Régimen de Daniel Ortega condena a los nicaragüenses a pensiones de miseria

Con la nueva reforma los nicaragüenses deberán trabajar más años para conseguir menos, el 70 por ciento de su salario como pensión.

LAPRENSA/S.RUIZ

A partir de este 1 de febrero, cuando entre en vigencia la draconiana reforma a la seguridad social impuesta por el régimen de Daniel Ortega, los nicaragüenses deberán trabajar más años para conseguir menos, el 70 por ciento de su salario como pensión.

Lo anterior como consecuencia de la decisión del ejecutivo de modificar a la baja las principales variables de la fórmula que se utiliza para calcular las nuevas pensiones.

Para dar una idea, hasta hoy un trabajador requería de 2,080 semanas cotizadas para obtener el 80 por ciento de su salario como pensión de vejez, que era lo máximo permitido por ley. Esto equivalía a que un trabajador debía luchar por mantenerse activo en el mercado formal al menos cuarenta años antes de arribar a los sesenta años, que es la edad de jubilación en Nicaragua.

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Ahora tras las medidas anunciadas esta semana por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), además de obtener una pensión más achicada, los nicaragüenses deberán cotizar 2,756 semanas para conseguir el 70 por ciento del salario como pensión.

Lo anterior equivale a 53 años de trabajo en el mercado formal, es decir 13 años más que antes de la actual reforma, lo que deja al descubierto lo que hay detrás del discurso oficial, que asegura que esta reforma protege el derecho y bienestar de los trabajadores nicaragüenses.

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), en su cuenta de Twitter describe así a las nuevas pensiones: “Si antes las pensiones eran de hambre, ahora serán de miseria con la nueva fórmula. Una verdadera injusticia para aquellos que cotizaron toda una vida esperando seguridad económica en la vejez. Pasarán sus años de retiro en la miseria y hambre”.

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El planteamiento de Chamorro no está divorciado de la realidad del mercado laboral en Nicaragua, dado a que para cualquier nicaragüense mantenerse activo en la formalidad es un desafío con el que se debe lidiar a diario.

INSS revela desbarajuste del mercado laboral

Las mismas cifras del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) revelan que siete de cada diez nicaragüenses que se afilian cada año no logran mantenerse en la formalidad y cotizar las 52 semanas.

En el 2017, según el anuario estadístico del INSS, el más actualizado, de los 1.24 millones de nicaragüenses que durante ese año se registraron para cotizar, solo 475,130 (el 38 por ciento del total) lograron entre cincuenta y 52 semanas.

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Peor aún, de ese bolsón de cotizantes activos en todo el año, 281,272 trabajadores apenas lograron cotizar entre una y diez semanas, es decir el 23 por ciento del total.

En 2013, cuando se impulsó una reforma paramétrica al decreto de la Ley de Seguridad Social y se prometía que el INSS iba a sobrevivir más allá del año 2034, el asesor para asuntos económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, con cifras de 2012 admitió esa distorsión del mercado laboral y reconoció que urgía aumentar la capacidad de retención de afiliados.

Pese a ello aumentaron las semanas cotizables requeridas para alcanzar el 80 por ciento del salario como pensión de treinta a cuarenta años, mediante cambios también a la fórmula de cálculo de las nuevas pensiones.

Nada ha cambiado

Cinco años después, es decir de 2012 a 2017, los números sobre retención de afiliados en el INSS ha variado poco o nada. En el 2012, según el anuario estadístico, de 980,251 personas que se inscribieron al INSS, el 36.5 por ciento logró las 52 semanas.

Eso refleja la imposibilidad que tendrán los nicaragüenses para cotizar las 2,756 semanas que se necesitan para conseguir el 70 por ciento del salario promedio de los últimos siete años de vida laboral, como pensión.

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Y es que el régimen también se ensañó con los futuros pensionados, a quienes ahora les tomará como referencia para calcular su pensión el salario de los últimos siete años, en lugar de los cinco años como hasta ahora se hacía. Eso pese a que una gran mayoría de los salarios de los nicaragüenses no gozan de mantenimiento de valor, por lo que cada año se devalúan 5 por ciento.

En caso de que un trabajador solo logre cotizar las 750 semanas que por ley se requieren, obtendrá una pensión excesivamente raquítica (un poco más del 20 por ciento del salario base). Antes de esta reforma era entre el 37 y 45 por ciento.

Rechazan reforma

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en un comunicado este martes rechazó las medidas de ajustes en la seguridad social.

“En relación a las modificaciones al INSS, vienen por una resolución administrativa, la cual es ilegal, al suplantar atribuciones reservadas a la Asamblea Nacional de crear o modificar tributos”, indica.

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“En temas de fondo, las modificaciones al INSS reducen considerablemente las futuras pensiones”, agrega.

Además señala que “al aumentar las cotizaciones, aumentará el desempleo”.

El régimen ordenó aumentar el aporte de los trabajadores (de 6.25 a 7 por ciento) y de la patronal (desde 19 hasta 22.5 por ciento), así como retocar por segunda vez en casi cinco años desde la última modificación de la fórmula de cálculo de las nuevas pensiones.

LA PRENSA/Uriel Molina

“Las medidas son sólo parches de corto plazo a problemas más de fondo. Estas medidas van en contra del bienestar de los más pobres, la generación de empleos y la atracción de inversiones que tanto necesita el país”, según la Alianza, que “reitera que la solución a los problemas nacionales radica en la reanudación del Diálogo Nacional que atienda la actual crisis sociopolítica que atraviesa el país. Cualquier medida económica será inútil y estéril si primero no se resuelve la problemática política”.

El silencio del INSS

El presidente ejecutivo del INSS, el capitán en retiro Roberto López, se negó ayer a responder cuántos años de sostenibilidad financiera tendrá la institución con la reforma a la seguridad social que están imponiendo. López se sumó este martes a las consultas sobre las propuestas de medidas fiscales también de la dictadura, que están discutiéndose en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional.

Otro que prefirió callar sobre las brutales reformas al INSS fue el diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez. “Consideramos que ese tipo de planteamientos y respuestas debe hacerlos el jefe de la institución”, dijo Gutiérrez ayer tirándole la papa caliente a López.

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Las fuertes reformas a la seguridad social fueron avaladas por el presidente de la Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), Leonardo Torres, y el de la Asociación de Comerciantes de Mercados de Nicaragua (Acmnic), Jorge González, quienes repitieron el discurso de los funcionarios del régimen de que las medidas se necesitan para dar sostenibilidad financiera al INSS.

“Es fundamental hacerlas. El Fondo Monetario Internacional lo dijo a finales del 2017, dijo que había que reformar el Seguro Social y que revisar las exoneraciones y exenciones fiscales”, refirió Torres.

Reforma es “aberración social”

La diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Azucena Castillo, dijo que las reformas del régimen “son una aberración social”, por cuanto cotizarán más empresarios y trabajadores, el nuevo jubilado recibirá hasta un 30 por ciento menos de pensión de la que le correspondería, pero también porque “la carga más pesada recaerá en el 40 por ciento de los cotizantes con un mejor salario”.

Castillo, exministra de Comercio, afirmó que en la reunión López les dijo que en la práctica “la nueva base de cálculo de las pensiones a quienes se les aplicará es al 40 por ciento de la población” que cotiza al INSS, “que es la tiene salarios mayores, porque dicen que el otro 60 por ciento gana muy poco y no les pueden ‘rebajar’ ese 30 por ciento de su monto de pensión porque entonces quedarían debajo del salario mínimo”.

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