Según el título de este artículo, podría haberse publicado en 2011, antes de las elecciones generales de ese año. Pero los antecedentes de la decisión que esta semana tomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ayudan a explicar la crisis que estalló en abril de 2018, y tienen implicancias para el futuro, según veremos a continuación.
Explico antes la decisión: la CIDH admitió la denuncia que interpuso Fabio Gadea Mantilla como candidato presidencial de la Alianza PLI, en que se aglutinó toda la oposición, para oponerse a la reelección de Daniel Ortega en 2011. La candidatura de Ortega fue autorizada por el Consejo Supremo Electoral (controlado por Ortega), con base en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (también controlada por Ortega), pese a la prohibición que establecía la Constitución. Recuérdese que Ortega enfrentaba entonces una doble prohibición: ser candidato en un período sucesivo, y ser candidato por tercera vez.
Las elecciones de 2011 tuvieron tal nivel de irregularidades y de violencia por las fuerzas de choque del orteguismo que la misión de observación de la Unión Europea dijo que los resultados eran imposibles de verificar, y muchos recordarán que el jefe de la Misión de Observación de la OEA, Dante Caputo, compareció señalando el propio día de las elecciones que se habían quedado sin capacidad de saber qué estaba ocurriendo, pues le habían “tapado el radar”. En esas elecciones Ortega se otorgó mayoría calificada en la Asamblea Nacional y reformó la Constitución, autorizando la reelección indefinida y a su esposa de vicepresidenta, configurando pretensiones dinásticas.
Obviamente, Fabio y yo, que era su candidato a vicepresidente, no ocupamos el escaño de diputado que según la Constitución nos correspondía por quedar en “segundo lugar” en las elecciones. Pero estuvimos de acuerdo en que los diputados de nuestra fórmula asumieran sus escaños para denunciar desde la Asamblea los atropellos, hasta que, previo a las elecciones generales de 2016, les cancelaron el nombramiento, como también impidieron toda participación de la oposición.
La exclusión de 2016 no era nueva. Desde 2008 el MRS había sido despojado de personería jurídica, y poco antes el dirigente Eduardo Montealegre de la propia ALN. Y después, Eduardo fue despojado de otra personería (PLI).
La decisión de la CIDH cuestiona la legalidad y legitimidad de origen de la presidencia de Ortega y su esposa, y tiene consecuencias para otros países, entre ellos Bolivia donde Evo Morales perdió un referendo que lo autorizaría. El cierre de oportunidades democráticas ayuda a explicar la crisis de abril. Y hacia el futuro, no tengo la menor duda que la oposición, unificada electoralmente en el pasado, también se unificará. Por eso Ortega teme las elecciones, y está tomando decisiones que profundizan la crisis.
El autor fue candidato a la Presidencia de Nicaragua.