Más ilegalidades en juicios políticos en Nicaragua

El juez Ernesto Rodríguez permitió que la Fiscalía introdujera en juicio contra ocho autoconvocados de Diriá, Granada, al testigo identificado como código cinco sin ser debidamente acreditado

El juez Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua, permitió que la Fiscalía introdujera en juicio contra ocho autoconvocados de Diriá, Granada, al testigo identificado como código cinco sin ser debidamente acreditado, denunció una de las defensas en el caso. Además, este testigo es de oída porque todo lo que relató en juicio es lo que sus supuestos informantes le dijeron.

“El testimonio de un agente encubierto que se infiltra en una organización debe de venir a decir como testigo lo que él vio y no lo que le cuentan sus informantes”, alegó el abogado en juicio.

Los reos políticos afectados por esa ilegalidad son Rogerio Adrián Ortega Franco, César Augusto Fernández Castillo, Johana Auxiliadora Espinoza Delgado, Franklin José López Ruiz, Brenda María Muñoz Martínez, José Miguel Castro Espinoza, Marvin Alexander Oporta Mora y Cindy María Castillo Obando, acusados de la quema de la Alcaldía de Diriá y la casa comunal del Frente Sandinista; robo y otros delitos.

Sin firmas ni sellos

Otra prueba ilícita que permitió el judicial son unas documentales sobre los supuestos daños ocasionados a la alcaldía en mención, pero no tienen ni firma ni sello de esa dependencia y no están en papel membretado, hicieron ver los abogados defensores, pero aún así fueron dejadas, durante la audiencia preparatoria a juicio.

Durante el inicio del juicio pasaron a declarar la alcaldesa, el vicealcalde de Diriá y el secretario político del frente en esa localidad, lo relevante del último testigo es que no identificó a ninguna persona armada.

El juicio fue suspendido a solicitud del Ministerio Público y continuará el día 19 de febrero a las 2 de la tarde, aunque se desconoce si el juez Rodríguez lo culminará ahora con su nombramiento como magistrado de apelaciones, aunque la Corte Suprema aún no lo ha oficializado.

Los reos son acusados de crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, asesinato frustrado, entre otros delitos.

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