Jóvenes autoconvocados continúan presos por capricho del orteguismo

Cuatro autoconvocados tienen orden de libertad por obtener fallos absolutorios, pero aún siguen presos

Guillermo Sobalvarro y Albert Monroe. LA PRENSA

Al régimen orteguista no le importa lo que manda la Constitución Política de Nicaragua ni las demás leyes penales existentes. Cuatro autoconvocados tienen orden de libertad por obtener fallos absolutorios, pero aún siguen presos por capricho y saña de la Policía Orteguista y del Sistema Penitenciario Nacional.

Uno de los casos es el de los jóvenes autoconvocados Guillermo Sobalvarro Oporta y Albert Monroe, acusados de robar en la casa del comisionado Juan Valle Valle, jefe de Tránsito de Managua. Han pasado cuatro meses y unos días desde que la juez Nancy Aguirre, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Juicio de Managua, ordenó su libertad (16 de octubre 2018) porque no hay pruebas en su contra.

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Sin embargo, siguen presos y sus madres no terminan de peregrinar de los juzgados al Sistema Penitenciario y a Gobernación, en busca que las autoridades respeten la orden de libertad.

Esta semana se dio la audiencia de apelación en la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua y tanto su abogada Yonarqui Martínez como sus madres salieron con la esperanza de que los magistrados ratifiquen la sentencia absolutoria de la judicial de primera instancia.

La magistrada ponente es Ingrid Lazo. “Esperamos que los magistrados sostengan la sentencia absolutoria a favor de Guillermo Sobalvarro y Albert Monroe y la orden de libertad”, dijo Yonarqui Martínez.

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Durante la audiencia, la Fiscalía pidió que se anulara la sentencia porque dice que sí ocurrió un delito, pero la juez dijo que la prueba era contradictoria y que no fueron ellos los que cometieron el ilícito.

El Ministerio Público solicita que una vez declarada la nulidad de dicha sentencia se convoque a un nuevo juicio en un juzgado distinto al que emitió la sentencia recurrida.

La sentencia absolutoria se basó en la “duda razonable” que favorece a los enjuiciados porque las declaraciones de los testigos, incluyendo el de la “víctima”, comisionado Juan Valle Valle, no coinciden en día y hora de la ocurrencia de los hechos.

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“Las órdenes judiciales son de ineludible cumplimiento, no se discuten, se acatan, pero aquí Gobernación hace lo que quiere. Lo que le están haciendo a mis representados es una violación a los derechos humanos, procesales y constitucionales. Aquí no hay derecho, es una imposición de poderes políticos, porque en cualquier estado de derecho los jóvenes ya estuvieran en libertad”, recalcó la abogada defensora.

Otro caso en Carazo

Mientras en Jinotepe, Carazo, el ciudadano Raúl Ernesto Rojas Bello tiene tres meses y 12 días de guardar prisión, a pesar de tener orden de libertad en virtud de un beneficio de casa por cárcel otorgado por un juez de ejecución de sentencia. Fue condenado por portación ilegal de armas de fuego y municiones, aunque no le ocuparon ni un arma y la Policía Orteguista lo presentó como líder de tranque en Jinotepe, ante de los medios de comunicación oficialistas.
El abogado Manuel Ramos Tardencilla, defensa de Rojas, logró el cambio de medida cautelar el 6 de noviembre de 2018 por ser una pena menor, porque no tiene antecedentes penales.

Líder de la UNA

En Managua, el líder universitario José Ramón González, miembro de la mesa del Diálogo Nacional, ahora desaparecido, cumple hoy 23 días de detención ilegal, puesto que el pasado 25 de enero el juez Walter William Vargas, titular del Juzgado Quinto Local Penal de Managua, lo absolvió de los delitos de obstrucción de servicios públicos y daños en perjuicio del Estado de Nicaragua y la Policía Orteguista, porque la Fiscalía no probó dicha acusación y ordenó su inmediata libertad, pero a la fecha el joven sigue preso, denunció su abogado Elton Ortega.

El caso de Carlos Valle

Otro caso de violación a derechos humanos y constitucionales es el del preso político Carlos Valle, quien lleva 157 días secuestrado en el Chipote y no lo llevan ante un juez ni lo liberan, como manda la ley.

Valle fue secuestrado por la Policía Orteguista el pasado 15 de septiembre de 2018, cuando participaba en la marcha “Juntos Somos Patria”.

Valle demandaba la libertad de su hija Elsa Valle, exprisionera política del régimen.

El autoconvocado fue detenido cerca del mercado Roberto Huembes cuando una patrulla policial lo interceptó y, sin dar explicaciones, lo subieron por la fuerza al vehículo. Horas antes de su captura, en el paso a desnivel de la Colonia Centroamérica, un sujeto no identificado se estacionó junto a un grupo de antimotines y le gritó a Valle que su hija Elsa era “una vaga”, insultos que hicieron enojar a Valle y le propinó un golpe al motociclista.