Dictadura disfraza venta de sus títulos y crea bonos de compensación

Dictadura disfraza venta de sus títulos y crea bonos de compensación

El régimen espera recaudar en el primer año de la reforma fiscal 10,168 millones de córdobas

06/02/2019

Desde su llegada al poder en 2007 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha actuado con dureza con aquellos militantes que han cometido graves errores políticos, o aquellos a quienes han calificado de traidores. Estos son algunos casos. LA PRENSA/TOMADA DEL 19 DIGITAL

Ante la imposibilidad de colocar una gran cantidad de títulos valores para financiar el gasto público, como consecuencia de la creciente desconfianza en la economía, el régimen de Daniel Ortega pretende disfrazar la venta de estos instrumentos financieros mediante la entrega de bonos de compensación a las empresas por el impacto que estas van a sufrir en sus finanzas por la “confiscatoria” reforma fiscal que se está “cocinando” en la Asamblea Nacional y los efectos del ajuste en la seguridad social, concluyeron este martes analistas.

El régimen espera recaudar en el primer año de la reforma fiscal 10,168 millones de córdobas, que es similar a los 11,264 millones de córdobas que plantea colocar este año en títulos, según recoge la programación de la financiación del déficit público 2019.

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La semana pasada el régimen de Daniel Ortega sorprendió a la empresa privada con un paquete de reformas fiscales y de la seguridad social, en la que incluyó entregar dos tipos de bonos de compensación a las empresas grandes y medianas que, al aprobarse, deberán enterar al Fisco por adelanto una mayor alícuota mensual del anticipo del Impuesto sobre la Renta.

La alícuota del IR subirá de 1 por ciento que hasta hoy se paga a entre 2 y 3 por ciento, según el tamaño de la empresa. Y el aporte a la seguridad social de la patronal de 19 a entre 21.5 y 22.5 por ciento.

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En una comparecencia relámpago, el titular de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, explicó que estos bonos serán entregados basado en la cuantía en la que se aumentó la carga a las empresas.

Estos bonos será “transables, un bono que va a tener toda norma y los procedimientos que establece el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene dos bonos circulando, el bono del pago de indemnización y el bono de la República. Va a ser un bono con rendimiento, transable y de fácil colocación o intercambio en el mercado”, explicó Acosta.

Los analistas apuntan que estos bonos vendrán a abultar la deuda pública porque al final a las empresas cuando hagan el cierre fiscal les saldrán excesivos saldos a favor, que el régimen tendrá que devolver, pero los hará con estos bonos.

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), lo explica así: “Van a quedar saldos a favor del sector privado de manera fuerte, porque vas a adelantar mucha más plata, entonces en vez de devolverte el dinero te van a dar unos papeles que en el mercado van a valer muy poco”.

Chamorro sostuvo que con la iniciativa estarían reconociendo que el impacto del aumento del anticipo será mayor de lo que se les tiene que pagar “y segundo, su intención es colocar esos papeles para no pagar, esos papeles van a valer poco, va a ser bien difícil transarlos en el mercado, lo que están haciendo es conseguir liquidez a toda costa con esta medida recaudatoria”.

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Los números publicados por la Bolsa de Valores en enero de este año confirman lo planteado por Chamorro. En enero las transacciones cayeron a niveles no vistos en años. El principal cliente de la Bolsa de Valores es el Estado como emisor y los tenedores de esos papeles son los bancos, principalmente, que en este momento han frenado todo tipo de inversión con el fin de tener suficiente liquidez para hacer frente a la salida de depósitos del público.

Según cifras del mercado bursátil, en enero de este año se transaron 655 millones de córdobas en títulos valores, cantidad mínima al compararla con los 14,383 millones de córdobas en igual mes el año pasado.

Le quita liquidez a la empresa privada

Un economista, que prefirió no citar su nombre, comentó que estos títulos de valor lo que buscan es quitar liquidez a las empresas para que las finanzas públicas se oxigenen a través de un aumento en la carga fiscal.

“Por ejemplo, los bonos de pago por indemnización (BPI) son diferentes porque se originaron con otra causa, a raíz de la piñata, esos bonos fueron de lago plazo y estos son de corto plazo, lo que están haciendo es como una especie de factoraje, el problema es quién va a comprar en la Bolsa de Valores estos bonos, si el mercado de la Bolsa de Valores sufrió una fuerte contracción”, planteó.

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De igual forma, el economista Alejandro Aráuz considera que esta es la forma que encontró el Gobierno para colocar los títulos, a los que aún no logra encontrarles compradores.

“Desde el punto de vista legal y jurídico no pueden decirte no te pago porque es inconstitucional, yo te lo voy a reconocer pero no monetariamente, te lo voy a reconocer con títulos, entonces obliga al sector empresarial a comprar los bonos, porque nadie los quiere comprar”, sostuvo Aráuz.

Los quieren forzar a ir a la “consulta”

El presidente de la Comisión Económica del Legislativo, Wálmaro Gutiérrez, dijo ayer que si los empresarios quieren conocer el mecanismo de cómo funcionarán los bonos y títulos de compensación por la retención del pago mínimo del IR y por el aumento de la cuota patronal al INSS, deben participar en la “consulta” sobre las reformas que se está desarrollando en la Asamblea Nacional.

“Si quieren entenderlo con todo gusto los recibo en las consultas”, expresó Gutiérrez, quien se negó a responder a LA PRENSA si esos nuevos títulos representan más deuda pública.

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Los bonos solo se entregarán entre 2019 y el 2020, aunque en el segundo año de aplicación el bono será por el valor de la retención del 1 por ciento del IR en general.

Navarro admite que bonos abultarán deuda pública

Quien sí reconoció que estos bonos y certificados son un nuevo mecanismo de endeudamiento público fue el también orteguista y miembro de la Comisión Económica, Wilfredo Navarro.

“Es deuda del Estado porque es el Ministerio de Hacienda quien los va a dar, pero estos bonos van a paliar el supuesto impacto que recibirán las empresas” en su liquidez, aseguró Navarro.

El diputado restó importancia a que las empresas no consigan venderlos en el mercado de valores o en transacciones privadas para obtener la liquidez que perderán por pagarle más impuestos al régimen, pues dijo que “esto es cuestión de oferta y demanda”.

El orteguista Navarro refirió que el régimen “tiene un año para pagar” esos bonos, pues “es una especie de financiamiento a mediano plazo”.

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Azucena Castillo, diputada liberal y también miembro de la Comisión Económica, advirtió que los nuevos bonos estatales “son fuentes de mayor incertidumbre” para el sector privado “porque no te está diciendo el Gobierno cómo los vas a respaldar”.

“Esos bonos no podrán ser deducibles y hasta que haya dinero en el Gobierno se los van a reponer a las empresas, entonces son un mecanismo que no atrae a los empresarios porque les estás quitando liquidez con el aumento del porcentaje de la retención del IR y además estás mermando su ganancia en momentos de una fuerte crisis económica”, confió Castillo.

La legisladora augura que se trate de otra medida “fracasada” que la dictadura orteguista busca imponer en materia económica al negarse a entender que mientras no se solucione la crisis sociopolítica, no regresará la confianza de los agentes económicos nacionales e inversionistas extranjeros.

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“Aquí no han aclarado cómo se respaldarán esos bonos y esa credibilidad a esos bonos, o a los 105 millones de euros (para financiar el hueco presupuestario) o cualquier instrumento que en este momento se saque, porque la credibilidad hacia el Gobierno está dañada y mientras el pueblo no recobre la confianza, ninguna política económica del Gobierno tendrá un efecto positivo”, afirmó Castillo.

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