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CONTENIDO EXCLUSIVO.El empresario nicaragüense Juan Carlos Habed Cornavaca asegura que el régimen de Daniel Ortega le confiscó el pasado 20 de diciembre su negocio de la gasolinera Puma que tuvo por más de siete años, despojo que lo atribuye a una decisión política, “pese a que nunca en mi vida he militado en política partidaria”.
Habed cuenta en esta entrevista que antes del despojo, su negocio era como un estado de sitio donde la Policía y motorizados asediaban el local y su casa de habitación.
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El empresario abandonó el país “para conservar mi vida y la de mi familia”. Sostiene que no se arrepiente de haber dado refugio a los estudiantes y a los ciudadanos que corrían de las balas de la Policía Orteguista y paramilitares del régimen, durante las protestas cívicas que se realizaron desde abril hasta octubre y donde casi el país entero pedía la salida del poder del dictador Daniel Ortega Saavedra, quien llegó al poder en 2007 con el 38 por ciento de los votos y desde entonces se sostiene a base de terror y fraudes electorales.
Habed expresa que mientras el régimen Ortega-Murillo esté en el poder no existe seguridad para invertir en el país.
Sobre el silencio de la empresa privada al ataque y asedio a las gasolineras, Habed trata de responder con mucha compresión: “Creo que en Nicaragua todo el mundo está con miedo y eso puede pasar con los empresarios”.
Habed hasta el 18 de diciembre era el concesionario de la Gasolinera Puma de Metrocentro, ubicada en el centro de Managua. Reconoce que el punto era excelente para la comercialización del combustible y la tienda de conveniencia, pero nada de eso queda hoy.
—¿Qué fue lo que pasó con su empresa de Gasolinera Puma que fue cerrada junto a otras estaciones en Managua?
La única razón que puedo percibir es que me la cerraron y me despojaron por razones políticas, porque técnicas no había.
—Usted tuvo que abandonar el país, ¿por qué esta decisión?
Porque me cerraron mi negocio, mi único medio de vida y todas las señales indicaban que las cosas estaban feas para mí en el país y lo más sano era tratar de resguardar mi vida y la de mi familia.
—¿El orteguismo lo obligó irse del país?
Así es. Fue un acoso terrible. Un día llegó de pronto el INE (en diciembre), quizá había detallitos muy menores y cuando eso sucede el inspector que llega te dice ‘ve, hay que corregir eso porque está malo’ y uno se compromete y corrige. Al no hacerse la corrección viene una amonestación o hasta una multa, pero aquí no hubo nada, simplemente llegaron y ese mismo día me cerraron y me despojaron del negocio.
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—¿Por qué cree usted que las razones del cierre y confiscación de su negocio son políticas?
Bueno, en los paros participamos todas las gasolineras y ese era un derecho que yo tenía de participar como cualquier ciudadano. Luego cuando se daban las represiones en los alrededores de mi negocio y por el lado de la UCA y Metrocentro, yo abrí las puertas de mi negocio a los estudiantes, periodistas y ciudadanos que eran atacados por las balas de la Policía y los paramilitares; en realidad, abrí las puertas para resguardarlos y ante eso lo que yo recibí fue que la Policía destruyera mi negocio, desbaratando las puertas y ventanas de la tienda de conveniencia. Porque los estudiantes nunca, jamás, me destruyeron nada, quienes destruían eran los policías. Allí no me saquearon ningún caramelo, como lo dijeron algunos medios oficialistas. Los vidrios quebrados fueron por las balas de la Policía. Eso fue precisamente el 28 de mayo, cuando se dio una batalla campal con los muchachos de la UCA, la UNI y la Policía.
El interior de la tienda de la gasolinera Puma es el único refugio para los estudiantes #Managua @laprensa pic.twitter.com/jOqeyKEOsz
— Leonor AlvarezH (@LeonorAlvarezH) 28 de mayo de 2018
—¿Entonces esta decisión de confiscarlo viene porque usted daba refugio a las víctimas de la Policía durante las protestas?
