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CONTENIDO EXCLUSIVO.La primera vez que el oficialismo en Nicaragua alegó “golpe de Estado” en medio de la crisis sociopolítica de abril, habían 109 personas asesinadas. Poco a poco, el discurso repetido una y otra vez desde las estructuras del poder de la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega, siguió sonando y junto al coro creció la cifra de muertes hasta alcanzar 325 asesinatos de acuerdo con la cifra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe avalado por la mayoría de países del continente representados en la Organización de Estados Americanos, quienes rechazaron, igual en coro, el alegado discurso del régimen: “Fue un fallido golpe de Estado”.
¿Qué pretende el régimen al sostener contra toda evidencia una hipótesis que no han podido demostrar al pueblo nicaragüense y al mundo entero? Entre muchas otras, dos cosas: justificar los crímenes y escribir su propia historia de una de las peores matanzas contra la población civil en la historia contemporánea. La socióloga y especialista en temas de Seguridad Ciudadana, Elvira Cuadra, razona que el argumento del golpe de Estado “no se ajusta a la situación de Nicaragua por mucho que el discurso del Gobierno ha sido reiterativo en ese sentido”.
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“Básicamente, un golpe de Estado es una disputa entre poderes del Estado en que, en la mayoría de los casos conocidos hasta hoy, uno o varios de los poderes terminan destituyendo o derrocando a otro, usualmente al poder ejecutivo”, explica Cuadra. Analiza que en el caso de América Latina, hasta la década de los 80 los golpes de Estado eran ejecutados por las fuerzas armadas, de tal manera que también son denominados golpes de estado militares.
“El último de ellos lo vimos en Honduras en el 2009. Sin embargo, los tiempos han cambiado y las formas de las disputas entre los poderes estatales ya son las mismas. Es el caso de Fujimori en Perú (1992, disuelve los poderes de Estado) y más recientemente, el de Dilma en Brasil (2016, destituida del cargo por el Congreso para enfrentar la justicia en juicios por corrupción). En esos no han intervenido las fuerzas militares. En el caso de Nicaragua, ningún poder del Estado ha amenazado o puesto en riesgo la presidencia de Daniel Ortega”, discierne Cuadra.
La socióloga explica que el descontento e insatisfacción generalizada de la gente, expresada en las marchas y manifestaciones de protesta “no puede ser considerado un golpe de Estado”.
LA PRENSA/OSCAR NAVARRETE
Según un informe de coyuntura de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, entre abril y octubre del año pasado se realizaron 2,045 manifestaciones sociales, siendo junio el mes con mayor número de marchas: 776.
“No cabe el argumento ni teórica ni políticamente. Se trata de una contienda política entre los gobernados y el gobernante, es legítima, cívica, apegada a los derechos ciudadanos y su propósito es interpelar públicamente al gobernante”.
Golpe de Estado no, autogolpe sí
Carlos Alberto Pérez Zeledón, analista político y coordinador del foro cívico Propuesta Ciudadana, no cree en la teoría “de fallido golpe de Estado”.
“Es un tema de definiciones, por definición el golpe de Estado ocurre cuando un grupo de poder pretende sustituir a quien está legalmente ocupando la administración del Estado y generalmente involucra la participación de alguna institución del mismo Estado. Lo tradicional es cuando intervienen fuerzas armadas, como el Ejército, que se alía con el grupo de poder. Puede ser técnico, como cuando la Asamblea o la Corte Suprema van en contra del Ejecutivo o el Ejecutivo en contra de la Asamblea. Se rompe el orden constitucional y se da una invasión de poderes o la suplantación, es rápido y suele ser violento y en algunos casos históricos, sangriento”.
—En el caso de Nicaragua: ¿cabe la figura política tradicional y clásica de golpe de Estado?
No, del todo.
–¿Cuáles son sus razones para explicar que no aplica la figura del golpe?
