La pena de cárcel para Lula se duplica.
La Justicia de Brasil condenó este miércoles al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel por un nuevo caso de corrupción y lavado de dinero, una sentencia similar a la que ya arrastra desde su apelación el pasado año y que ahora doblará su tiempo en la cárcel.
- El expresidente de Brasil Lula da Silva, condenado a 9 años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero
- El expresidente de Brasil Lula da Silva se entrega a la policía para cumplir la condena de cárcel por corrupción
El exmandatario fue declarado culpable por un tribunal en la ciudad sureña de Curitiba por aceptar trabajos de renovación en una casa de campo a cargo de compañías que establecieron contratos amañados con la petrolera estatal Petrobras durante su gobierno.
La jueza federal Gabriela Hardt consideró que el exmandatario se benefició de las obras por cerca de US$271.000 que tres empresas (Odebrecht, OAS y Schain) hicieron en una residencia en Atibaia, en el interior de Sao Paulo.
Aunque Lula no es el propietario dela casa (está a nombre de su amigo el empresario Fernando Bittar), la Justicia dictaminó que el expresidente se benefició ilegalmente de las remodelaciones por parte de empresas que fueron favorecidas durante su mandato.
Lula, que presidió Brasil entre 2003 y 2010, ya cumple otra sentencia desde el pasado abril por otro caso de corrupción, después de que la Justicia diera por comprobado que recibió un apartamento en una playa de Sao Paulo a cambio de sobornos.
El exgobernate, de 73 años, siempre negó los cargos en su contra y se considera víctima de una caza de brujas. Ahora tiene derecho a apelar la sentencia.
El Partido de los Trabajadores también asegura que su líder “sufre una persecución judicial sin paralelo”.
“Lava Jato”
La sentencia de este miércoles es la última de las múltiples emitidas en el marco del escándalo desatado en torno a la petrolera estatal Petrobras y que comenzó casi por casualidad en una gasolinera de Brasilia.
Fue en marzo de 2014, cuando la Policía Federal descubrió que, además de las bombas de combustible, el minimercado y la cafetería, en la estación había una casa de cambio que se usaba para lavar dinero.
Poco después se descubrió la relación de la trama con Petrobras.
Y más tarde, a cambio de beneficios penales, algunos de los que ya estaban siendo acusados empezaron a delatar a otros implicados.
El escándalo fue salpicando a autoridades y empresarios hasta provocar uno de los mayores terremotos políticos del país.
Los fiscales denunciaron que las principales empresas constructoras de Brasil, incluidas gigantes como Odebrecht o Camargo Corrêa, habían formado un cartel para repartirse contratos multimillonarios de Petrobras.
A cambio pagaban sobornos a directores de la petrolera y a medio centenar de políticos de diferentes agrupaciones, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y aliados.
El dinero desviado, que oscilaba entre 1% y 3% del valor de los contratos con Petrobras, iba a compañías de fachada que los disfrazaban como pagos por consultorías.
Así, una operación contra el lavado de dinero que se llamó “Lava Jato” -que en portugués significa “autolavado” aunque en la gasolinera de Brasilia nadie lavaba autos-, acaba de resultar en la condena de quien fuera uno de los políticos más populares del mundo.
El juez que lo sentenció la primera vez, Sergio Moro, es ahora Ministro de Justicia del nuevo presidente Jair Bolsonaro.
Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
https://www.youtube.com/watch?v=rUrDvYJtKPU