El panorama internacional se le ha complicado a la dictadura, pero allí al menos podría aducir que no tiene control: su socio estratégico en Centroamérica, el FMLN ha caído al tercer lugar aplastado por una montaña de votos tanto de Nayib Bukele de Gana, electo presidente de El Salvador, como Carlos Calleja de Arena, que quedó en segundo lugar.
El otro socio estratégico, el dictador Nicolás Maduro, se tambalea en Venezuela ante el reconocimiento de la Unión Europea y la mayoría de las democracias del mundo, de que la única autoridad legítima en ese país es el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado Juan Guaidó.
La decisión multilateral de entregar ayuda humanitaria en Venezuela plantea otro reto a la dictadura: si es rechazada con violencia, será tomado como un acto de guerra por los países que conforman este contingente de ayuda humanitaria y si es permitido su ingreso será un reconocimiento a la legitimidad de Juan Guaidó.
Ante este panorama internacional, agravado con la expulsión del FSLN de la Internacional Socialista, la dictadura Ortega-Murillo ha anunciado una reforma fiscal confiscatoria y ha puesto en marcha una reforma inconsulta al INSS, mucho más grave que la que originó la crisis sociopolítica de abril. Tal como lo han señalado prominentes economistas como Néstor Avendaño y José Adán Aguerri, presidente del Cosep, esta reforma fiscal aplicada en una economía en franca recesión económica, no es otra cosa que un golpe de gracia para la frágil economía nacional.
¿Por qué optar por una medicina que a la postre podría resultar más grave que la enfermedad y matar al paciente?
Este es el costo político que la dictadura está dispuesta a pagar por no querer buscar una salida negociada a la crisis sociopolítica. Al igual que en Venezuela, el país necesita un gobierno legítimo y eso solo se logra anticipando las elecciones para que sea el soberano el que decida, libremente, quién tiene esa legitimidad.
Tal como lo ha señalado el Cosep, la reforma fiscal es el golpe de gracia a la economía del país, que ya está moribunda, ya que los principales resultados de la misma serán: mayor desempleo, encarecimiento de todos los productos básicos, menor competitividad de las industrias y exportaciones, y mayor informalidad de la economía. Se trata de una reforma confiscatoria, porque le quiere quitar al pueblo lo que no tiene. Es falso que solo los “ricos” serán afectados y es falso que los pequeños productores y comerciantes no serán afectados y tal como lo han señalado los economistas, no puede haber un peor momento para hacerlo: es un golpe de gracia a la economía.
La dictadura ha decidido no dialogar y no recortar gastos en el Gobierno central para no pagar el costo político de lanzar al desempleo a sus seguidores y en su lugar ha decidido meterle la mano en el lánguido bolsillo al pueblo nicaragüense. Veremos cómo le va con esta “estrategia”.
El autor es periodista, exministro y exdiputado.