Editorial | La imposible reconciliación

La imposible reconciliación

Con el régimen orteguista no puede haber reconciliación. Sin democratización es imposible que los nicaragüenses se puedan reconciliar

07/02/2019
juicios

Desde la oposición se critica la ley de reconciliación nacional aprobada por el régimen orteguista el 24 de enero pasado, partiendo del criterio de que la reconciliación no se impone por ley ni desde arriba, sino que es resultado de un largo proceso histórico, social, político y moral.

Esto es cierto. La reconciliación solo puede ser posible como consecuencia de una compleja interacción política de buena fe, con objetivos claros y concertados de las partes que han sido divididas y enfrentadas en graves conflictos políticos y desgarramientos sociales.

Para que haya reconciliación primero se debe resolver el conflicto que ha causado la fractura de la sociedad. Es decir, hay que comenzar por remover la dictadura que se ha impuesto por medio del fraude y la fuerza bruta de la represión contra los ciudadanos.

Pero es obvio que a Daniel Ortega y Rosario Murillo no les interesa realmente la reconciliación de los nicaragüenses; su objetivo es perpetuarse en el poder para lo cual pretenden someter y silenciar a la gente que quiere libertad y democracia y lucha por ellas.

Defensores de los derechos humanos, juristas independientes y analistas políticos democráticos dijeron en LA PRENSA del 11 de enero pasado, que con la ley de supuesta reconciliación nacional el régimen orteguista se propone institucionalizar “el control político y el adoctrinamiento partidario en el ámbito de la familia, de las escuelas, los barrios e incluso de las iglesias con la imposición de su modelo de ‘cultura de paz y reconciliación’”.

Peor todavía, con esta ley perversa la dictadura legaliza y pone bajo la dirección de la Policía orteguista una red de espionaje político en los barrios y comarcas, centros escolares y lugares de trabajo, y hasta en el último rincón del país, similar a los mecanismos de control político que funcionan en Venezuela y Cuba.

Someter a las personas que tienen criterio propio, denunciar a los que disienten y critican al régimen, evitar las protestas y que se organicen grupos y movimientos de oposición, vigilar e intimidar a la gente que se manifestó contra la dictadura en las marchas autoconvocadas del año pasado, ese es el objetivo fundamental del orteguismo con su falaz “Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz”. Además, creen que de esa manera pueden inculcar e imponer a todos los nicaragüenses la ideología del socialismo tal como lo conciben Ortega y Murillo.

Quieren que nadie piense distinto ni exprese libremente sus opiniones.

Con el régimen orteguista no puede haber reconciliación. Sin democratización es imposible que los nicaragüenses se puedan reconciliar. Para que haya reconciliación es necesario democratizar el país y que el partido orteguista compita por el poder en igualdad de condiciones con los demás partidos.

El diálogo nacional que demanda la sociedad y respalda la comunidad internacional, no es para reconciliar a nadie sino acordar la democratización comenzando con elecciones libres en las que se respete el voto de los ciudadanos. A partir de allí la reconciliación vendría por añadidura.

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