Policía Orteguista secuestra a una ciudadana en las inmediaciones del hospital Monte España

María Luisa Abarca Aguilar fue secuestrada cuando se apostó en una acera portando un cartel que decía "Nicaragua será libre o no será. Libertad"

En la imagen se ve el cartel con el que protestó la ciudadana María Luisa Abarca Aguilar. LAPRENSA/CORTESÍA

La ciudadana María Luisa Abarca Aguilar fue secuestrada la tarde de este lunes por agentes de la Policía Orteguista (PO) cuando realizaba una protesta con un cartel que decía «Nicaragua será libre o no será», en repudio a las nuevas reformas a la seguridad social impuestas por el régimen de Daniel Ortega.

Abarca fue secuestrada en las inmediaciones del hospital Monte España, en Managua, cuando se apostó en una acera portando el cartel con el que demandaba libertad. La mujer de 35 años decidió protestar junto a otra amiga, este fue motivo suficiente para que una patrulla se movilizara al lugar y como si de un criminal se tratase, la buscara para llevársela a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, donde su hermano, Marvin Abarca, confirmó que se encuentra.

La otra joven logró escapar. Actualmente, Abarca Aguilar está bajo un proceso de investigación, eso es lo único que saben, explicó su hermano, quien dijo que esta mañana fueron a El Chipote y no pudieron verla; pero si les permitieron pasarle comida.

Tan solo el pasado jueves, agentes de la PO secuestraron a Avil Ramírez, hijo del exfuncionario público con nombre homónimo. El delito de Ramírez fue ondear la bandera de Nicaragua, a él también lo llevaron a El Chipote y fue dejado en libertad la misma noche del jueves.

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María Luisa Abarca Aguilar. LAPRENSA/CORTESÍA

En semanas anteriores, otros  jóvenes protestaron durante un corto tiempo con banderas de Nicaragua por el kilómetro 4 de la Carretera Norte; sin embargo, tuvieron que correr por su libertad, ya que a los minutos, un fuerte despliegue policial llegó al lugar.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos acumula 16 denuncias de detenciones ilegales en los 29 días del 2019. Sin embargo, no se descartan que puedan haber más casos, como los de Ramírez y Abarca, que no se establecen como una denuncia ante un organismo de derechos humanos.

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