Aunque el régimen de Daniel Ortega lo niegue, la reforma fiscal que cocina en la Asamblea Nacional sí alcanzará a los mercados populares, dado que los comerciantes adquirirán de sus proveedores mercaderías con mayor carga impositiva por la eliminación de exoneraciones y exenciones a estas.
El régimen, por ejemplo, plantea reducir o eliminar exenciones a productos como papel higiénico, jabones de lavar y baño, detergente, pasta dental y cepillos de dientes, desodorantes, escobas, fósforos y toallas sanitarias.
Según análisis de economistas y defensores de los derechos de los consumidores, aunque los comerciantes no aplican los impuestos en sus productos de manera directa, es decir a través de facturas a los compradores, ellos pagarán a la industria un precio que ya incluya los nuevos impuestos y por tanto estos implícitamente pasarán al consumidor.
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Por ejemplo, para poder producir el arroz de 80/20 (que en la reforma no está gravado), los arroceros para adquirir los insumos para cultivar ese grano deberán pagar ahora impuestos en la compra de agroquímicos, maquinarias abonos, empaques y plásticos.
Cuando este arroz llegue al comerciante, el proveedor que suele ser retenedor de impuesto, le aplicará esa nueva carga impositiva al comerciante y este trasladará ese aumento impositivo a los precios de los compradores de cualquier mercado del país, explican economistas.
Además los proveedores, como ahora deberán pagar más por adelantado el anticipo mensual del Impuesto sobre la Renta (IR) al Fisco, requerirán liquidez para hacer frente a esa obligación y por ende aumentar sin excepción el precio de los productos, es decir sin importar dónde estos se vayan a comercializar.
En el proyecto de reforma fiscal el Ejecutivo busca aumentar de uno por ciento a entre dos y tres por ciento la alícuota del anticipo mensual del IR para las medianas y grandes empresas, lo que presionará la liquidez de estas, que son las que proveen productos a los comerciantes de los mercados.
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Para el economista Alejandro Aráuz esta ley afecta a toda la cadena productiva y comercio en general, incluyendo los mercados. “Entonces, los comerciantes van a comprar cosas más caras a los proveedores: industria e importadores. Y eso tiene que trasladárselo al precio”.
Y aunque en la propuesta de reforma el régimen prevé conservar la exención para maíz, trigo, frijol negro y rojo, tomate, cebolla blanca y amarilla, chiltoma, repollo, papas, banano y plátano, los insumos para producir estos alimentos estarán gravados.
Todos estos alimentos se venden masivamente en los mercados populares, incluyendo el mercado Oriental, el más grande de Centroamérica.
El economista Aráuz dice que la actividad productiva interna agroindustrial actualmente compra un 48.5 por ciento de insumos gravados con estos impuestos, pero esa relación se incrementará con la reforma fiscal.
“Toda esta cadena de producción, ya sea al por mayor o al menor, está gravada con los impuestos, y luego eso se traslada a los precios que pagarán los consumidores”, dijo Aráuz.
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De hecho, el vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Sergio Maltez, estima que si el paquete de reformas fiscales se echa a andar la cesta familiar se elevará de 13 mil a 17 mil córdobas, “más de cuatro mil córdobas, esto es casi un aumento del 29 por ciento del costo para los consumidores”.
El también presidente de la Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin), estima que al menos el setenta por ciento de los productos de la canasta básica van a subir de precio si se aprueba el paquetazo fiscal.
Aumento general
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), explica que el aumento de los impuestos a los insumos y maquinaria es general.
Por lo tanto, los impuestos a los insumos agropecuarios afectarán a toda la producción: frijoles, arroz, verduras, entre otros productos de consumo popular.
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“Si bien los productos no estarán sujetos a los impuestos, los insumos de estos productos sí. Entonces deberíamos esperar que el precio de estos productos aumente para trasladar el costo adicional del impuesto”, agrega Chamorro.
Efecto nocivo
Chamorro considera que todos los mercados son iguales y no debería haber diferencias entre si los productos se venden en un supermercado o en un mercado popular.
“En realidad aumentará el costo de los productos en todos los lugares, porque el impuesto se genera en la producción y no solamente en la venta”, sostiene Chamorro.
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“La reforma no le va a rendir lo que el Gobierno piensa porque tendrá un efecto nocivo en la economía. La base disponible se va a reducir porque va a afectar la economía en su conjunto”, dijo Chamorro.
“Lo que se espera son quiebres de empresas, y las que no lo hagan básicamente estarán trabajando para pagar impuestos”, precisa.
Consumidores pagan
Rubén Arriola, miembro del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor (CJSAC), dijo que el impuesto de todos los productos elaborados a nivel nacional, como los importados, será trasladado al consumidor final. “El consumidor final es el que paga los platos rotos”.
Arriola pone como ejemplo un productor avícola que compra la harina, vacunas para los pollos y productos de limpieza, que vienen gravados.
“Esto no lo saca el productor avícola de su bolsa, se lo traslada al producto terminado, e incluso en los cortes”, agregó Arriola.
El defensor de los consumidores considera que el abanico de consultas que está haciendo el Gobierno, antes de aprobar la reforma, debería de incluir a todos los sectores, entre ellos las organizaciones independientes de defensores de los consumidores.
“Solicitamos que se consulte a la mayoría del pueblo nicaragüense para tomar una medida correcta y no una medida que afectará a la economía del país”, dijo Arriola.
Cierres y desempleo
Alejandro Aráuz considera que los precios podrían bajar debido a que ante el aumento de precios el consumo disminuye, y por lo tanto el precio vuelve a bajar. “Esto genera un punto de equilibrio, pero el productor pierde y puede llegar a cerrar si la demanda cae tan bajo que puede tener pérdidas”, agrega.
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El desempleo que puede venir del cierre de las empresas va a tener un efecto en la reducción de la demanda de productos, dice Aráuz. “El proceso de encadenamiento del efecto es general porque toda la economía está conectada”, señala.
Presión sobre proveedores
Los proveedores de los comerciantes también se verán presionados financieramente porque deben asumir la carga que significa ahora pagar más en materia de Seguridad Social. El régimen de Daniel Ortega puso en marcha desde el 1 de febrero un paquete de reforma paramétrica a la Seguridad Social que implicó un aumento de 19 a 21.5 y 22.5 por ciento en la patronal. Esto si bien no afecta directamente a los comerciantes de los mercados —que suelen ser informales— los productos que estos compren a sus proveedores vendrán con esa carga.