Más de la mitad (67) del total de las medidas cautelares (120) que otorgó en 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estuvieron destinadas a Nicaragua, eso refleja la grave crisis de derechos humanos que enfrenta el país, dijeron defensores.
La CIDH expuso, por medio de un comunicado, que durante el 2018 recibió la cifra histórica de 1, 618 solicitudes de medidas cautelares. Se otorgaron 120 en total, cuya cifra es el mayor número que han sido aprobadas en un año.
Un gran número de las medidas otorgadas fueron adoptadas en relación a la crisis sociopolítica en Nicaragua, especificó en su comunicado que publicó este jueves.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), explicó que las medidas cautelares son un mecanismo de protección que aplica la CIDH a solicitud de las partes, cuando las autoridades nacionales no protegen a las personas, y más bien las persiguen.
Es un mecanismo supletorio de las responsabilidades que tienen los Estados, dijo. Sin embargo, en Nicaragua, desde la llegada del régimen de Daniel Ortega, no se respetan estas medidas.
Esto es una muestra más de la falta de cumplimiento del régimen a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, especificó.
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Respaldan a una persona en riesgo
La violencia desatada por el régimen de Daniel Ortega contra el pueblo insurrecto que sigue demandando su salida del poder, ha provocado que muchas personas se sientan en riesgo, y varias de ellas hayan sido beneficiadas con medidas cautelares.
Núñez explicó que las medidas funcionan cuando otros derechos humanos están en riesgo, como el derecho a la salud, lo cual pone en riesgo la vida de la persona, por ello, varios presos políticos han sido beneficiados con estas.
Aunque pareciera que contar con este beneficio en el país no funciona en términos prácticos, la defensora explica que permiten avalar la denuncia de una personas que asegura estar en riesgo, y al otorgarle la medida implica que la CIDH le brinda un respaldo a su situación.
La Comisión dijo que, en general, se otorgaron medidas a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, personas desplazadas forzadamente, privados de libertad, migrantes, entre otros.
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Beneficiados
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó que varias de las solicitudes de medidas cautelares se hicieron durante sus visitas in loco. Algunas de las personas beneficiadas con estas medidas en Nicaragua son Amaya Eva Coppenss Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Tania Verónica Muñoz Pavón, Solange Centeno Peña, María Dilia Peralta Serrato, Irlanda Undina Jerez Barrera y Nelly Marilí Roque Ordoñez, todas ellas presas políticas del régimen de Daniel Ortega. También el padre Edwin Román y el defensor de derechos humanos, Álvaro Leiva, tienen medidas cautelares.
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Solo en democracia
Uriel Pineda, experto en derechos humanos, explicó que las medidas cautelares tienen eficacia en la medida que existe un gobierno democrático, es decir, un país que tenga compromisos reales y que respete las recomendaciones sobre la protección de derechos humanos. “El régimen Ortega-Murillo no ha mostrado interés alguno en respetar los estándares internacionales, en cumplir los compromisos internacionales que tiene Nicaragua en materia de derechos humanos”, dijo.