El cierre del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) no solo es una agresión a un organismo de derechos humanos, sino a la sociedad, que ya no puede contar con ese tipo de instancias en medio de un contexto de violación de derechos humanos, explicó la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
A este organismo le fue arrebatada su personería jurídica en diciembre y actualmente sigue ocupado por agentes de la Policía Orteguista. El Cenidh era una de las organizaciones donde acudía la población para denunciar y obtener acompañamiento legal en sus respectivos casos de violaciones de derechos humanos.
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Núñez destacó que desde el inicio de la crisis sociopolítica recibieron cinco mil denuncias y tramitaron 72 medidas cautelares que beneficiaron a 317 personas.
Pese a que actualmente no tienen su personalidad jurídica, mantienen coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni); instancias que siguen monitoreando la situación de derechos humanos fuera del país, ya que fueron expulsadas en diciembre por el régimen orteguista.
La defensora explicó que el cierre del Cenidh es una muestra de “perversidad” y que lo más grave que puede cometer un gobierno, cuando se violan los derechos humanos, es el cierre de este tipo de organizaciones, ya que no habrá ninguna posibilidad de contar con estas, que funcionan como intermediarias y brindan acompañamiento a las víctimas en su defensa.
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“El Cenidh es y seguirá siendo, hasta que se pueda, un instrumento de lucha del pueblo de Nicaragua, así lo veíamos nosotros. Era la gente la que sabía que el Cenidh era la herramienta con la que contaban para exigir sus derechos”, expresó Núñez.
A su salida del país, Ana María Tello, coordinadora del Meseni de la CIDH, explicó que la población siente una profunda sensación de indefensión y son pocos los lugares en los que confía.
Esto tomando en consideración que el Cenidh fue clausurado mediante la cancelación de su personería y que las misiones de organizaciones internacionales que estaban en el país fueron expulsadas.
CPDH sigue denunciando
Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), recordó que como organización fueron los primeros en enarbolar la defensa de los derechos humanos y ahora son los últimos que siguen en esa tarea. Esta organización nació en 1973, dijo.
Cuevas explicó que la institución valoró como un abuso la cancelación de personería jurídica a diferentes organizaciones, entre estas, el Cenidh; fueron nueve en total.
Siempre han existido organizaciones y nunca había pasado esto, explicó Cuevas. A la vez, consideró que existe un mensaje de intolerancia por parte del “gobierno”, ya que no tolera que haya una voz discordante a la línea oficial.
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Actualmente, la CPDH es la única organización de derechos humanos a la que acude la población para denunciar las violaciones a sus derechos humanos, en el contexto de la crisis sociopolítica que este 18 de febrero arriba a su décimo mes.
Incluso, en los momentos más álgidos de las protestas, dicha organización estableció una móvil para brindar asesoramiento a las madres que llegaban a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote, en búsqueda de sus hijos o familiares que habían sido secuestrados por paramilitares o por la Policía Orteguista.
“Estamos trabajando en este momento solos frente al abuso”, expresó Cuevas. Explicó que están jugando su rol como defensores de derechos humanos, lo que también implica la atención a otras personas ante la ausencia de otras organizaciones.
Cabe mencionar que el abogado Julio Montenegro se ha convertido en el defensor de varios de los presos políticos. Montenegro es una voz que ha permitido conocer múltiples abusos de los que han sido víctimas los presos políticos del régimen.
Terribles violaciones
Uno de los hechos más contundentes contra el régimen de Daniel Ortega es que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló que en los hechos de violencia del 18 de abril al 30 de mayo pasados se cometieron crímenes de lesa humanidad, y recomendó investigar al mismo Ortega y a la cúpula de la Policía Orteguista.
Señaló que a la represión con armas de fuego que provocó un baño de sangre (109 muertos en ese período de investigación) le siguió una política de “detención arbitraria e ilegítima”. De los más de 1,400 heridos, al menos 599 fueron por herida de arma de fuego, señalaron los expertos en el documento.