Mientras el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) amenaza con sancionar, a través de la Ley Global Magnitsky, a más funcionarios del régimen nicaragüense, la ministra de salud, Sonia Castro, negó desesperadamente haber dado la orden de negar atención médica a quienes protestaron contra el dictador Daniel Ortega, pese a que las denuncias en su contra son abundantes y fueron corroboradas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y otras organizaciones internacionales.
Sorpresivamente Castro, quien podría ser sancionada por el Congreso estadounidense por estar involucrada en actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, concedió una entrevista a un canal de televisión local donde intentó desvincularse de las negligencias médicas y la utilización del sistema de salud como instrumento para la represión.
Según la funcionaria “ha habido una gran manipulación” sobre el tema de la atención médica y “una vez más nosotros debemos decir que nunca fue una orden administrativa, gerencial, es más a ningún director han señalado en particular que haya dado la orden”.
Además, aseguró que durante los días más intensos de las protestas el Ministerio de Salud (Minsa) atendió entre 2,000 y 2,600 personas “sin distinción de clase, sexo, religión o creencia”.
Sobre los despidos masivos en los hospitales y centros de salud, la ministra argumentó que eso “es un tema constante en nosotros (el Minsa)”, pero segundos después se contradijo al señalar que tomó “medidas disciplinarias no sólo a médicos sino enfermeras, personal de limpieza debo reconocer que hay una fallas internas”.
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La funcionaria además se refirió a un caso puntual en la ciudad de León: “Lo voy a decir específicamente, en Radio Darío (una señora) puso una denuncia, que llegó a la emergencia (del hospital de León) y el médico le dijo que no podía atenderla porque no portaba un carnet. Nosotros nos dimos cuenta a través de Radio Darío, porque esa denuncia fue clara, fue el doctor tal de la emergencia, se le hizo su proceso y se despidió porque él está violando el derecho constitucional de todos los nicaragüenses”.
Sin embargo, los despidos en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (Heodra), en la ciudad de León, fueron masivos y en las cartas de despido de los médicos ni siquiera se especifican las razones por las que los echaron. Los médicos que fueron despedidos de ese hospital denunciaron públicamente a la directora del Heodra, Judith Lejarza y a la ministra Sonia Castro de haberlos echado por no haber acatado la orden de no atender a los manifestantes.
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