Defensores de derechos humanos cuestionan ascensos de orteguistas en CSJ 

Los últimos ascensos obedecen a pagos por “servilismo y obediencia partidaria” al régimen de Daniel Ortega, sostienen los defensores

LA PRENSA/R. FONSECA

Los últimos ascensos a magistrados de apelaciones, jueces de distritos y locales penales, ocurridos en el poder judicial este año, obedecen a pagos por “servilismo y obediencia partidaria” al régimen de Daniel Ortega, porque han condenado sin pruebas a presos políticos, afirman defensores de derechos humanos y madres de presos políticos.

Se refieren al nombramiento como magistrados de los exjueces orteguistas Rosario Peralta y Ernesto Rodríguez. Este último fue de “dedo”, puesto que ni siquiera estaba en la lista de espera a vacantes por no haber participado en concurso al mérito en el 2017.

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“Los méritos de él (Rodríguez) es ser fiel a los que mandan desde El Carmen (lugar donde opera la Secretaría del Frente Sandinista, dirigida por Daniel Ortega y Rosario Murillo)”, dijo Pablo Cuevas, defensor de DD. HH.

“Esto es un secreto a voces, todo mundo sabe cómo funcionan aquí las cosas, eso es corrupción. El poder judicial no tiene ninguna independencia”, expresó Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha oficializado públicamente el nombramiento de Rodríguez, como sí hizo el de la exjuez Rosario Peralta en enero pasado, pero la noticia ya se regó por todas las dependencias del poder judicial.

Influencia del Ejecutivo

Cuevas agregó que el poder ejecutivo mueve sus fichas de manera estratégica. “El nombramiento de Rodríguez no es casualidad. Es un pago al servilismo, es un movimiento a conveniencia, deben mantener los fallos de culpabilidad contra los autoconvocados en apelaciones”, dijo.

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Aleyda Gadea, tía de uno de los autoconvocados de Estelí condenado por exposición de personas al peligro en perjuicio de policías que andaban bien armados durante una marcha cívica en ese departamento, expresó que esos nombramientos es una muestra más de que el poder judicial está al servicio de la dictadura.

“Eso ratifica que el poder judicial está corrupto y que está al servicio de la dictadura. No hay voluntad de liberar a los presos políticos, más bien están perfeccionando su plan para confirmar sentencias en segunda instancia. Es obvio que es un circo. Sabemos que hay un rosario de arbitrariedades: son secuestrados, son juicios espurios. Un profesional que se aprecie debió declararlos nulos desde el inicio”, dijo la afectada.

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Rodríguez era titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua, donde condenó de forma irregular a los blufileños autoconvocados Brandon Lovo y Glen Slate por el asesinato del periodista Ángel Gahona, el pasado 21 de abril, durante el primer mes de protesta cívica contra el orteguismo.

También declaró culpable al líder campesino Víctor Díaz, acusado de terrorismo. Ahora, ocupará la vacante que dejó la magistrada Vida Benavente en la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua, que recientemente pidió su jubilación.

Mientras Peralta, era titular del Juzgado Tercero Distrito Penal de Juicio de Managua, ahora está en el Tribunal de Apelaciones de Granada. Condenó a las hermanas Olesia y Tania Muñoz de Niquinohomo por terrorismo y otros delitos. También condenó a Jaime Navarrete, otro autoconvocado, por la muerte de un paramilitar que anduvo limpiando barricadas entre junio y julio de 2018.

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Cuevas agregó que los nombramientos en el poder judicial deben hacerse mediante el procedimiento establecido en la Ley de Carrera Judicial, ante un comité evaluador, “y tengo entendido que esto no se dio. Se lo dan porque ha actuado como esbirro desde su puesto de juez”.

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