Perdón y olvido

Implica la cancelación de la condena, la extinción de la pena y la anulación del delito, es decir, como que si nunca se cometió delito alguno. Es perdón y olvido.

Cartas al director

La renuncia de Rafael Solís está provocando un debate sobre la pertinencia de lo que encierra la frase “ni perdón ni olvido”. Se trata de un debate necesario y de fondo. Por consiguiente, hay que entrarle a fondo.

Comencemos por el principio.

La palabra amnistía etimológicamente viene del griego amnestía, que significa olvido, pérdida de la memoria. Es decir, amnistía equivale a amnesia. De ahí deriva la famosa frase “perdón y olvido”, asociada al acto jurídico y político conocido como “amnistía”.

¿Y qué es una amnistía?

Usualmente es una ley en virtud de la cual se concede el perdón a los culpables de delitos, o que pudieran ser culpables de haberlos cometido. Implica la cancelación de la condena, la extinción de la pena y la anulación del delito, es decir, como que si nunca se cometió delito alguno. Es perdón y olvido.

La amnistía puede ser un acto de justicia o un acto infame. Lo determinante es la causa que lo motiva y el contexto histórico en que se produce. Hay pues, en toda amnistía, en todo perdón y olvido, un elemento político, un elemento ético y un elemento histórico.

Las dictaduras, por lo general —y allí está el ejemplo de las dictaduras militares latinoamericanas— se recetan amnistías cuando sienten que están de salida, con el propósito de asegurarse impunidad por sus crímenes. Pero también hay amnistías legítimas, cuando se conceden como base para restablecer la democracia o para promover procesos de reconciliación auténticos. O bien, para hacer justicia a condenados inicuamente por luchar por la libertad o una causa justa.

Los ciclos de violencia y las tragedias que hemos sufrido a lo largo de nuestra historia, tienen como uno de sus orígenes la falta de verdad y de justicia. Desde el poder, una y otra vez, se ha acudido a la venganza frente al adversario vencido. O al olvido, desde las élites victoriosas. Pero no a la justicia. Ni a la verdad.

No vayamos muy largo. Cierto es que miembros de la Guardia Nacional cometieron delitos de lesa humanidad. Pero los tribunales que los juzgaron fueron tribunales de venganza, no tribunales de justicia. Ni todos los que pagaron eran pecadores, ni pagaron todos los pecadores. Cualquiera sabe que el finado Tomás Borge ejercía de tribunal y al arbitrio de su poder recetaba castigos e indulgencias.

Sigamos con la década del ochenta. Se cometieron atrocidades, de parte y parte. Seamos claros. Tampoco aquí vengamos con indulgencias encubriéndonos con justificaciones ideológicas o políticas. Pero uno de los delitos de proporciones históricas fue mandar a matar y a morir con el Servicio Militar, a miles de jóvenes nicaragüenses, por una causa, que en buena parte de los casos no era su causa. Conozco desgarradoras historias de jóvenes de aquel momento, que desertaron, otros que lo cumplieron, y otros que escaparon antes de ser reclutados. En algunos casos esas vidas fracturadas pudieron reconstruirse. En otros no. En ninguno hay olvido.

Después vinieron las varias amnistías de los noventa —parches de impunidad— algunas concedidas con una pistola en la cabeza. No hubo bases sólidas de reconciliación porque no hubo ni verdad ni justicia. Y aquí estamos de nuevo repitiendo la tragedia.

Si en realidad queremos erradicar esos ciclos funestos y construir una nueva Nicaragua las bases están en la verdad y la justicia. La impunidad, la amnesia y la venganza son las mejores recetas para alimentar el ciclo de tragedias.

En “la presente coyuntura” perdón y olvido significa, tal cual, pérdida de la memoria.

Ni política, ni ética, ni históricamente se justifica allanar camino a la impunidad con perdón y olvido.

El autor es economista y analista político.

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