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CONTENIDO EXCLUSIVO.Había disfrutado la nochevieja junto a su esposo en la casa de unos amigos de ambos y Griselda Hernández Suazo, de 35 años, pidió prestado un cuarto para ir a descansar. Cuando estaba dormida, ya en los primeros minutos de 2019, Róger Briones Cruz le asestó cuatro balazos en el pecho y abdomen, más uno en el brazo.
El femicidio ocurrió en el barrio Rufino López de la ciudad de Matiguás, cabecera del municipio homónimo, donde trascendió que, antes de disparar, el hombre, de 40 años, había pretendido revisar el celular de Hernández. Como no pudo desbloquearlo, decidió matarla. Huyó y sigue prófugo.
Incluyendo a Hernández, 22 personas han sido víctimas de crímenes violentos este año en Matagalpa y Jinotega, departamentos que, hasta 1891, fueron una misma circunscripción política y que comparten muchas similitudes geográficas, históricas y culturales, pero también el incremento de la violencia, principalmente en sus productivas montañas donde, desde 2014 hasta 2017, ocurrieron al menos 503 crímenes de etiología homicida, según los anuarios estadísticos de la Policía. La cifra pudo ser mayor, considerando que en ese período hubo 893 casos de lesiones graves.
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Las 14 muertes violentas que van este año en Jinotega y las 8 en Matagalpa, duplican la media mensual acumulada de ambos departamentos entre 2014 y 2017; aunque, en el caso de Matagalpa, la de este año es ligeramente superior a la registrada en 2016, cuando ocurrieron al menos siete crímenes por mes en esa jurisdicción que, policialmente, comprende también a los municipios de Paiwas, en el Caribe Sur y Waslala, en el Caribe Norte.
Para la socióloga y especialista en temas de seguridad pública, Elvira Cuadra, “en periodos de crisis como la que vive Nicaragua (desde abril de 2018), tienden a incrementarse los hechos de violencia y la delincuencia común. En ello intervienen factores como el uso de violencia de parte de la Policía, la permisividad y alta violencia con que han actuado los grupos paraestatales y el hecho que la Policía está más enfocada en contener la crisis política que en sus funciones habituales relacionadas con la prevención y control del delito común”.
Con ese criterio coincide Magaly Quintana, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, quien considera que, debido a la crisis, el país “está viviendo una violencia generalizada en la que los agresores en general, contra hombres y mujeres, sienten que no hay una institucionalidad… por otro lado tenemos que ver la cantidad de gente que ahora anda armada, que la misma Policía les entregó armas, entonces al sentir que no hay institucionalidad, esa gente se siente con el derecho de quitarle la vida a cualquiera”.
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El femicidio en perjuicio de Hernández en Matiguás, la madrugada del 1 de enero, marcó el violento inicio de 2019.
La tarde del mismo día, en el empalme El Hatillo, del municipio de Sébaco, Matagalpa; ocurrió el homicidio del comerciante y productor Uriel Arnulfo Velásquez Tercero, víctima de aproximadamente 15 sujetos que se movilizaban en ocho motos y lo balearon frente a su esposa y sus hijos de 10, 8 y 3 años.
Afectaciones a la niñez y adolescencia
Como en ese caso, la niñez y adolescencia ha sido víctima directa e indirecta de los crímenes violentos. Al adolescente Elkin Eliel Tercero González, de 16 años, lo hallaron muerto el 4 de enero con un balazo en el abdomen, en una comunidad de Waslala. En ese mismo municipio, dos hombres —que están siendo procesados— mataron de un balazo en la cabeza a Martina García Lanzas, sin importar que ella estaba con su hija de ocho años, la madrugada del 2 de enero.
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El 17 de enero, en El Cuá, departamento de Jinotega, unos desconocidos mataron a balazos al comerciante de café José Esteban Pao Rugama, quien estaba con su esposa y cinco hijos, tres de estos menores de edad.
En el caso del productor Velásquez Tercero, tres hombres fueron acusados por la Fiscalía y solo Freddy Francisco Velásquez Meneses está siendo procesado por homicidio. Los demás siguen prófugos.
“Estas personas nos rodearon la camioneta y lo mataron sin tener ninguna justificación… le suplico que no lo deje en libertad (a Velásquez Meneses), lo que hicieron no tiene nombre. Me dejaron a mi niña de tres añitos con un trauma sicológico, porque ella vio el momento en que ellos lo tenían encañonado, lo vio morir allí”, dijo Mayra de Jesús Centeno Soza, esposa de Velásquez Tercero, en la audiencia preliminar del proceso contra Velásquez Meneses.
Amplio territorio
Con una extensión territorial combinada de 18,278 kilómetros cuadrados, los departamentos de Jinotega y Matagalpa destacan económicamente porque generan más del 90 por ciento de la producción nacional de hortalizas, más del 70 por ciento del café y más del 70 por ciento de la producción de papa en todo Nicaragua, además, brindan aportes significativos en la producción nacional de granos básicos y ganado, entre otros rubros.
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La cobertura policial en esos territorios ha sido limitada. En 2017 apenas había 914 policías en ambos departamentos, uno por cada 20 kilómetros cuadrados, y apenas 80 policías por cada cien mil habitantes en Matagalpa y 84 por cada cien mil habitantes en Jinotega, según los anuarios policiales.
