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Periodistas, Nicaragua

Lucia Pineda Ubau, jefa de prensa de 100% Noticias y Miguel Mora, director del mismo medio, secuestrados por la Policía Orteguista desde el pasado 21 de diciembre de 2018.

Juez orteguista programa juicio a periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda

El juez orteguista Edgar Altamirano solicitó al departamento de evidencias de la Policía Nacional que le lleve los elementos de convicción al juicio, los cuales consisten en cinco CD conteniendo material audiovisual, donde supuestamente los periodistas incitan al odio

El juez orteguista Edgar Altamirano, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua programó juicio para los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, para el próximo 18 de marzo a las 9:00 de la mañana. Mora es el director del canal 100% Noticias y Pineda es jefa de prensa de dicho medio.

Ambos son acusados de “proposición, provocación y conspiración para cometer actos de terrorismo”, por informar a través del canal 100 % Noticias la represión brutal que ejerció el régimen de Daniel Ortega, contra el pueblo nicaragüense en los meses más duros de protesta entre el 18 de abril y 30 de julio de 2018.

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El judicial, además, mandó a solicitar al departamento de evidencias de la Policía Nacional que le lleve los elementos de convicción al juicio, los cuales consisten en cinco CD conteniendo material audiovisual, donde supuestamente los periodistas incitan al odio a través de dicho medio de comunicación televisivo. Los discos fueron ocupados a cinco supuestas víctimas, entre ellas Karla Torres, Marbely Aráuz, Reynaldo Rosales Porras, entre otros.

Denunciaron condiciones inhumanas

Mora y Pineda tuvieron la oportunidad de denunciar ante una comisión de diputados europeos, que visitó Nicaragua en enero pasado, las condiciones inhumanas en que se encuentran encarcelados como el hecho de que Mora permanecía en una celda oscura, húmeda, mal oliente, durmiendo en cama sin colchón a expensas de los zancudos en el Chipote.

Mientras Lucía tenía que hacer sus necesidades fisiológicas en un papel sobre la mano para luego empacarla en una bolsa porque no hay servicio higiénico en su celda.

Además: Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau denuncian maltrato psicológico

Ambos fueron trasladados a finales de enero, del Chipote al sistema penitenciario nacional de hombres y mujeres respectivamente, donde siguen aislados, según denunciaron familiares.

Militantes del frente son testigos

Entre las pruebas ofrecidas por la Fiscalía orteguista están las testificales de los militantes del Frente Sandinista, quienes denunciaron a los periodistas de “utilizar el canal de televisión para sembrar y promover el odio contra los sandinistas y provocaron la muerte de sus familiares en los tranques de la muerte”.

Julio Montenegro abogado de ambos comunicadores, manifestó que la acusación contra ambos periodistas “carece de fundamentos” y consideró que “no se puede acusar a una persona por ejercer el libre ejercicio de informar”.

Mora durante la visita de los diputados europeos lo único que pidió fue un bombillo y una biblia, pero nunca se lo concedieron.

También: “Nos pidió luz y una biblia”, la petición que hizo Miguel Mora a los eurodiputados en El Chipote

Tanto Mora como Pineda fueron secuestrados el 21 de diciembre de 2018 cuando estaban en su centro de trabajo, por policías antimotines quienes subieron a Mora con violencia a la patrulla policial.

“Fue un operativo como de 150 efectivos policías se toma las instalaciones del canal como si fuera del Chapo Guzmán (narcotraficante peligroso) y tuviera unos 60 sicarios y quienes estaban dentro era mi esposa, mi jefa de prensa, un controlista, un conductor y otra señora y a todos nos capturaron con 50 pistolas con rayo láser porque miraba los puntos rojos por donde quiera, y Ak y nos trajeron para acá al Chipote”, relató Mora a los eurodiputados el día que lo visitaron en el Chipote.

Acusación

Las audiencias preliminares para ambos periodistas se realizaron el 22 y 23 de diciembre de 2018, la acusación contra ambos periodistas es considerada por exfiscales penalistas como una “aberración jurídica” sin fundamento legal. Además, no especifica las acciones supuestamente cometidas por los procesados y los hechos no encajan en el tipo penal, ni reúnen los requisitos del Código Procesal Penal.

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