Primero, no era un poder (fáctico o legal) quien dirigía las acciones, sino que eran diversos grupos autónomos con pretensiones o demandas también diversas. Segundo, en ningún momento se involucró o tomó la cabeza del movimiento algún poder fáctico o legal pretendiendo asumir la dirección del Estado. Hasta el momento la Alianza Cívica o la Unidad Nacional Azul y Blanca no han hablado de asumir ellos el poder, sino de ir a elecciones adelantadas en las que incluso nadie ha descartado que pueda participar el mismo FSLN. Tercero, las protestas sociales son un fenómeno normal en todos los países alrededor del mundo, pero no la represión excesiva. No es normal que el Estado mande a asesinar a los protestantes; es la violencia excesiva la que pone en entredicho el mandato de Daniel Ortega, se comienza a hablar de su destitución como respuesta a la represión, no como demanda primaria.
–La propaganda oficial también hablaba de un “golpe suave”. ¿Eso existió en Nicaragua?
Sí, pero de parte del Gobierno. La principal diferencia entre un golpe de Estado y un “golpe suave” es que los del segundo caso no pretenden acceder al poder, se conforman con derrocar al existente para dar paso a una nueva posibilidad de discusión democrática. El golpe blando es exitoso en la medida en que el Gobierno se autodesacredita y pierde legitimidad frente a los gobernados. El éxito del golpe blando depende más de la mediocridad y brutalidad del Gobierno que de los “golpistas”. Podemos decir que el gobierno de Ortega se autopropinó el “golpe blando”, porque fue él quien incitó a la rebelión y lo sigue haciendo… es por eso que la comunidad internacional ha reaccionado condenando el accionar del Gobierno y rechazando la tesis de golpe. No hay intereses ocultos, ni siquiera existe una organización consolidada que pueda aspirar al poder en este momento, así que estamos ante el patético caso de un “autogolpe blando” absurdo.
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Tesis para moralizar a los perpetradores de los crímenes
Para el sociólogo Óscar René Vargas, la tesis y discurso de “golpe de Estado” es al fin de cuentas una estrategia para moralizar a la Policía después de cometer los crímenes, un discurso para mantener unido a sus seguidores ante la gravedad del impacto moral de las masacres y un escudo egocéntrico de la pareja dictatorial para no admitir los errores cometidos.
“En la primera fase, antes que todo el mundo rechazara la tesis del ‘golpe de estado’, era la manera de justificar internacionalmente la represión indiscriminada y aglutinar a sus bases en defensa de la ‘revolución’. Desmontada la tesis del ‘golpe de Estado’ por los organismos internacionales (CIDH, Meseni, ONU, OEA, diferentes gobiernos, periodistas, etcétera), el Gobierno sigue en la misma posición para no reconocer su versión original y no perder la cara ni la credibilidad”, dice Vargas.
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“Ahora, sigue manteniendo la tesis como una manera de mantener la fidelidad de la base de la Policía, Ejército y militantes de base del partido de Gobierno. Es la manera de mantener la fidelidad de las bases en la ‘revolución’ y en el liderazgo de Ortega-Murillo. Reconocer que no hubo intento de ‘golpe de Estado’, es reconocer que el liderazgo de Ortega-Murillo se equivocó en la táctica que se volvió estratégica, no supieron leer correctamente la crisis… Piensan que la tesis del ‘golpe de estado’ le permite amalgamar a la base que ha comenzado tomar distancia por diferentes motivos; ya sea porque conocieron que la represión de era la correcta, porque sus bases se vieron afectados directamente (familias, amigos, vecinos) tuvieron un herido, un exiliado, un muerto o perdieron el empleo; porque es la manera de justificar la crisis económica que padece toda la población, incluyendo a sus seguidores, sea señalada como consecuencias de la mala administración de la crisis”.
“Esta negación de la realidad ha llevado a Ortega-Murillo a exigir a seguidores (diputados, alcaldes, jefe de la Policía, magistrados, jueces, etcétera) a seguir sosteniendo la tesis que le permite a los jueces condenar a los presos políticos sin pruebas, ya que parten del principio de que hubo un intento del ‘golpe de Estado’ y todos ellos participaron en la intentona. También la tesis del ‘golpe de Estado’ sirve para que los policías y paramilitares tengan una justificación moral de haber participado en la represión, matando a los adversarios. De esa forma se evitan remordimientos de conciencia de muchos de los elementos que ejecutaron la orden de asesinar y tomar prisioneros a personas inocentes”.