CIDH admite caso de reelección ilegal del dictador Daniel Ortega

La denuncia fue realizada por el entonces candidato opositor Fabio Gadea Mantilla, días antes de las elecciones, según el informe número 179/18, que fue divulgado esta semana

En 2011 el CSE escribió en piedra la reelección inconstitucional de Daniel Ortega. LA PRENSA/ ARCHIVO/Uriel Molina

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia contra Daniel Ortega por haberse presentado como candidato a los comicios presidenciales de 2011, violando la prohibición expresa de la Constitución de Nicaragua.

Aunque la decisión de apenas admitir el caso llega más de siete años después del hecho, para analistas y políticos esto representa una oportunidad para demostrar la “ilegitimidad de origen” de las continuas reelecciones de Ortega.

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La denuncia fue realizada por el entonces candidato opositor Fabio Gadea Mantilla el 5 de octubre de 2011, días antes de las elecciones, según el informe número 179/18, que fue divulgado esta semana, aunque aparece fechado desde el 26 de diciembre pasado.

“La admisión en la Comisión es el primer paso. Si pasa a la Corte (Interamericana) y esta falla de conformidad, sería un severo golpe al caudillismo”, explicó Edmundo Jarquín, quien entonces fue candidato a vicepresidente de
Gadea.

La información sobre la decisión de admisión de la denuncia fue publicada inicialmente en su cuenta de Twitter por el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga (2001-2002), quien comparó el caso de Ortega con el de Evo Morales, otro mandatario que insiste en reelegirse, pese a haber perdido una consulta popular sobre el tema en su país.

La denuncia de Gadea

Según el documento, Gadea Mantilla, entonces candidato de la Alianza Partido Liberal Independiente, afirmó que hubo “violación de sus derechos políticos y del principio de legalidad” al permitir al sandinista presentarse para un tercer mandato.

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Ortega gobernó el país entre 1984 y 1990 en un período convulso, marcado por la guerra civil, la intervención extranjera y por el autoritarismo de la clase gobernante.

El caudillo retomó el ejecutivo en 2007 tras 16 años en la oposición, durante este tiempo fraguó alianzas con sectores que adversó en los años ochenta y mantuvo una actuación agresiva contra los gobiernos de turno a través de los sindicatos y organizaciones populares controladas por el sandinismo.

Instalado en el poder, sin embargo, la continuidad en el mismo tenía un enorme obstáculo por lo que dictaba la Constitución desde 1995.

La Constitución prohibía en su artículo 147 la reelección para un segundo período y también para aquellos que ya hubieran ejercido la primera magistratura en dos ocasiones, como era el caso de Ortega.

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Hoy sigue en el poder y es denunciado por graves violaciones a derechos humanos desde abril pasado, cuando el Estado reprimió a la ciudadanía por salir a manifestarse contra la dictadura, dejando un saldo de al menos 325 fallecidos.

La candidatura de Ortega

Para lograr su reelección, Ortega se apoyó en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, bajo control de magistrados de su partido, quienes declararon inaplicable el artículo 147 y permitieron la reelección presidencial.

Sobre esta sentencia en enero pasado, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, antiguo operador político del régimen y hoy en el exilio, dijo que la misma fue “un error”.

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Para el exdiputado opositor Eliseo Núñez, solo el hecho de que sea admitido el caso en la CIDH implica que hay suficiente evidencia como para que exista la posibilidad de llevarlo ante la Corte Interamericana, radicada en Costa Rica.

Debate sobre legitimidad

Según Núñez, el caso versa sobre la ilegitimidad de origen de Ortega y deja como inválidas las actuaciones posteriores como las reformas constitucionales, en las cuales en 2013 y 2014 —ya controlando el Parlamento tras unos comicios denunciados como fraudulentos— borró cualquier prohibición que le impidiera la continuidad en el poder ejecutivo.

“Ya esto empieza a discutirse en tribunales internacionales si es legítima o ilegítima la presidencia de Daniel Ortega, electo en 2011. No hay una decisión, pero empieza a discutirse”, afirmó Núñez.

No es derecho humano

El tema de la reelección presidencial ya ha sido abordado por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) al momento que la Comisión de Venecia emitió un informe sobre el tema en abril de 2018.

“La reelección no es un derecho humano”, dijo entonces el secretario general Luis Almagro.

Irregularidades a granel

El excandidato a vicepresidente de Gadea, Edmundo Jarquín, recordó que en 2011 las irregularidades marcaron la jornada electoral.

El propio día de la elección el jefe de la Misión de la OEA, el excanciller argentino Dante Caputo, dijo que le habían tapado el radar y se habían quedado sin posibilidad de saber qué estaba pasando. “No habían dejado entrar a los observadores de la OEA a un número tan grande de centros de votación, que no podría decir de que las elecciones de 2011 fueron observadas por la OEA”, contó Jarquín.

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También el jefe de la Misión de Observación de la Unión Europea, el europarlamentario español Luis Yáñez, dijo que los resultados de esa elección “eran imposible de verificar”.

“Ortega obtuvo mayoría calificada en la AN (Asamblea Nacional), y con base en esa mayoría fraudulenta reformó la Constitución para establecer la reelección indefinida y nombrar a su esposa vicepresidenta. Hay una ilegalidad e ilegitimidad de origen de la actual presidencia Ortega-Murillo”, reiteró Jarquín.

El caso de Bolivia

Lo que se resuelva sobre la reelección de Daniel Ortega podría sentar jurisprudencia, dice el exdiputado opositor Eliseo Núñez, y mencionó la situación del actual mandatario de Bolivia, Evo Morales, quien está en el poder desde el 22 de enero de 2006.
“El de Evo Morales (Presidencia de Bolivia) es igual, porque alega que (la reelección) es un derecho humano”, adujo.