La Asamblea Nacional aprobará este viernes las reformas fiscales del régimen de Daniel Ortega, a pesar de las advertencias del sector privado de que con ello se acelerará la catástrofe económica del país.
Los pocos representantes de empresas que asistieron a la “consulta” sobre la propuesta de reforma fiscal reiteraron en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional que lo primero que debe resolverse es la crisis sociopolítica del país, que llega a los 287 días, y que si se insiste en imponer las reformas solo profundizarán la caída del consumo, el cierre de más empresas y el desempleo.
La consecuencia será que empeorará la recesión económica. Donald Tuckler, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos (Anapa), afirmó que en la Comisión Económica se les insistió a los diputados en que siendo un poder político “lleven el mensaje a las autoridades” del régimen de Ortega que la imposición de las medidas fiscales y de la seguridad social solo dañará más al país.
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“Les hemos pedido que esta reforma no sea aprobada. No es el momento oportuno. La reforma tributaria es parte de una solución mucho más amplia y debe de verse así, y esperar que hayan condiciones”, dijo Tuckler.
El representante de Anapa insistió en que la solución de la crisis económica pasa por un acuerdo político entre el régimen orteguista y el resto de la sociedad sobre el tema institucional.
“La normalidad no ha retornado al país y los distintos sectores se los hemos trasladado así a los diputados, de que lo que estamos viviendo económicamente son resultados de decisiones políticas y si se implementan estas reformas el impacto será mayor”, afirmó Tuckler.
La dictadura no escucha las advertencias. El presidente del Legislativo, el orteguista Gustavo Porras, convocó a los diputados a sesión plenaria mañana 1 de febrero a las 9:00 a.m. para aprobar la iniciativa de reforma a la Ley de Concertación Tributaria.
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La urgencia del régimen por obtener oxígeno financiero al consumar sus draconianas medidas fiscales —consideradas una revancha contra el empresariado y la población que han apoyado las protestas contra Ortega— es evidente en que en menos de una semana los diputados aprobarán el paquete fiscal enviado por el Ejecutivo.
Con el paquetazo económico el régimen pretende recaudar 10,168.6 millones de córdobas (equivalentes a unos 317 millones de dólares) en 2019 gracias al aumento de las tasas impositivas, reducción de exoneraciones al sector empresarial, así como de los consumidores, a quienes se les comenzará a cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en una serie de productos que no están incluidos en la canasta básica.
Pérdidas
“Se está creando por un lado mayor costo para el consumidor en el acceso de bienes y alimentos básicos, pero también aumento de costos en la producción de estos bienes, y cuando se juntan estas condiciones de encarecimiento la predicción es negativa para el país, para el ambiente de negocios y para el entorno de cualquier gobierno”, reiteró Tuckler.
Desempleo e inestabilidad
El sector de producción de carne de pollo y huevos cerró el año pasado con una caída del 20 por ciento, producto de la reducción de la capacidad de compra de los nicaragüenses debido al desempleo como efecto de la inestabilidad política.
Tuckler desmintió la versión de la dictadura de que sus reformas no afectan la canasta básica, pues explicó que en la Ley Tributaria se deroga el inciso 17 del artículo 127 de las exenciones a los insumos, bienes intermedios y de producción de alimentos, afectando a la industria de carne de pollo cuyo efecto es encarecer los costos de producción que al final pagan los consumidores.
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Además, dijo, “cuando grava” con el IVA cortes del pollo “del que se originan otros cortes que son los incluidos en la canasta básica, indirectamente se encarece ese producto” de la cesta.
Inversión peligra
Los representantes de las empresas mineras también rechazan la reforma fiscal, por poner en riesgo la sostenibilidad de las inversiones en Nicaragua.
Omar Vega, director país de B2Gold —propietaria de las mineras Limón y La Libertad—, explicó que de aplicarles la reforma, el impuesto actual por derecho de exploración y explotación, que es del 3 por ciento, subiría al 5 por ciento.
Además en el pago mínimo definitivo del IR las mineras se ubican como grandes contribuyentes, por lo que su carga sube del 1 al 3 por ciento. “Las minas en Nicaragua no tienen gran competitividad a nivel mundial y mantener el sector operando requiere de bastante inversión, y la reforma (fiscal) puede ahuyentar la inversión”, afirmó Vega al salir de la reunión con los legisladores orteguistas.
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Vega dijo que la carga de impuestos se les duplica. “Esto el sector minero no está en capacidad de asumir”, aseveró. Solo B2Gold genera 1,500 empleos directos e indirectamente otra cantidad similar.