El martirio de buscar un abogado para los presos políticos en el sistema judicial orteguista

Familiares no confían en defensores públicos por estar con la dictadura, y abogados privados temen hacerse de los casos por temor a represalias

presos políticos

LA PRENSA/O.Navarrete

Garantizar una buena defensa a los reos políticos sigue siendo un desafío para los familiares, según declaraciones de madres y miembros del Comité pro Libertad de Presos Políticos.

La primera dificultad de los familiares es buscar un abogado confiable, pues la mayoría de ellos no confían en los que impone la Defensoría Pública.

Por otro lado, los abogados privados que podrían llevar los casos deciden no hacerlo por temor a represalias, según explican las madres de los reos políticos.

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LA PRENSA conoció casos de familiares que consiguieron defensores en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), entre otras organizaciones, o abogados “ad honorem” que llevan los casos de los reos políticos de forma gratuita. Sin embargo, las organizaciones han sido rebasadas por la cantidad de presos y existen abogados que brindan su servicio gratis, pero llevan más de cinco casos cada uno.

Costos

“Hay abogados que son gratuitos, pero piden para costear papelería e impresiones, pero los familiares no tienen dinero ni siquiera para costear eso”, dice Leyda Gadea, familiar de Tobías Gadea, un preso político de Estelí.

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“Si a la mayoría de los familiares se les dificulta llevar paquetería y trasladarse en los días de visita, menos que tengan dinero para un abogado”, agregó.

Elisa Silva, hermana de Carlos Silva, basquetbolista apresado por protestar, dijo que su abogado Vladimir Miranda no les cobra porque es su amigo desde la infancia.

“Si hubiéramos tenido que pagar un abogado, no tendríamos. Solo en honorario se irían miles de córdobas, y no confiamos en un defensor público porque puede estar confabulado con el régimen”, agrega Elisa.

Sugey Ríos, madre de Ulises Toval, dijo que un abogado privado le pidió tres mil dólares por llevar el caso de su hijo. “Primero fui a la CPDH y después una señora me dijo sobre otro abogado que no cobraba. Es por eso que mi hijo tiene defensa”, añadió.

«Ni con el mejor abogado”

Leyda Gadea, familiar de Tobías Gadea, asegura que los familiares como ella están conscientes de que aunque consiguieran al “mejor abogado del mundo” de “nada nos serviría, pues la sentencia ya viene desde El Carmen”.

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Sin embargo, debido a la falta de una defensoría justa, existen casos de presos que tienen semanas de estar detenidos y no se llevan a juicio, o muchos otros esperan una apelación.

Esperanza Moreno, madre de Allan Deney Moreno, dijo que es difícil que los abogados quieran llevar estos casos. “Muchos me dijeron que eran peligrosos y nos cobraban exageradamente… Esto ha sido difícil porque los mismos abogados nos han dicho que no hay forma de ganar, pero que es necesario que los sigan defendiendo”, agregó.

Abultados números

La Comisión de Verificación y Seguridad de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, hasta el 8 de enero del 2019, contabilizaba a 77 personas en la Dirección de Auxilio Judicial. Otras 42 están en estaciones de policías departamentales y distritales en condiciones similares al Chipote. Unas 449 están en el Sistema Penitenciario Nacional, mientras que 114 fueron condenadas. Otras 23 enfrentan procesos políticos de libertad provisional, y 149 personas fueron denunciadas como secuestradas, pero no hay constancia de su ubicación real.

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