Reforma fiscal pretende dejar más indefensos a los contribuyentes y aumenta secretismo



Reforma fiscal pretende dejar más indefensos a los contribuyentes y aumenta secretismo

Régimen elimina derecho a la prórroga para presentar pruebas contra medidas del Fisco

15/02/2019

Más de 10,100 millones de córdobas ambiciona recaudar el régimen de Daniel Ortega con el paquetazo fiscal que amenaza con profundizar la recesión económica. LA PRENSA/ Uriel Molina

Dos golpes más dará la dictadura orteguista a los contribuyentes y a los medios de comunicación con su propuesta de reforma fiscal al eliminar la obligación de publicar en medios impresos las disposiciones administrativas en materia de impuestos. Además los contribuyentes no podrá solicitar prórroga de diez días adicional para presentar las pruebas cuando no esté de acuerdo con las auditorias realizadas por el Fisco.

Un análisis jurídico-técnico de la propuesta de reforma a la Ley de Concertación Tributaria de la firma Báez Cortés y compañía limitada, señala que como parte de los cambios en el Código Tributario se limitan los derechos a la defensa del contribuyente ante la autoridad, y se limita los medios por los cuales se puedan acceder a las disposiciones fiscales.

Entre los artículos que reformarán del Código Tributario están el 5 donde el régimen elimina la necesidad de publicar las disposiciones administrativas en dos medios de comunicación escritos de circulación nacional para efectos de su vigencia, indica la firma Báez Cortés.

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Además en el artículo 92 se limita el derecho a la defensa del contribuyente, pues si bien se mantienen los 10 días para apelar las resoluciones sobre las auditorias a los negocios, se elimina el poder pedir prórroga por un mismo plazo para presentar las pruebas contra decisiones adoptadas por Ingreso y Aduanas que no le favorezcan al contribuyente.

(VIDEO) Régimen mantiene zarpazo fiscal contra empresas y consumidores

La diputada liberal y miembro de la Comisión Económica, Azucena Castillo, refirió que la intención del régimen es “ampliar la discrecionalidad” de la Dirección General de Aduana, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Ingresos “para imponer lo que les convenga a ellos sin que el usuario pueda reclamar”.

Castillo recordó que el paquetazo fiscal es con fines recaudatorios porque “urge” en cubrir el déficit presupuestario, “lo cual es un error porque estas reformas no son viables en una economía en recesión porque harán que las empresas quiebren más rápido”, dijo.

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Retroceso

El análisis del economista Alejandro Aráuz es que la dictadura con sus reformas fiscales y de la seguridad social están causando “un retroceso a los años ochenta” de la economía de Nicaragua.

Aráuz refirió que al ligar estas dos reformas se atenta contra la ya frágil estabilidad de las empresas y del empleo, debido a la crisis económica como consecuencia de la inestabilidad política debido a la represión, que desde abril pasado, mantiene el régimen en contra de los sectores que demandan una salida institucional.

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El régimen orteguista está imponiendo duras medidas fiscales en su desesperación por obtener financiamiento para sostener las finanzas públicas. Con sus reformas busca recaudar unos 317 millones de dólares en 2019. LA PRENSA/ U. MOLINA

“Todo se ha vuelto un verticalismo terrible, estamos de retroceso a los años ochenta, es un retroceso de los períodos de cualquier tramitación porque se quiere castigar con más fuerza a contribuyente porque le vas a cobrar más y no le permitirás reclamar”, dijo Aráuz.

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Golpe a medios críticos

Otro de los cambios sensibles en el artículo 5 del Código Tributario pues bastará que las disposiciones administrativas sobre los impuestos se publiquen en la página web de la Administración Tributaria, para que entren en vigente. Es decir que los usuarios deberán estar revisando la web de la Dirección General de Ingresos (DGI), del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA). Actualmente la ley dice que para efectos de su vigencia las disposiciones tributarias se deben publicar al menos “en dos medios de comunicación escritos de circulación nacional”, sin detrimento de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

“Eso resta transparencia y limita la información porque si vos no tenés acceso a internet cómo vas a estar revisando esos sitios, todos sabemos que lo práctico es que se publiquen las disposiciones en los medios impresos, pero con eso también se quiere golpear a los medios independientes”, dijo la diputada liberal, Azucena Castillo.

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Azucena Castillo (derecha) con la presidenta del PLC, María Haydée Osuna. LA PRENSA/ ARCHIVO/ J. FLORES

Con esto se da un segundo golpe a la industria editorial de Nicaragua, incluyendo medios de comunicación impresos, porque en la reforma fiscal se establecen impuestos selectivos de consumo (ISC) de hasta 5 por ciento a insumos y materia prima de uso editorial, que actualmente están exentos.

Usuarios en indefensión

El economista Alejandro Aráuz cuestionó que con las modificaciones en el Código Tributaria, mediante la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, el régimen orteguista crea “un gran vacío” jurídico “para que ningún sector pueda recurrir contra acción del gobierno” en materia de impuestos. Aráuz teme a través de las reformas a los reglamentos estos “pueden ser más dañinos oneroso y dañino que la propia ley” porque son en estos donde se definirán plazos y procedimientos en el sistema de los impuestos.

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