La niñez de Nicaragua vuelve a vestirse de azul y blanco este lunes con el inicio del curso escolar 2019. Un nuevo ciclo que —según especialistas en Educación— implica grandes desafíos, tanto para los estudiantes que serán sometidos a la nueva ley de “reconciliación” como para las familias que deben asumir los múltiples gastos del regreso a clases, pues contrario al discurso del régimen, en Nicaragua la educación no es completamente gratis.
Según el Ministerio de Educación (Mined), este lunes ingresarán a la escuela 1.7 millones de estudiantes, una matrícula igual a la del año 2018 cuando no se había generado la brutal represión del régimen de Daniel Ortega que dejó una estela de muerte, dolor y exilio.
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La ola migratoria se dirigió a países vecinos, por lo que especialistas en Educación desconfían de que la cifra de matrícula escolar se corresponda con la realidad de Nicaragua.
Efecto de la represión
El director del Foro de Educación y Desarrollo Humano (FEDH), Jorge Mendoza, explicó que “si en años anteriores veníamos señalando que la matrícula estaba estancada, este año hay una cantidad importante de estudiantes —particularmente de secundaria— que no entraron a la escuela, esto porque sus padres no los dejaron estudiar o porque se encuentran exiliados”.
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Para Mendoza, quien también es vocero de la Coordinadora de la Niñez (Codeni), los adolescentes son los que más abandonaron la escuela y señaló que las estadísticas del Mined no se corresponden con la realidad que se vive en el país, tomando en consideración que los estudiantes se han retirado hasta en los colegios privados.
“Ellos quieren imponer una normalidad que no existe, pero creo que es inadmisible, si se precian de ser un ministerio serio y que la educación es una prioridad del Gobierno, creo que deberían ser más responsables con esto de las estadísticas”, explicó Mendoza.
La Ley de reconciliación
Otro aspecto que preocupa a los expertos en este regreso a clases es la implementación de la “Ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz”. Tal como explica el exministro de Educación, Carlos Tünnermann, esta ley faculta a la Policía Orteguista (PO) a llegar a los colegios sin importar el trauma que esa misma institución ha causado en la comunidad estudiantil.
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“La Policía va a tener a su cargo ir a las escuelas a hablar sobre cultura de diálogo, paz y también de ideales solidarios y socialistas. Me parece que no cabe que de esas funciones se encargue la Policía… esa atribución que se les está dando es absurda, además que es una institución que en los estudiantes causa temor, por todo lo que ha sucedido en estos meses”, aseveró Tünnermann.
Además de temor, la Policía también causa rechazo dentro de la comunidad estudiantil, muestra de ello fue que al finalizar el curso escolar 2018 afuera del Colegio República de Argentina, en Managua, una adolescente lanzó una pedrada a un oficial y este a su vez apuntó con su arma de reglamento a la menor.
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El regreso a clases se produce en un contexto económico bastante negativo, cuando muchos padres de familia están desempleados, el régimen amenaza con aumentar los tributos al 70 por ciento de los productos de la canasta básica y, aunque los útiles escolares están exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), estos productos tienen costos elevados que deben ser asumidos.
Ambos expertos coinciden en que más allá de la retórica del régimen orteguista, la educación no es completamente gratis en el país y el regreso a clases implica muchos gastos que deben asumirse sin demora.