Crisis provocará más despidos en 22 actividades económicas de Nicaragua

Entre las empresas que contemplan despedir están en la industria de carne de pollo y huevo, distribuidores de vehículos, industria textil y confección, sector de energía, sector pesquero, hoteles y restaurantes

Si en 2018 unas 453 mil personas fueron despedidas o suspendidas de sus empleos como consecuencia de la recesión económica originada por la represión estatal, en el 2019 el panorama es menos alentador. Y es que al menos 22 actividades económicas, de 27 que monitorea el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), confirmaron que continuarán despidiendo este año ante la profundización de la crisis económica.

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Las empresas de la mayoría de las actividades económicas están pesimistas ante la negativa del régimen de Daniel Ortega a una salida institucional a la crisis sociopolítica, que lleva más de nueve meses en Nicaragua.

Esto es parte del análisis de la información obtenida a través de una encuesta a empresas de 27 sectores claves, la cual se aplicó antes que se anunciara el paquetazo fiscal y las brutales medidas en la seguridad social impuestas por el régimen para oxigenar sus debilitadas finanzas.

El Cuarto Monitoreo de las Actividades Económicas de Nicaragua (MAEN) sobre las proyecciones en 2019 fue presentado y realizado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

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Las empresas que contemplan despedir están en la industria de carne de pollo y huevo, distribuidores de vehículos, formulación y distribuidores de agroquímicos, industria textil y confección, acopio de leche, producción de frijol, cacao, palma africana, comercio y servicios, sector de energía, sector pesquero, hoteles y restaurantes, turoperadoras, exportadores de café, reforestadores, agencias de publicidad, bebidas alcohólicas, distribuidores de equipos médicos y productos de consumo masivo.

En los sectores de producción de plátano, de la industria de carne de res, azúcar y cemento fue donde se respondió que no contemplaban hacer despidos este año.

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José Adán Aguerri y Guillermo Jacoby, presidente y vicepresidente del Cosep, respectivamente, insistieron en que sin un diálogo entre el régimen de Ortega y los diferentes sectores de la sociedad civil, empresariales, campesinos, estudiantes y políticos que ponga fin a la crisis institucional, se profundizará la recesión económica.

“Si hubiera una señal distinta, una posición del Gobierno de que efectivamente va a responder a las demandas que se han planteado sobre justicia, democracia, elecciones creíbles, elecciones adelantadas, etcétera, entonces eso por supuesto va a tener un impacto en la dinámica económica”, dijo Aguerri.

Sin embargo, Jacoby no descartó que los cuatro sectores que no contemplaban despidos cambien de opinión debido a que cuando se hizo la encuesta el régimen no había anunciado su paquetazo fiscal ni la reforma a la seguridad social que imponen mayor pago de impuestos, reducen las exoneraciones y los incentivos a la exportación, lo cual “daña severamente la competitividad de las empresas”, dijo.

Las estimaciones sobre cuántos puestos de trabajo se podrían perder en 2019 se harán con base a la encuesta a las empresas en febrero, cuando incorporen el impacto de las medidas tributarias y a la seguridad social del régimen de Ortega.

Aguerri dijo que el año pasado “vimos un tsunami que afectaba a la mitad de la isla”, porque la crisis económica se sufrió principalmente en el mercado interno.

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Las urbanizadoras del segmento medio y alto, las turoperadoras, y grandes hoteles cerraron con una caída de ventas entre el 70 y 80 por ciento; mientras los distribuidores de vehículos, restaurantes, venta de viviendas de interés social y comercio y servicios registraron una merma de 40 a 57 por ciento. En esas actividades fue donde hubo más despedidos.

Aguerri afirmó que en 2019 la recesión económica se agudiza, lo que causará un “segundo tsunami” de desempleo por el cierre de más empresas o la reducción de operaciones para intentar enfrentar la reducción del consumo y aumento de costos.

Eso sucedería porque el mercado interno seguirá deprimido, a lo que se sumaría la reducción de la actividad exportadora por las medidas fiscales que encarecerían la oferta de los productos.

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Ante esto, los compradores internacionales reaccionarían reduciendo los contratos de compra.

Cosep y Funides estiman que como efecto de las reformas confiscatorias la tasa efectiva a pagar por el Impuesto sobre la Renta (IR) de las empresas pasará del 30 a entre 60 y 76 por ciento.

Para hacer frente al incremento de los costos operativos las empresas forzadamente aumentarían el precio de bienes y servicios, lo que impactará en los hogares, que reducirán su poder adquisitivo ante el estancamiento de los salarios y un mayor desempleo.

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