Reforma fiscal muestra al régimen con apetito voraz recaudatorio

Presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez atacó a la “cúpula Cosep” por rechazar las medidas

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Los diputados orteguistas en la Comisión Económica dieron visto bueno a la reforma tributaria que grava con IVA a la mayoría de los productos de la canasta básica. LA PRENSA/ U. MOLINA

Aunque algunos sectores esperaban que luego de la reunión con los cinco empresarios más importantes del país, el sábado pasado, el dictador Daniel Ortega desistiera de aprobar la reforma a la Ley de Concertación Tributaria (LCT) como un gesto real, que demostraría su voluntad de querer propiciar condiciones para impulsar una negociación sobre la crisis sociopolítica, las medidas fiscales continuaron su proceso y se espera que sean aprobadas esta semana en la Asamblea Nacional.

La iniciativa de reforma a la LCT y el dictamen validándola siguen en la orden del día de temas que serán aprobados por los diputados, según lo registra la web de la Asamblea.

El orteguista y presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, Wálmaro Gutiérrez, dijo ayer a medios oficialistas que están listos para aprobar el paquetazo fiscal el que el legislador insistió en que “ garantizan el empleo y la captación de recursos para nuevas obras”.

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Esos son planteamientos contrarios a los que sostiene el sector privado de que tendrá la reforma fiscal en una economía en recesión. El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) advirtieron que las medidas profundizará la recesión pues la economía podría caer hasta un 10 por ciento, al causar más desempleo, acelerar el cierre de empresas formales y encarecer la producción y la canasta básica.

La economía del país cayó cuatro por ciento en 2018, según el iniciativa de reforma a la LCT. La recesión económica es consecuencia de la crisis sociopolítica causada por la represión del régimen contra los nicaragüenses.

Nicaragua cumple diez meses de una grave crisis sociopolítica por la represión, que inició contra de las manifestaciones que estallaron en abril pasado, en un inicio en oposición a unas reformas a la seguridad social -entonces derogadas-, pero que rápidamente demandaron la salida del poder de Ortega, de la cogobernante, Rosario Murillo y el adelanto de las elecciones.

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Organismos de derechos humanos han documentado entre 325 y 535 muertos, miles de heridos, más de 700 presos políticos y unos 80 mil nicaragüenses exiliados debido a la represión del régimen.

Al texto original de la reforma fiscal sufrió ajustes menores en la Comisión de Producción, pero se mantuvo en gran medida el objetivo de clavar impuestos a varios productos de la canasta básica, a las materias primas que se usan para producir alimentos, las maquinarias, entre otros.

También el régimen apunta a aumentar el anticipo mensual de las medianas y grandes empresas en 2 y 3 por ciento, pese a que estas han advertido que las dejará sin liquidez y las llevará al borde de la quiebra y las empujará a despedir personal.

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El orteguista Gutiérrez rechazó la catástrofe económica a provocar la reforma y se centró en atacar a los directivos del Cosep por negarse a participar en la “consulta”.

“Seguimos insistiendo que en este caso, de estas cámaras que están agrupadas en Cosep, el peor enemigo que estas cámaras han tenido es su misma cúpula, porque la verdad es que estas cámaras y los empresarios que se aglutinan alrededor de estas cámaras tienen una intención muy clara; producir, exportar, comerciar, hacer negocios, activar la economía, empujar este barco como nos corresponde. Pero desgraciadamente esos intereses de esos gremios no se corresponden con los intereses de esa cúpula”, señaló Gutiérrez.

En la “consulta” a la reforma fiscal sí acudieron algunos representantes de empresas miembros de Cosep, pero la mayoría fueron sindicalistas, empresarios, universidades y movimientos afines al sandinismo.

Con el paquetazo fiscal el régimen busca recaudar unos 317 millones de dólares para cubrir el déficit presupuestario, una meta que el sector privado ha dicho que fracasará.

Gutiérrez reconoció la necesidad que tienen de fondos. Eso causado por la crisis, que es consecuencia de la represión del gobierno. “Todos los recursos que son captados por esta reforma tributaria, en su gran mayoría van destinados a garantizar la ejecución del Plan de Inversiones Públicas que en este país ronda casi los 17 mil millones de córdobas en este momento y que necesitamos garantizarlo”, dijo.

Impacto en canasta básica

En el dictamen de la reforma a la Ley de Concertación se mantiene la decisión de gravar con impuesto la producción nacional de bienes de uso para el hogar como papel higiénico, jabones de lavar y baño, detergente, pasta y cepillo dental, desodorante, escoba, cerillos o fósforo y toalla sanitaria. También se gravará la producción nacional de vestimenta, tales como: pantalones, faldas, camisas, calzoncillos, calcetines, zapatos, chinelas, botas de hule, blusas, vestidos, calzones, sostenes, camisolas, camisolines, camisetas, corpiños, pañales de tela, y ropa de niños y niñas.

PLC presentó voto razonado

Jimmy Blandón, jefe de la bancada Partido Liberal Constitucionalista (PLC), informó que ayer presentaron en la junta directiva el voto razonado donde exponer el rechazo a las medidas fiscales.

“Esta reforma tributaria es contraproducente a los objetivos que persigue e introduce más incertidumbre a la economía” porque “pretender recaudar impuestos, a costa de la liquidez de las empresas en una economía en recesión, trasciende la prudencia del manejo de la política pública”, razona el PLC.

Blandón dijo que los 14 legisladores del PLC votarán en contra de la reforma fiscal, pues respaldan la postura del sector privado en que mientras no se resuelva la crisis sociopolítica mediante un “diálogo verdadero y de buen fe”, toda medida económica será contraproducente.

El PLC es un partido colaboracionista del gobierno, bajo la dirección del expresidente Arnoldo Alemán.

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