El drama de las presas políticas del régimen de Daniel Ortega no solo se limita a la privación de libertad. Las mujeres son víctimas de tratos crueles e inhumanos, discriminación, violencia sexual, falta de atención médica, amenazas y hostigamiento.
Todo esto fue denunciado este 14 de febrero por representantes de la sociedad civil durante la audiencia privada “Situación de derechos de las mujeres privadas de libertad en Nicaragua”, realizada en Bolivia, como parte del 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, por medio de su sitio web.
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Según los datos obtenidos a través de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras y la Comisión de Registro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), cerca de 102 mujeres fueron detenidas ilegalmente en el contexto de la protestas cívicas contra el régimen de Daniel Ortega, por policías y paramilitares; de estas, se tiene información de 68, las cuales aún están detenidas.
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Según la información expuesta en la página web de la organización de derechos humanos, de las 68 presas políticas, cuarenta están siendo judicializadas y 17 ya fueron condenadas; las penas son desde seis meses hasta cuarenta años.
Otras 26 mujeres se encuentran detenidas en la Cárcel de Mujeres, La Esperanza, tres tienen casa por cárcel, otras están en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote, o en delegaciones policiales departamentales, expusieron las organizaciones.
Cabe mencionar que debido a la ausencia de información por parte de las autoridades nicaragüenses, las cifras sobre los presas políticas son imprecisas.
Entre los ponentes en la audiencia estuvieron representantes del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh); las últimas dos organizaciones operaban en Nicaragua, pero su personería fue cancelada por el régimen orteguista.
El calvario del encierro
La mamá de una presa política relató que “el centro penitenciario La Esperanza ha sido una celda de aislamiento y de castigo. El chantaje y el maltrato verbal y en algunos casos físicos, han sido recurrentes por parte de las autoridades”.
Explicó que adentro del penal las presas políticas están aisladas del resto de reclusas y que “son tratadas como si tuvieran peste”.
Por su parte, Ana Quirós, del Cisas, quien sufrió en carne propia la represión del orteguismo, al ser expulsada del país, también señaló que las 26 presas políticas de La Esperanza se encuentran hacinadas en dos celdas con espacio para ocho personas y solo tienen un baño.
La feminista dijo que las presas “viven en zozobra permanente, con amenazas constantes y visitas de hombres uniformados, armados y con perros”.
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No hay justicia
Además de las violaciones a sus derechos humanos que deben soportar las presas políticas, han sido víctimas de las violaciones al debido proceso. Ana Bolaños, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, dijo que las mujeres “han sido arrestadas sin órdenes de detención judicial, acusación previa por parte del Ministerio Público ni denuncia previa en su contra”. Destacó que las presas han sido remitidas a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote, donde sufren “extensos y reiterados interrogatorios y a distintas formas de violencia”. Dichas acciones evidencian el “actuar coordinado entre los órganos que conforman el Sistema de Justicia Penal de Nicaragua, particularmente la Policía Nacional, el Ministerio Público y el poder judicial”, dijo.
Que liberen a los presos
Después que organizaciones de derechos humanos expusieron la situación de las presas políticas durante la audiencia privada “Situación de derechos de las mujeres privadas de libertad en Nicaragua”, realizada en Bolivia, como parte del 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitaron a la CIDH que exhorte al Estado de Nicaragua a liberar a los presos políticos, a que establezca un corredor humanitario que facilite atención médica, humanitaria, de calidad y de confianza a todos los detenidos, a que traslade a las personas transgénero a celdas de acuerdo con su identidad de género y a que cumpla con las medidas cautelares otorgadas a más de ocho presas políticas, se lee en el sitio web del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.