Las nuevas pensiones que se aprueben a partir del 1 de febrero serán más del 30 por ciento más bajas que las obtenidas antes de esa fecha, luego que el régimen de Daniel Ortega este lunes impuso una draconiana reforma a la seguridad social, que apunta a ser peor que la de abril pasado, que fue la que provocó el estallido de la actual crisis política, que le costó la vida a más de 325 nicaragüenses por la brutal represión desatada por la dictadura.
Además de aumentar bruscamente el aporte de la patronal (del 19 por ciento hasta el 22.5 por ciento), el régimen elevó la contribución de los trabajadores (de 6.25 a 7 por ciento) e incrementó la tasa de cotización para los seguros facultativos. También eliminó el salario máximo cotizable, entre otras medidas.
No obstante, la mayor estocada está en el cambio que se hizo en la fórmula que se utiliza para calcular las pensiones, lo que afectará a más de ochocientos mil nicaragüenses que están cotizando actualmente, una vez que estos arriben al fin de su vida laboral, es decir los 60 años y tengan cotizado al menos 750 semanas.
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Un economista lo ejemplifica así: si una persona que cotizó 750 semanas y su salario base sobre el que se calculará su pensión es de 15 mil córdobas, sin la reforma su pensión hubiese sido de 7,540 córdobas y se eleva a 8,671.44 córdobas en concepto de asignación familiar, por personas dependientes, como la esposa.
Ahora con la reforma esa misma persona, tras el cambio de la fórmula y el porcentaje como asignación familiar (de 15 por ciento a 13.5 por ciento), su pensión promedio será de 5,369.42 córdobas, es decir perdió 3,302 córdobas por el cambio de fórmula.
Además el régimen impuso que ahora se tomará como referencia para calcular las pensiones los salarios de las últimas 375 semanas cotizadas (7.2 años de vida laboral) y no las 250 semanas (unos cinco años), como se venía haciendo hasta ahora.
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Lo anterior implicará que el trabajador requerirá esforzarse para devengar y mantener un salario alto en los últimos siete años de su vida laboral, lo que resultará un esfuerzo casi titánico en un país donde lo que más impera son salarios raquíticos dada la estructura económica, dominada por la informalidad.
La situación empeora porque los trabajadores solo podrán aspirar a conseguir el 70 por ciento del salario como pensión, en lugar del 80 por ciento hasta ahora.
Se elimina el salario máximo cotizable
También el Gobierno orientó eliminar el salario máximo cotizable. Este mes, el INSS había ajustado a 96,841.56 córdobas mensuales el salario máximo cotizable, pero ahora con la reforma, este salario máximo cotizable desaparece y ahora todos los trabajadores aportarán según su salario.
Asimismo, las autoridades aumentaron lo que se paga en otro tipo de seguros. Al respecto, si una persona o trabajador por cuenta propia está cotizando a través del seguro facultativo integral (es decir para pensión y atención médica), su contribución pasará de 18.25 por ciento a 22.25 por ciento. En caso que esté cotizando solo para optar a una pensión y sin atención médica, este pasará de 10 a 14 por ciento.
En el caso del aumento de la cuota de la patronal, impuso un incremento de 19 a 22.25 por ciento si la empresa tiene más de cincuenta trabajadores y para los que tienen menos de esa cantidad de personal la contribución será de 21.5 por ciento.
La diferencia con esta reforma es que el régimen desaparece la gradualidad que había contemplado en la reforma que propuso en abril pasado. En el ajuste anterior, se había contemplado que a partir del 1 de julio del 2018 el aporte pasaría de 19 a 21 por ciento; luego en enero de 2019 se incrementaría a 22 por ciento; y finalmente en enero de 2020 esa contribución pasaría a 22.5 por ciento. Por ahora, el aumento es de una sola vez.
Lo que ignora la reforma
Al igual que la que se impulsó en abril pasado, en esta ocasión el régimen tampoco explicó qué medidas correctivas aplicará para reducir los excesivos gastos administrativos del INSS y transparentar las inversiones que se hacen sin supervisión alguna.
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Tampoco se informó de cuánto se logrará en recaudación con la aplicación de estas medidas, ni dijo cuánto se le alargará la vida al INSS, pues el Fondo Monetario Internacional había pronosticado su sostenibilidad hasta 2019.
Reforma se cocinó el viernes
La reforma a la seguridad social fue decida el viernes pasado en las oficinas del INSS central y la adoptaron solos los funcionarios del régimen orteguista Roberto López y Sagrario Benavides, presidente y vicepresidenta del Instituto, respectivamente, junto a los representantes del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), fieles a la dictadura, José Antonio Zepeda y Evile Umaña.
A los representantes del Cosep no los convocaron a esa reunión, afirmó su presidente José Adán Aguerri.
Umaña, vicesecretaria de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud, grupo del FNT), dijo que para dichas reformas no se necesitaba consultar a los cotizantes pues son las mismas medidas tomadas en abril de 2018 y que luego se derogaron.
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“Esta es la reforma anterior (de abril pasado) (por la) que armaron el alboroto estos empresarios, nosotros ya habíamos aceptado el 0.75 (por ciento de aumento a la cotización de los trabajadores). A nosotros no nos afecta en absolutamente en nada”, aseveró Umaña a LA PRENSA.
Según la presentación que hizo ayer en la Asamblea el ministro de Hacienda, Iván Acosta, el Gobierno central le transfirió al INSS 4,500 millones de córdobas entre abril y diciembre pasados para cubrir su déficit.
Durante ese período el INSS pasó de tener 137,867 afiliados a cerrar el año pasado en 84,830, según el informe de Acosta, lo que significa que 53,037 trabajadores dejaron de cotizar.
A pesar de que la carga ahora recaerá en una menor cantidad de trabajadores, la sindicalista Umaña le restó importancia, así como al hecho que la reforma orteguista cause un mayor nivel de desempleo.
“Una cosa es el desempleo y otra cosa el que está empleado. No sé si los empleadores por no pagar el seguro social van a correr a alguien… Si ellos quieren correr o quieren ocultar para eso está la fiscalización del INSS”, dijo la sindicalista Umaña.
Pese a los cálculos de economistas, Umaña calificó como falso que las nuevas pensiones se vayan a reducir en un 30 por ciento.
“Eso es falso. Usted tiene derecho a sus 750 semanas cotizadas, que es lo que establece la ley, si lo que está haciendo es (aumentar) en la cotización en el reglamento. No sale perdieron el trabajador porque su pensión va por el promedio por tus últimos tres años de su salario y sobre eso se le aplica la fórmula”, respondió Umaña.
Las declaraciones de Umaña denotan desconocimiento del ajuste a la seguridad social que firmó ella como parte de la junta directiva del INSS y cuyas medidas apuntan a lo contrario que ella plantea.
(Con la colaboración de José Adán Silva)