma bilateral.
Sin embargo, la cooperación externa está en riesgo debido a que la Nica Act, aprobada por Estados Unidos, implica una serie de sanciones al régimen como la falta de acceso en el BID, Banco Mundial y el resto de organismos a recursos, así como futuros proyectos.
Países europeos como Holanda y Luxemburgo mantienen congelada la cooperación desde el estallido de la crisis por las violaciones a los derechos humanos. La Unión Europea como bloque contempla sanciones financieras y políticas a la dictadura en Nicaragua debido a la represión de los paramilitares y Policía Orteguista a las manifestaciones ciudadanas, que desde abril dejan más de trescientos muertos, miles de heridos, exiliados, más de setecientos presos políticos y la restricción de los derechos fundamentales como el de manifestación y la libertad de prensa.
Ortega no escucha los llamados de la comunidad externa y de actores nacionales de retomar el diálogo nacional para resolver la crisis; por el contrario, incrementa la represión a la población y ahora impondrá “brutales reformas a la seguridad social y fiscales cuyas consecuencias serían devastadoras para la economía”, afirmó la diputada Castillo.
Las medidas
En total, el régimen espera que en el 2022 la reforma fiscal le esté produciendo 16,004 millones de córdobas, es decir 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Para este año, esperan 10,168.6 millones de córdobas, lo que se irá incrementando gradualmente cada año.
La reforma contiene varias medidas, enfocadas principalmente en aumentar la alícuota del pago por adelantando que hacen las empresas en concepto de Impuesto sobre la Renta (IR), así como gravar las bebidas alcohólicas, azucaradas, cigarrillos, entre otros.
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Las empresas medianas y grandes deberán pagar por adelantado en concepto de pago mínimo definitivo del Impuesto sobre la Renta (IR) entre 2 y 3 por ciento, en lugar del 1 por ciento que venían reportando hasta ahora.
Solo las pequeñas empresas continuarán enterando a la Dirección General de Ingresos (DGI) el 1 por ciento mensual.
Se racionalizaron algunas exenciones y exoneraciones en los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) por un monto de 280.5 millones de córdobas este año y, en el caso de la racionalización del gasto fiscal en el IVA, por 2,016 millones de córdobas.
Se incrementó la carga impositiva a los casinos. La justificación del régimen es que productos como los cigarrillos, a los que le incrementarán el pago de impuesto también, es que son productos “perjudiciales a la salud de nuestra población y al medioambiente”.