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CONTENIDO EXCLUSIVO.Las sanciones impuestas por Estados Unidos (EE.UU.) a la empresa Alba de Nicaragua SA (Albanisa) y a su Banco Corporativo SA (Bancorp) son una “bomba expansiva”, según analistas consultados, pues alcanza al conglomerado de empresas constituidas o adquiridas en el país con el dinero de la cooperación venezolana durante los 12 años del régimen de Daniel Ortega.
Los analistas y economistas Carlos Langrand, Róger Arteaga y Enrique Sáenz señalaron que toda persona natural y empresa que sea socia o haga negocios con Albanisa, Bancorp y con el resto de las compañías del grupo Alba corren el riesgo de ser afectados por las sanciones porque cabe la posibilidad de que se les investigue y se les impida tener vínculos comerciales con Estados Unidos.
Con ello, todos los negocios desarrollados con fondos de la cooperación de Venezuela, que son propiedad de Petróleos de Venezuela (PDVSA) —sancionada por EE.UU.— quedarían aislados del mercado nacional e internacional.
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De hecho, el viernes pasado, cuando la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, anunció que las sanciones de Estados Unidos a Petróleos de Venezuela y a Alba de Nicaragua (Albanisa) se extendían al Banco Corporativo SA (Bancorp), señaló que el castigo también incluía a todas las subsidiarias.
Más de 10 empresas
“Todas las empresas del dinero de Albanisa están contaminadas. No es Bancorp solo el problema, porque ese banco lo crearon para tener un lugar donde meter el dinero, porque el resto del Sistema Financiero no lo podía seguir teniendo debido a la Nica Act de Estados Unidos. Aquí el gran impacto es de todo el grupo de empresas que manejaron dinero de PDVSA en Nicaragua”, afirmó Róger Arteaga, exdirector de Ingresos.
En la sombra del acuerdo petrolero firmado en 2007 por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez (fallecido) y Ortega, el régimen en Nicaragua ha manejado sin supervisión más de cuatro mil millones de dólares.
Albanisa fue constituida por la estatal nicaragüense Petronic quien posee el 49 por ciento de las acciones y el 51 por ciento restante lo conforma la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
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Según investigaciones periodísticas, con el dinero del acuerdo petrolero el régimen de Ortega creó un conglomerado que cuenta con al menos diez empresas relacionadas con presencia en los sectores hoteleros, comunicaciones, energía, transporte, construcción, finanzas, ganadería, importaciones, exportaciones agropecuarias y distribución de combustible.
Langrand señaló que Albanisa es “la madre” de todos esos negocios, pues “es la que maneja las empresas satélites como Alba Alimentos, Alba Generación, Alba Transporte, Alba Eólica y las sanciones igual tocan a los hoteles, televisoras, plantas de energía y a todo negocio comprado con el dinero petrolero”.
Langrand y Sáenz, coincidieron por separado en que cuando se hace referencia a las subsidiarias vinculadas a Albanisa, PDVSA y Bancorp, EE.UU. toca a todas las empresas del grupo Alba en el país. Los analistas señalaron que personas naturales o cualquier compañía, incluidos bancos comerciales que hagan negocios con el grupo Albanisa, corren el riesgo de ser afectados por las medidas norteamericanas.
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El exdiputado opositor Langrand, afirmó que “estas sanciones son como una bomba expansiva” pues además de tocar las filiales del grupo Albanisa todo el que hace negocio con ese grupo se puede ver envuelto en investigaciones de las autoridades de los Estados Unidos y del sistema bancario internacional.
Desesperación los obliga a buscar testaferros
Los políticos opositores Langrand y Sáenz —ambos en el exilio— no descartan que el régimen para proteger sus intereses económicos de las sanciones estadounidenses haya empezado a traspasar silenciosamente a testaferros o hacer cambios jurídicos en los negocios vinculados a Albanisa.
Arteaga explicó que, con base en investigaciones periodísticas se pudo saber que con el dinero del acuerdo petrolero estos años la familia Ortega-Murillo ha adquirido “canales de televisión, hoteles, fincas ganaderas”, además “han invertido en el negocio de la distribución de los combustibles y hasta en la distribución de energía, todo eso a través de Albanisa y sus empresas”.
Y para evitar que los testaferros sean perseguidos por Estados Unidos, el régimen desde el año pasado blindó los registros mercantiles.
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Desde el 1 de noviembre pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ), controlada por Ortega, restringió el acceso a la información sobre los registros de bienes inmuebles y sociedades en el país. Se prohibió dar información a personas interesadas en conocer la información registral de una propiedad que no tenga vinculación con los dueños.
Para Sáenz, el bloqueo en el Registro de la Propiedad respondería a una estrategia del régimen para proteger los intereses económicos de las sanciones, pues recordó que investigaciones periodísticas han revelado que de esa forma se le facilitaría poder traspasar los negocios del grupo Albanisa para desaparecer los vínculos de la familia Ortega-Murillo y de sus funcionarios relacionados con supuestos actos de corrupción y la represión a los nicaragüenses.
El gobierno de Donald Trump ha elevado la presión contra la dictadura de Ortega y su cogobernante, Rosario Murillo, limitando su accionar financiero en respuesta a las violaciones de derechos humanos cometidos contra los nicaragüenses por los huestes del régimen, desde el estallido de la protesta ciudadana en abril de 2018.
Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han documentado entre 325 y 535 asesinatos, además hay más de setecientos presos políticos y miles de exiliados por la represión del régimen Ortega-Murillo.
Los canales Ortega-Murillo
El exdirector de Ingresos, Róger Arteaga y el exdiputado Carlos Langrand, explicaron que las telecomunicaciones fue uno de los sectores donde Albanisa entró con fuerza, pues con el dinero de la cooperación petrolera adquirieron canales de televisión que hoy son controlados por los hijos de Ortega y Murillo. Ambos políticos afirmaron que esos canales de televisión pueden ser afectados por las sanciones de Estados Unidos.
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Según investigaciones periodísticas, en 2009 el Canal 8 fue comprado por Albanisa por 10 millones de dólares. En enero de 2019 el entonces gerente general de Albanisa, Rafael Paniagua, confirmó que “es cierto que compramos Canal 8”. El director de la televisora es Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de los dictadores.
Otros hijos de la pareja dirigen los canales 2, 4 y 13, quienes además manejan un grupo de radios y medios digitales.
Ruido a la economía
El exdirector de Ingresos, Róger Arteaga, explicó que el régimen Ortega-Murillo con la cooperación venezolana ha logrado enriquecerse, pero también sus negocios en diferentes sectores lo convierten en una fuerte influencia en la economía del país. “El dinero les ha permitido contar con influencia económica, pero sobre todo política, a través de los programas que financiaban con la cooperación, que fueron asistencialistas, pero ahora esa influencia mete en ruido a la estabilidad macroeconómica”, dijo.
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“Como empresas no nos conviene que duden de la transparencia de nuestros negocios y de lo legítimo de nuestro capital, por eso creo que todo el que esté vinculado al negocio de Albanisa y sus filiales están en un gran problema porque las sanciones les pueden alcanzar”, dijo Carlos Langrand, analista.
“En los medios de comunicación se dio a conocer que en el Registro de la Propiedad se estuvo haciendo distintas maniobras con testaferros para prepararse ante esto de las sanciones. Por eso no sorprende que ahora Bancorp diga que no tiene vinculación con Albanisa”, expresó Enrique Sáenz, economista.