El tema sobre la Nicaragua que deseamos construir tras la dictadura está demandando, como ha sugerido Francisco Larios, una discusión “entre la mayor cantidad posible de ciudadanos, para que luego no sean unos pocos los que en secreto conspirativo decidan por los demás”.
Uno de los temas básicos a discutir serán las reglas básicas del juego que deben regir la política y la economía. En gran medida el éxito de cualquier país está ligado a la capacidad de forjar un consenso mínimo alrededor de ellas.
Uno de los mejores ejemplos lo proporciona Chile. Desde la caída de Pinochet ha tenido muchos cambios de gobierno, pero todos, a pesar de sus distintos matices, han respetado dos principios fundamentales: la democracia representativa y la economía de mercado. Esto ha dado a Chile continuidad, estabilidad, y un progreso envidiable.
Lástima, como observó Andrés Oppenheimer, que en muchos otros países latinoamericanos haya sido tan frecuente la manía fatal de querer “refundar” una y otra vez sus naciones, imponiendo nuevas reglas del juego que no suelen ser ni sabias, ni consensuadas, pero sí causantes de grandes fracasos.
En el caso de Nicaragua es importante reconocer que, desde 1990 hasta inicios del 2018, se forjó un amplio consenso nacional en lo económico. Prácticamente todos los sectores políticos coincidieron en considerar al sector privado como el motor principal de la economía, en que era básico mantener la estabilidad macroeconómica, no permitiendo la emisión de dinero sin respaldo y controlando el déficit fiscal, que era igualmente importante proteger la propiedad privada, el libre cambio, y el libre comercio. Ortega le añadió otro elemento positivo: que convenía mantener una estrecha colaboración y búsqueda de consensos entre gobierno y empresarios. Estos consensos nos valieron veinticinco años de buen crecimiento. Es por eso importante que, sin ocultar sus imperfecciones, los apreciemos y conservemos para el futuro. Gran calamidad sería que mentalidades populistas quisiesen regresarnos al estado interventor, hostil al sector privado, que tanto daño ha hecho.
Lo que falló y quedó pendiente es que no se llegó a un consenso sobre la parte política. Aunque la democracia representativa fue el modelo oficialmente adoptado desde 1990, Ortega, y parte del FSLN, nunca dejó de admirar secretamente la dictadura castrista con su desprecio por el pluripartidismo y el Estado de derecho. En consecuencia, fue desmontando la incipiente institucionalidad democrática y precipitó la terrible crisis actual. Si queremos una Nicaragua estable y próspera será necesario forjar un consenso que asegure una democracia verdadera; una dotada de mecanismos eficaces para evitar la concentración del poder, los fraudes electorales, y el caudillismo; una que sea enseñada en todos los niveles educativos y que sea amada y defendida por todos los nicaragüenses.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.