La falta de actuación de la Contraloría General de la República (CGR) ante denuncias de corrupción institucional, uso de recursos públicos para fines partidarios, saqueos de alcaldías, acusaciones contra altos funcionarios durante los últimos 12 años de gobierno sandinista, hace poco probable que esa institución responda a la solicitud de auditar a la Junta Directiva del Consejo Regional de la Costa Caribe Sur de Nicaragua.
La solicitud la hizo esta semana el consejero regional del Caribe Sur, William Allan Brown Lucas, para que la Contraloría investigue el uso de 5.5 millones de córdobas otorgados en 2018 al Consejo Regional, para remodelar las oficinas de esa institución, ubicadas en la ciudad de Bluefields.
Brown asegura que pidió explicaciones a los miembros de la Junta Directiva del Consejo —controlada por los sandinistas—, sobre el destino del dinero, debido a que la remodelación está detenida y solo se ha avanzado en un veinte por ciento del proyecto con esa primera partida que corresponde a la mitad de lo que se invertirá, según denuncia enviada al contralor orteguista Luis Ángel Montenegro, presidente de la CGR.
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El excontralor Agustín Jarquín manifestó que en principio hay una responsabilidad administrativa que el Consejo Regional está incumpliendo, porque no están rindiendo información detallada de la ejecución presupuestaria, como lo manda la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621).
Jarquín explicó que ante la solicitud del concejal Brown, la CGR debe instruir a la delegación regional de la Contraloría en Bluefields para elaborar un plan de auditoría sobre el caso que solicita Brown, según los establecimientos de la Ley Orgánica 681 de la Contraloría General de la República.
Sin embargo, Jarquín reconoció que en los últimos años la CGR no cumple ninguna función: “Estamos en el tiempo de los inverosímiles, donde la institucionalidad y la ley se está dejando de lado para actuar de hecho contrario a los intereses de la población”.
En los últimos años, la oposición política ha calificado a la CGR de inoperante y parasitaria por no responder a las denuncias de corrupción de la dictadura.
Aún así, sigue recibiendo presupuesto. La CGR recibió este año 250.3 millones de córdobas, de los cuales se destina 11.7 millones para fiscalización y control externo gubernamental.
El año pasado recibió 269.8 millones de córdobas, es decir, 19.5 millones de córdobas más que este año.
Contraloría no investiga
En enero de 2018, el contralor orteguista Luis Ángel Montenegro, presidente de la CGR, se declaró incompetente para investigar al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, sancionado por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción y violación de derechos humanos.
También en enero del año pasado, al menos cinco alcaldías del país fueron saqueadas por los funcionarios sandinistas salientes, tras ganar las elecciones municipales la oposición en esas localidades.
La Ley Orgánica 681 de la Contraloría General de la República faculta para hacer exámenes que incluye oficios, estudios, investigaciones, auditorías, por disposición de ellos (los contralores).