Uno de los ex-prisioneros del tenebroso centro de torturas El Chipote, donde funciona la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Orteguista (DAJ-PO), propuso su cierre definitivo y la construcción de un parque-museo nacional en memoria de los miles de nicaragüenses que han pasado por ahí, incluyendo los centenares de personas sometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde abril del año pasado.
“El cierre definitivo del centro de oprobio y torturas El Chipote atenderá las demandas que nacional e internacionalmente se manifiestan desde hace décadas, incrementadas en los últimos meses por la represión que quería acallar el clamor por la democracia y la justicia, que inició en abril”, dijo el excontralor y exdiputado Agustín Jarquín Anaya.
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“La violación a los Derechos Humanos debe ser abolida y castigada; y todos los presos políticos que han sufrido escarnio en ese y otros lugares, deben ser liberados; como lo expresa el doctor Marcos Carmona (director de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, CPDH)”, dijo Jarquín, a raíz de la confirmación de que decenas de reos políticos detenidos en ese centro de escarnio habían sido trasladados a un recién construido centro de cárceles del régimen orteguista.
La nueva DAJ fue inaugurada la semana pasada por la cúpula de la PO; el edificio con un área de construcción de 3,520 metros cuadrados le costó al pueblo de Nicaragua 183 millones de córdobas. El régimen no aclaró si estas nuevas cárceles implican el cierre del viejo y tenebroso centro de torturas el Chipote.
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“Cómo lo venimos reclamando desde 1988, cuando (al liberarme de sus ergástulas a las 6 am), pude apreciar el bello paisaje de la capital y su novio Xolotlán, ese lugar deber ser transformado en museo y parque de Managua, para que lo disfrute el pueblo y los jóvenes aprecien que la opresión y la brutalidad no acallaron el heroísmo y amor a Nicaragua de miles de patriotas, que las dictaduras metieron en ese lugar para someter, vanamente, su espíritu libertario”, clamó el exfuncionario público.
Nicaragua ha sufrido un incremento en la población penal por la persecución política desde abril de 2018, en ese sentido, para el experto en derechos humanos Uriel Pineda, la construcción de un nuevo reclusorio podría ser “positivo”, puesto que tiene un impacto en el hacinamiento que se vive en otros penales del país.
Por otro lado, la creación de una cárcel “al final no deja de tener un mensaje disuasivo en la población”, en medio de la crisis sociopolítica, dijo el experto.