Nicaragüenses pagarán la corrupción orteguista en el Instituto Nicaragüense de Seguro Social

Desde 2007, cuando Daniel Ortega inició su segunda etapa al mando del país, la presidencia ejecutiva del INSS permanece en manos del médico y capitán en retiro del Ejército, Roberto López Gómez

El Presupuesto 2019 indica que el INSS cerrará este año con el déficit de 8,771.8 millones de córdobas. LAPRENSA/ARCHIVO

Los nicaragüenses asumirán con la actual reforma a la seguridad social el costo de la corrupción que en los últimos 11 años se ha visto envuelto el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), advirtieron especialistas.

La situación empeora porque, pese a lo doloroso que es el actual ajuste para los trabajadores y empresarios —peor que lo contemplado en abril de 2018 y que luego se derogó—, esta vez tampoco se abordó de fondo cómo se corregirán los malos manejos financieros en la entidad, la cual ha utilizado los fondos de los cotizantes, por ejemplo, para financiar inversiones de allegados al partido de Gobierno, según ha destapado LA PRENSA y otros medios independientes.

“Esta resolución del INSS, afirmando que buscan un ‘balance financiero’, es el resultado de un catastrófico manejo de las finanzas del INSS. ¿Quiénes son los que han desequilibrado las finanzas del INSS? ¿Cómo fue que saltaron en mil pedazos las inversiones del INSS?”, planteó el especialista en Seguridad Social, José Dolores Gómez, al referirse a la draconiana reforma que a partir de este 1 de febrero entra en vigencia.

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El pasado 28 de enero, el consejo directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social aprobó un paquete de reformas al reglamento de la Ley de Seguridad Social, en el que ordenó aumentar el aporte de los trabajadores y empresas, así como modificar la fórmula de cálculo de las nuevas pensiones, entre otras.

La reforma —en su esencia severa— hace caer en más de 30 por ciento las nuevas pensiones, amplía el período de referencia salarial de cinco a siete años para calcular la pensión y obliga a trabajar durante 53 años para obtener ahora el 70 por ciento del salario base como pensión.

Pero en ninguna parte de la reforma, al igual que la aplicada en 2013 y la que se intentó implementar en abril de 2018, se aborda una de las raíces del problema: los malos manejos administrativos y de las inversiones.

Desde 2007, cuando Daniel Ortega inició su segunda etapa al mando del país, la presidencia ejecutiva del INSS permanece en manos del médico y capitán en retiro del Ejército, Roberto López Gómez.

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López fue propuesto para el cargo por la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), organización sindical que desde 1984 es presidida por el polémico diputado y actual presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
A la administración de López se le atribuye un fuerte incremento en los gastos operativos de la institución, lo que ha contribuido a la crisis financiera que enfrenta la entidad. Además, se le señala la poca transparencia con las inversiones.

López, el mismo que ahora aprueba otro paquete de reformas, huye cada vez que es abordado por la prensa independiente. En la actual reforma tampoco ha querido brindar una explicación a fondo sobre cuántos años de vida dará la medida inconsulta.

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Durante una reunión en la Comisión de Economía, Presupuesto y Producción de la Asamblea Nacional, el pasado miércoles López no le respondió a los diputados sobre la extensión de la sostenibilidad del INSS ni qué hará para reducir gastos administrativos.

López se justifica

La diputada liberal Azucena Castillo, miembro de dicha comisión, relató lo que López respondió a su consulta. “Me dijo que todas son reformas que le dan un compás de espera para no expirar. Él (López) no dice cuánto tiempo le dan de sostenibilidad al INSS, yo le planteé que porque mejor no se hacía un análisis más amplio en donde se tomen en cuenta el tema de reducir el gasto administrativo y la transparencia sobre las inversiones, pero él solo dijo que ningún instituto de seguridad social en el mundo tiene esa estabilidad, porque todos son deficitarios”, afirmó.

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Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industria de Nicaragua y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), admitió que mientras no hayan cambios en la administración de los fondos de los cotizantes la posibilidad de sacar a flote al instituto será baja.

“Ahí han hecho un montón de cosas que se han venido diciendo desde hace rato, aumento de personal, no hubo nunca recorte de gastos, nunca se entregó una auditoría”, aseveró.

Cuando Ortega recibió el INSS en 2007, el instituto acumuló 1,691 millones de córdobas en superávit y con una planilla laboral de 1,543 trabajadores, de los cuales solo 89 devengaban salarios superiores a veinte mil córdobas mensuales.

En el 2018, hasta noviembre el déficit financiero superaba los 2,878 millones de córdobas. En el 2017 —el dato más actualizado— la planilla era de 4,060 personas, de las cuales 2,654 devengan salarios superiores los veinte mil córdobas mensuales.

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Róger Murillo, exgerente de Estudios Actuariales en la Superintendencia de Pensiones y del INSS, afirmó que las actuales reformas deben ser rechazadas mientras no se impulsen cambios en la administración del instituto.

“Si se publicaran los estados financieros auditados, por lo menos nos daremos cuenta en dónde están los problemas del Seguro. Nos daríamos cuenta cómo mueven los fondos, cómo se hacen las inversiones, cuánto se gana de intereses por cada inversión. En los estados financieros se sabe quién debe, cuánto debe, todo eso está ahí, pero no se publican”, explicó.

Lo que dijo el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió en su reporte completo sobre la Consulta del Artículo IV de 2017 de las inversiones en bienes raíces realizadas por el INSS.

Entonces, sugirió reglamentar las inversiones porque estas eran de alto riesgo e improductivas. El año pasado, entre enero y noviembre, los ingresos por inversiones cayeron 22.4 por ciento al solo captarse 416.4 millones de córdobas.