Así es, yo no podía ser indiferente y la gente estaba en riesgo y yo humanamente abrí las puertas de mi negocio. Si ese fue mi pecado, dar refugios a quienes eran perseguidos por las balas, entonces yo lo volvería a hacer. Eran muchachos que protestaban cívicamente, no eran armados ni criminales, por eso les daba refugio. Ellos solo ejercían su derecho a la protesta. Yo estuve allí en varias protestas y veía que eran pacíficas.
—¿El INE nunca le dijo las verdaderas causas del cierre, ya que según usted nunca hubo razones técnicas?
Yo tengo más de treinta años en la industria del petróleo y siempre he conocido al INE como una entidad profesional, siempre han trabajado en cuidar el reglamento de los hidrocarburos, pero qué pasó ahorita, no sé, de repente llegaron y cerraron, no solo a mí, sino a cinco gasolineras, las cerraron sin razón alguna. Yo tenía todo en orden, pago de impuestos, mi licencia estaba en orden. Yo nunca he sido político, nunca he sido de ningún partido político. Yo pienso que el Gobierno usó al INE para confiscarme. Entonces lo que me han hecho es estrictamente político y estrictamente confiscatorio. Fui despojado de mi negocio, que era familiar, y me obligaron irme del país, porque si me cierran y me confiscan mi negocio, ¿qué me puede pasar mañana?
—Entonces, ¿usted está convencido de que fue el Gobierno quien le cerró y confiscó su negocio?
Yo vi realmente que no tenía alternativas de seguir operando. Fue el Gobierno quien me cerró y confiscó. Fui un excelente concesionario, siempre tuve excelentes relaciones con la empresa Puma. Quien me cierra es el Gobierno y envió al INE para hacer una labor de confiscación y de represión.
—¿Usted temió por su vida?
Claro que sí, las señales estaban dadas. Mi negocio estaba inundado de policías permanentemente, ante y después del cierre y confiscación. Vivía en un estado de sitio, un estado de intimidación. En la zona de mi casa había permanentemente policías y motorizados. Había policías día y noche. A la tienda entraban los policías armados con AK y escopetas, eran escenas de acoso. Era verdaderamente un estado de terror el que viví, que ni para mí, ni para mi familia era algo aceptable.
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—¿Qué seguridad puede tener un inversionista con un gobierno que confisca negocios?
Ninguna. Con la actual ausencia de un estado de Derecho, ninguna empresa invertirá un centavo en Nicaragua, y quienes ya están allí, seguramente están evaluando alternativas para proteger o retirar su inversión.
—¿Cuánto vendía en su tienda y en su gasolinera?
La tienda de conveniencia tenía ventas de aproximadamente 3 millones de córdobas al mes y en combustible las ventas andaban por los 120 mil galones mensuales.
—¿Cómo hará para que el Estado le pague los millones perdidos? ¿Usted recurrirá a algún tribunal para que se le pague los daños económicos de la confiscación de su negocio?
El nuestro era una negocio familiar, manejado por mi esposa, mi hijo y yo; estamos evaluando las acciones a seguir.
Sin embargo, es importante recordar que los funcionarios públicos tiene una especial responsabilidad con sus labores, pues ellos representan al Estado y como tal deben velar por el cumplimiento de las leyes. Por ejemplo, el señor Ricardo Guerrero Alvarado, abogado que arbitrariamente llegó a cerrarnos el negocio en representación del INE, y el presidente de la misma entidad, José Antonio Castañeda, deben estar conscientes de la magnitud del delito que cometen prestándose a ser herramientas de la represión del Gobierno, y poniendo en entredicho el nombre del INE, que es una institución que históricamente actuaba de forma profesional y velaba por el cumplimiento de las leyes.
Tratado como enemigo
“La principal razón de nuestra decisión fue la inseguridad que sentimos al vernos señalados como enemigos del Gobierno. En circunstancias normales uno puede defender sus derechos ante las distintas instancias gubernamentales, pero en la Nicaragua de hoy no existe esa posibilidad. El cierre del negocio, aunque fue algo totalmente ilegal y arbitrario, es algo que se supera y uno puede iniciar de nuevo, pero estando en la mira del régimen, es un peligro inminente permanecer en el país”.
Empresario Juan Carlos Habed Cornavaca, a quien el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le confiscó su negocio.