Armas de guerra contra el pueblo

El informe de Bellingcat ha venido a confirmar las denuncias previas sobre este crimen de Estado. Y seguramente servirá como refuerzo de los otros informes sobre el uso de armas de guerra contra el pueblo

Una mala consejera, Nicaragua

El informe de Bellingcat sobre las armas utilizadas por la Policía y las fuerzas parapoliciales o paramilitares en los ataques represivos contra la UNAN de Managua y la iglesia de la Divina Misericordia, el 13 de julio del año pasado, y contra la población de Masaya los días 17 y 18 de julio, confirma las denuncias previas de que el régimen de Daniel Ortega libró una verdadera guerra contra el pueblo autoconvocado.

Bellingcat (que significa “poniendo el cascabel al gato”) es un prestigioso sitio web británico especializado en investigar conflictos armados, abusos contra los derechos humanos y actividades criminales de gran significación.

Entre sus trabajos conocidos más relevantes se cuentan la verificación y denuncia del uso de armas químicas por parte del régimen de Siria en la guerra civil de ese país árabe; la localización de campos de entrenamiento de la organización terrorista Estado Islámico; y la confirmación de que fue el Ejército ruso el que derribó con un misil el avión de pasajeros de Malasian Airlines, el 17 de julio de 2014, matando a 298 personas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya había indicado en su informe que las fuerzas represivas del régimen de Ortega y Murillo usaron armas de guerra contra la población. También Amnistía Internacional, en su informe titulado “Sembrando el terror” hizo detalladamente la misma denuncia, señalando que se disparó a mansalva inclusive contra quienes se manifestaban desarmados. Y lo mismo denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ahora, el informe de Bellingcat ha venido a confirmar las denuncias previas sobre este crimen de Estado. Y seguramente servirá como refuerzo de los otros informes sobre el uso de armas de guerra contra el pueblo, como prueba fundamental en el caso de un juicio que se haga en el futuro por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Nicaragua el año pasado.

Por otra parte, el uso verificado de armas de guerra en la represión deja claro lo que las máximas autoridades del régimen orteguista querían decir con la expresión “vamos con todo”, que transmitieron a sus huestes políticas cuando estallaron las protestas de abril según el testimonio público de Ligia Gómez, quien para entonces era gerente de área y secretaria política del FSLN en el Banco Central de Nicaragua.

“Vamos con todo” significaba que el régimen orteguista había decidido enfrentar la protesta del pueblo como si fuera una guerra, aunque la otra parte estaba desarmada y apenas algunas personas autoconvocadas, a título individual, pudieron medio defenderse con armas livianas y de fabricación artesanal.

De manera que lo ocurrido no fue una guerra, sino una masacre de la población civil con poderosas armas de uso militar. Eso es lo que explica también el horroroso saldo de 325 víctimas mortales de la represión, confirmadas por la CIDH, pero más de 500 según organismos locales de derechos humanos.

Esa enorme cantidad de nicaragüenses asesinados, incluyendo los del bando gubernamental, claman por una auténtica justicia.

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