Madres de nicaragüenses asesinados durante los acontecimientos violentos del año pasado, y de presos políticos víctimas de la represión de la dictadura, reaccionaron con muestras de dolor e indignación ante las declaraciones del jefe de la Policía, Francisco Díaz, a un medio de comunicación de Noruega.
Díaz aseguró en esas declaraciones que las personas muertas por la represión andaban armadas y drogadas, lo que para las madres de las víctimas y defensores de los derechos humanos y civiles es absurdo y sobre todo ofensivo a la memoria de las víctimas.
Pero en su declaración al medio noruego, el jefe policial también confirma lo que han informado los organismos internacionales de derechos humanos sobre la actuación de la Policía y las bandas paramilitares o parapoliciales en la represión armada contra los ciudadanos autoconvocados. Según Díaz, los policías uniformados eran apoyados por policías voluntarios, aunque “muchos de ellos que andaban de civil no eran policías voluntarios, sino que policías nuestros”.
Las declaraciones del jefe de la Policía Orteguista podrían o deberían ser un elemento probatorio contra el régimen orteguista en un juicio internacional por crímenes de lesa humanidad, como lo han propuesto miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) que investigó los sucesos violentos ocurridos en el período del 18 de abril al 30 de mayo de 2018.
Según los organismos internacionales de derechos humanos, esos crímenes no podrían ser investigados ni juzgados en Nicaragua porque aquí no hay justicia independiente y el país ni siquiera es parte del Estatuto de Roma que determina las competencias de la Corte Penal Internacional. Pero sí podrían ser juzgados en países que reconocen el principio de jurisdicción universal, porque los crímenes de lesa humanidad son universales y por lo tanto no solo la Corte Penal Internacional los puede juzgar, sino también países que han adoptado ese principio, como España y Alemania en Europa y Argentina en América Latina.
De acuerdo con este criterio, Claudia Paz y Paz, de Guatemala y Amerigo Incalcaterra, de Italia, quienes fueron miembros del GIEI, exhortaron a los países que reconocen la jurisdicción universal a que inicien procesos judiciales contra el régimen de Nicaragua. “Cuando ciertas conductas pueden ser constitutivas de crímenes de lesa humanidad ya no es un asunto nacional, sino que es un asunto que interesa a la comunidad internacional en su conjunto”, dijo Paz y Paz a LA PRENSA en una declaración publicada el 7 de enero pasado.
Cabe mencionar que también la carta de renuncia del exmagistrado orteguista Rafael Solís y sus declaraciones posteriores, así como el testimonio de la exsecretaria política del FSLN en el Banco Central, Ligia Gómez, podrían ser considerados como elementos de prueba en un posible juicio contra la dictadura de Daniel Ortega, por la grave acusación de haber cometido crímenes de lesa humanidad.