Reformas del INSS van contra la Constitución de Nicaragua y Cosep alista recurso legal

Cosep y el PLC, por separados, recurrirán contra reformas del INSS impuestas por la dictadura de Daniel Ortega

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El presidente del INSS, Roberto López y el diputado Wálmaro Gutiérrez dirigieron la “consulta” del paquetazo fiscal. LA PRENSA/ U. MOLINA

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) presentará en los próximos días un recurso por inconstitucionalidad en contra de las reformas unilaterales impuestas por la dictadura orteguista en materia de seguridad social, informaron fuentes empresariales.

Una acción legal similar también alista el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), anunció el diputado Jimmy Blandón.

El vicepresidente del Cosep, Sergio Maltez, explicó a LA PRENSA que el equipo legal prepara el recurso por inconstitucionalidad contra las reformas a la seguridad social, que se pusieron en marcha el 1 de febrero, a pesar de no haberlas consultado con el sector privado y la población.

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Aunque el sector privado está claro que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) responde a los lineamientos del régimen de Daniel Ortega, Maltez dijo que agotarán las vías legales por cuanto están convencidos de que las medidas inconsultas a la seguridad social agravan la crisis económica en Nicaragua.

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“(Son inconstitucionales) porque van en contra del artículo 114 de la Constitución, porque se tratan de reformas confiscatorias, porque estás mermando más allá de lo que puede contribuir el empleador y el mismo trabajador”, refirió Maltez.

El artículo 114 constitucional establece que la Asamblea Nacional es a la que le “corresponde exclusivamente y de forma indelegable” la potestad de crear, aprobar, modificar o suprimir tributos. Y en su segundo párrafo de ese mismo artículo “prohíben los tributos o impuestos de carácter confiscatorio”.

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Los ajustes a la seguridad social fueron decididos unilateralmente por el consejo directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), reformando el reglamento de la Ley de Seguridad Social. Esta acción fue validada por el dictador Daniel Ortega con el decreto presidencial 06-2019, publicado en La Gaceta, diario oficial, el reciente 1 de febrero.

Estas son las reformas al Seguro Social en Nicaragua impuestas por la dictadura de Daniel Ortega. LA PRENSA/ Mario Rueda
Estas son las reformas al Seguro Social en Nicaragua (INSS) impuestas por la dictadura de Daniel Ortega. LA PRENSA/ Mario Rueda

Este 15 de febrero más de 750 mil cotizantes verán reducir su salario, tras el aumento de 0.75 punto porcentual de su aporte, el que pasará de 6.25 a 7 por ciento. Mientras el sector empresarial formal deberá pagar hasta 3.5 puntos porcentuales más en su contribución este año, el que se incrementará sin gradualidad de 19 a 22.5 por ciento.

No obstante, la mayor estocada está en el cambio en la fórmula que se utiliza para calcular las pensiones que, según estimaciones de economistas independientes y de las cámaras gremiales, caerán más del 30 por ciento con respecto a antes de la reforma.

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Detonante de la crisis

Sergio Maltez, vicepresidente del Cosep, criticó que la dictadura imponga su paquete de medidas a la seguridad social sin importar que la mayoría de los nicaragüenses ya expresaron en las calles su rechazo a las mismas desde abril del año pasado, cuando el régimen las intentó aplicar de forma fallida.

“Estas medidas fueron el causante de todo lo que fue la protesta (ciudadana) y después vinieron todos los asesinatos por la represión” del régimen, recordó Maltez.

Las reformas al INSS fueron el detonante de que en abril del 2018 miles de nicaragüenses se manifestaran en contra, a lo que el régimen respondió con una brutal represión que ha dejado más de 325 muertos.

Recurso del PLC

El jefe de la bancada del PLC, Jimmy Blandón, dijo que presentará esta semana el recurso por inconstitucionalidad en contra de las reformas a la seguridad social por considerar que violan una serie de principios constitucionales.

“Todos los afiliados antes del 1 de febrero del 2019 tienen derechos que no pueden ser arbitrariamente derogados por un decreto ejecutivo, no se puede derogar una norma constitucional con un decreto, el Estado está en la obligación de mejorar el Régimen de Seguridad Social y le tiene prohibido por ley realizar un retroceso en perjuicio de los cotizantes”, dijo Blandón.

El Estado debe regular la seguridad social como un bien social y no como un medio de política económica financiera para obtener ingresos a costa de la vulneración de los derechos humanos de los cotizantes”, Jimmy Blandón, jefe  de bancada del PLC.