Rosario Murillo quiere un régimen impune en Nicaragua

En la "Ley de Reconciliación Nacional", el régimen Ortega-Murillo, excluye a las víctimas de la represión. Esto no pasa por un verdadero proceso en búsqueda de la verdad, asegura experto en derechos humanos, Uriel Pineda.

Durante la represión orteguista, al menos 500 nicvara niños fueron asesinados. LA Prensa/MANUEL ESQUIVEL

Con la aprobación de la “Ley de Reconciliación Nacional”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le preocupa que como uno de los efectos de esta dificulte esclarecer la verdad respecto a las violaciones de derechos humanos.

Dicha Ley excluye a las víctimas, y todo proceso en búsqueda de la verdad debe considerarlas, explicó el especialista en derechos humanos, Uriel Pineda.

La ley, cuya promotora principal es la vicepresidenta designada, Rosario Murillo, señala una serie de acciones que promueven el diálogo, la reconciliación y paz. Todo esto en medio de ciudades colmadas de agentes policiales y una ola de detenciones ilegales.

Para Pineda, el hecho que la CIDH considere que dicha Ley “no se ajusta a los estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación”, se refiere a que lejos de esclarecer los hechos que sucedieron en el país, podrían entorpecer el proceso con todo el control institucional que el régimen tiene con el efecto que nunca se aclaren.

El especialista explicó que un proceso integral de reconciliación lo primero que implica es esclarecer la verdad, y esta tiene dos dimensiones; la primera, referida a una perspectiva individual de acceso a la justicia por parte de los familiares de las víctimas.

La segunda es, desde una perspectiva colectiva, tomando en consideración las violaciones graves que han sucedido en el país, dijo. Ambos aspectos no son considerados en la Ley que fue aprobada por la aplanadora orteguista el pasado 24 de enero.

“Esta política (Ley) de reconciliación es cualquier cosa menos un instrumento que permita la reconstrucción del tejido social, osea, que sepamos qué pasó y que ayude a determinar las responsabilidades de quiénes participaron en estos temas”, expresó.

En Nicaragua hubo crímenes de lesa humanidad, aseguró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los cuales deben ser investigados.

La comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua y Encargada de la Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia, en el comunicado emitido por la CIDH, expresó que “ninguna política estatal sobre diálogo, paz y reconciliación puede omitir a las víctimas, sin incumplir seriamente sus obligaciones internacionales de derechos humanos”.

Presos políticos

En la Ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo, y paz no solo se excluye a las víctimas de la represión, el régimen tampoco reconoce a los presos políticos.

Pineda explica que el régimen los excluye porque sabe que al admitir la existencia de los reos políticos también asume la responsabilidad. A la mayoría de los acusados le acuñan el delito de terrorismo.

Buscar la justicia

Más de 320 personas se convirtieron en víctimas de la represión orteguista, dichos casos aún siguen en la impunidad. Margarette May Macaulay, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un comunicado, señaló que “Nicaragua enfrenta el desafío urgente de superar la impunidad de los casos de graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el país, la ley- Ley de Reconciliación Nacional- recientemente aprobada no contribuye con este fin”.

Las autoridades del Estado están obligadas a adoptar todas las medidas necesarias para facilitar el acceso a las víctimas para denunciar las violaciones, dijo.

 

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presos políticos se estima que están en las cárceles del país, según el Comité Pro Libertad de Presos Políticos. Varios de estos casos, están en El Chipote, y no han sido acusados ante un juez.