Miles de armas
Debido a la vocación agrícola y la percepción de inseguridad en ambos departamentos, miles de productores tienen armas de uso civil para la protección en las fincas y para la seguridad personal. Hasta abril de 2016, la Policía tenía registrada la existencia de 15,287 armas de fuego que habían sido legalizadas por 9,635 poseedores en los 15 municipios que atiende la delegación departamental de esa institución en Matagalpa. A esa fecha, había 4,920 portaciones vencidas de armas de fuego solo en Matagalpa.
LA PRENSA no pudo obtener información oficial sobre la cantidad de armas de fuego registradas por la Policía en Jinotega.
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Además, todavía existe una cantidad indeterminada de armas de uso restringido en manos de civiles, principalmente en zonas que fueron escenarios de la guerra de la década de los 80 en ambos departamentos.
De los 22 crímenes reportados hasta ahora en Jinotega y Matagalpa, en casi la mitad (10), como en los casos de Hernández, Velásquez Tercero, Pao, García Lanzas y Tercero González, los autores han usado armas de fuego. En una tercera parte (7) del total de casos, los criminales han usado machetes, herramienta cotidiana y multiusos en estos territorios de vocación agrícola.
Ambos tipos de armas fueron usados por quienes asesinaron al productor de café, Oliver José Montenegro Centeno, a quien acribillaron a balazos y luego atacaron a machetazos, la tarde del 23 de enero, en la finca que la víctima tenía en Caño La Cruz, cerca del Valle Los Lagos, 30 kilómetros al norte del poblado El Cuá, departamento de Jinotega.
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En esa ocasión, un pariente de Montenegro afirmó que este presuntamente fue emboscado por “un grupo de paramilitares revueltos con la Policía…”, a pocos metros de la casa del productor, donde “le desbarataron la cara con escopetas y fusiles Ak… después de muerto se ensañaron más con su humanidad, porque (también) tiene heridas de armas blancas (machetazos)”.
Bajo impacto de “plan desarme”
En las últimas semanas, pobladores de varios municipios en los departamentos de Jinotega y Matagalpa, han acusado operativos en los que la Policía ha allanado casas, principalmente de opositores al régimen de Daniel Ortega, tratando de decomisar armas de fuego, sin importar que los dueños las porten de manera legal.
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Sin embargo, el decomiso de armas de fuego poco impactaría en la reducción de crímenes violentos, estima la experta Elvira Cuadra, indicando que “en un contexto en el que la misma Policía utiliza armas de fuego letales (fusiles de guerra) y es permisiva del uso que los grupos paraestatales hacen de ellas, esa medida (decomiso de armas) no es efectiva. Su impacto es bajo”.
Inefectividad policial
Además de criticar a la Policía, por faltar a sus labores preventivas, la población también ha señalado la ineficacia de esa entidad en las tareas de investigación y persecución del delito. En el caso de Montenegro, en El Cuá, sus familiares dijeron que la Policía ni siquiera llegó al sitio para investigar.
De los 14 casos ocurridos este año en Jinotega, 10 fueron reportados con “autor desconocido”, mientras que en los cuatro crímenes en los que tiene sospechosos, la Policía sigue sin reportar detenciones y ninguno de los casos ha sido judicializado.
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Mientras que la delegación departamental de la Policía en Matagalpa, ha esclarecido al menos seis de los ocho casos ocurridos este año en ese territorio, pero solo tres han sido judicializados. El caso del adolescente Tercero González en Waslala y el de una mujer sin identificar, encontrada muerta el 25 de enero en Matiguás, fueron reportados con “autor desconocido”.
En el 2014, la efectividad policial en el esclarecimiento de todos los tipos de denuncias recibidas, en Matagalpa era de 93 por ciento y en Jinotega del 89 por ciento. En 2017, Jinotega mejoró dos puntos porcentuales, pero Matagalpa decreció a un poco menos del 86 por ciento.
Pero, en las investigaciones de crímenes de etiología homicida, la efectividad policial en Jinotega era de 80 por ciento en 2014 y desmejoró a 75 por ciento en 2017. Igual ocurrió en Matagalpa que pasó de 83 por ciento en 2014 a 76 por ciento en 2017.
Contra las mujeres
Los cinco femicidios que este año registra la organización Católicas por el Derecho a Decidir, han ocurrido en estos territorios. El año pasado, ese organismo reportó 17 femicidios en ambos departamentos: 11 en Jinotega y 6 en Matagalpa.
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En tres de los cinco asesinatos de mujeres de este año, los autores siguen prófugos y solo dos casos han sido judicializados, aunque el crimen contra Martina García, fue tipificado por la Fiscalía como asesinato.
El único femicidio judicializado hasta ahora fue el cometido presuntamente por José Ariel Escobar Cruz, de 32 años, en perjuicio de su pareja Blanca Estela Espinoza Rojas, 30 años, en el barrio Francisco Moreno, al oeste de la ciudad de Matagalpa.
Espinoza, alta, delgada y originaria de El Viejo, Chinandega, cumpliría 31 años este 12 de febrero. Trabajaba de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. en el área de cocina de un café en Matagalpa y estaba ahorrando porque quería construir un muro en el patio de su casa, contó la hermana de ella, Daisy María Espinoza.
La noche del 19 de enero, Escobar, con quien tenía más de seis años conviviendo, fue a buscarla al café para que lo acompañara, porque él quería ir a tomar licor. Ella se negó debido a que sus hijos de 13, 6 y 4 años, habían quedado solos.
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Espinoza abordó un taxi y se fue a casa. A las 11:00 p.m., según la acusación de la Fiscalía, el hombre llegó, comenzó a insultarla y en presencia de los tres niños la atacó con la tranca de una puerta. Ella estuvo un poco más de una semana hospitalizada y falleció el 27 de enero.