La semana pasada se difundió ampliamente en las redes sociales, un video en el cual una exministra de Gobernación orteguista revela —o confirma— que en Nicaragua hay espionaje político militar y policial.
En el video, que al parecer se filmó para consumo político particular pero de alguna manera fue filtrado a las redes sociales, la exministra exhorta a cooperar con los espías policiales y militares y brindarles toda la información que requieran, pues según ella trabajan para defender al régimen orteguista que está tan amenazado como el de Venezuela.
Tanto la Policía como el Ejército rechazaron categóricamente lo que dijo la exministra en el video, calificándolo como información falsa o manipulada. Pero la verdad es que se necesitaría ser extremadamente ingenuo para creer que no hay espionaje político en Nicaragua, sobre todo ahora que abiertamente se ha impuesto un represivo Estado policiaco.
Desde el año 2007, cuando Daniel Ortega recuperó el poder y comenzó a restaurar la dictadura, existe en la sociedad la sospecha y el temor de que el espionaje político fue reactivado, a pesar de que está prohibido expresamente por la Constitución a partir de la reforma constitucional democrática de 1995.
El espionaje político es un componente esencial del sistema de seguridad del Estado, que usan los regímenes autoritarios y totalitarios para vigilar a la gente y controlar y reprimir a las personas y movimientos opositores. En los regímenes autoritarios y totalitarios el espionaje político es indispensable para asegurar su seguridad y permanencia en el poder. La dictadura comunista de Cuba está en el poder desde hace sesenta años, precisamente porque no permite ninguna clase de libertades y ejerce un control intimidatorio y represivo absoluto sobre la población.
Se conoce que la KGB soviética y la Stasi de Alemania comunista, como eran llamados los cuerpos de seguridad del Estado de ambos países totalitarios, establecieron el procedimiento de controlar y someter a la población teniendo por lo menos un informante en cada cuadra de las ciudades y un oficial de inteligencia o contrainteligencia por cada 50 mil habitantes. Este procedimiento se aplica en Cuba hasta ahora, según el periodista y escritor de origen cubano Carlos Alberto Montaner.
Ahora bien, los oficiales de inteligencia o contrainteligencia no hacen su trabajo sucio de manera aislada. Cada uno de ellos recibe información de los comités de base del régimen (llámense CDR, CDS o CPC), que vigilan a los vecinos e incluso se espían entre ellos mismos.
“Nadie puede escapar a su lupa. Nadie carece de un expediente político. Nadie está exento de un funcionario que revisa periódicamente la ficha del ciudadano más inofensivo… Y ese nadie incluye a los menores, pues el expediente ‘acumulativo’ comienza en el momento en que el niño es matriculado en la escuela”, ha escrito Montaner refiriéndose a Cuba.
Probablemente así es en Nicaragua, aunque sin la perfección perversa del sistema cubano.