A dos meses de cautiverio la periodista y presa política Lucía Pineda Ubau está recluida en una celda de aislamiento en el Sistema Penitenciario de Mujeres La Esperanza, por órdenes del régimen de Daniel Ortega.
Este miércoles su abogado Julio Montenegro denunció que la Fiscalía orteguista está obstaculizando el derecho a la defensa material de Lucía, al no entregarle los medios de prueba que ofreció y así él poder preparar su defensa para el juicio que está programado para el 18 de marzo.
Pineda está siendo procesada junto a su colega Miguel Mora, director de 100 % Noticias, por supuesta provocación y conspiración para cometer actos terroristas, en concordancia con apología e inducción al terrorismo; eso solo por informar los graves acontecimientos ocurridos en Nicaragua entre abril y julio, los meses más duros de la represión del régimen orteguista, que dejó 325 personas asesinadas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Montenegro afirmó que tiene más de 15 días de estar pidiendo que le entreguen los videos que la Fiscalía ofreció como elementos de prueba para el juicio, pero lo están mandando de un lugar a otro y hasta ayer seguía sin respuesta.
“Me dicen que los tiene la Policía, pero eso no es cierto porque si ya los ofrecieron de prueba es porque ya los tienen en sus manos. Eso obstaculiza la defensa material porque yo tengo fechas límites para presentar mi escrito de intercambio de pruebas”, dijo Montenegro.
Sigue el asedio
En la celda de Pineda durante el día entra tímidamente la luz del sol y por la noche se mantiene en tinieblas porque la celda carece de bombillo eléctrico. Ella recibe media hora de sol a la semana y la visita familiar de tres horas la tiene reducida a una hora, relató su tío materno Alejandro Ubau, quien sostiene que los dos meses de secuestro de su sobrina han sido difíciles y complejos para la familia.
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“Doloroso ver que bajo razones absurdas, cargos que no se corresponden con la realidad se le prive del derecho a la libertad a una comunicadora social. Son meses muy críticos, pero de mucha unidad familiar y de reafirmar la fe en Dios que tiene que haber justicia y libertad para ella, don Miguel y todos los prisioneros políticos en Nicaragua”, dijo Ubau.
En el mismo sentido, Montenegro expresó que la acusación contra Lucía y Miguel carece de fundamento legal y desde el asedio previo al secuestro es una historia de arbitrariedades.
En la acusación contra los periodistas narran una serie de acontecimientos ocurridos durante la protesta social contra el régimen, entre el 18 de abril y el 30 de julio de 2018, en un intento por justificar los señalamientos, la dictadura los hace responsables de varios asesinatos en tranques, pero carecen de relación entre los hechos y los procesados.
“La acusación no es clara, son parches de historias de personas que perdieron la vida durante las protestas y quieren forzar un hilo conductor mencionando que en el canal 100 % Noticias Lucía y Miguel instaban a cometer delitos, pero ninguno de ellos logra probar eso. No hay circunstanciación de los hechos, no dicen qué día, qué hora los periodistas dijeron que mataran a su familiar. No hay correspondencia entre acusación y elementos de prueba, nunca debió ser admitida”, dijo Montenegro.
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Como muestra, uno de los relatos en la acusación es el ocurrido el 15 de junio a eso de las 2:30 p.m., “cuando terroristas encapuchados, unos cien sujetos entraron a la casa de Róger Escobar Gutiérrez, en Villa Progreso, Managua, quienes ingresaron a la vivienda gritando ‘dónde está el sandinista, paramilitar, mata estudiante’ y dieron el nombre de la víctima…
Son relatos sin sentido que no vinculan en nada a mis representados. Dónde está la prueba que fueron ellos los que les dijeron a estas personas desconocidas a través del canal de televisión que fueran a la casa de esta persona. Son cosas absurdas”, explicó Montenegro.
El abogado agregó que la Fiscalía no debió acusar sin cumplir con requisitos establecidos en el artículo 77 del Código Procesal Penal que manda a que esta sea clara, precisa y circunstanciada, es decir, tenés que detallar quién, cómo, cuándo, dónde, por medio de qué, para qué hizo tal acción que debe estar tipificada en el Código Penal.
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“Ni siquiera debió ser admitida y el intercambio de prueba es debilucho, sin fundamento, arbitrario, subjetivo, carente de valor, y que definitivamente tampoco debió remitirse a juicio”, explicó el abogado.
Nulidades absolutas
Montenegro explicó que el caso está plagado de irregularidades desde el momento de la emisión de la orden de allanamiento en horas no hábiles y sin justificar la razón.
“Desde que se ingresa al canal con una orden de allanamiento que se emitió una hora después de que se introduce la acusación a las 4:00 p.m. en los juzgados, cuando a esa hora ya no hay personal judicial. La orden iba para Miguel, sin embargo se llevaron a Lucía, Verónica Chávez, esposa de Miguel, y otras personas más que luego soltaron.
Además el allanamiento fue realizado por fuerzas conjuntas de la Policía y paramilitares, lo cual es ilegal, por lo tanto la prueba obtenida es ilegal, y por consiguiente todos los actos sucesivos son nulos”, explicó Montenegro.
Informar no es un delito
Respecto a la tipificación del delito acusado, el abogado explicó que el artículo 32 del Código Penal de Nicaragua deja claro que “no se considerará apología el ejercicio de la libertad de pensamiento, de expresión y el derecho de información que no contravenga la Constitución”, por tanto, los informadores no pueden ser juzgados por ese tipo penal porque ellos estrictamente lo único que hicieron fue dar cobertura a la crisis social e invitar a analistas políticos para que opinaran al respecto.
En el mismo sentido abogados penalistas expresaron que “la acusación contra Mora y Lucía es esencialmente política porque no hay una acusación directa de un hecho delictivo cometido por los acusados. Hablan de llamarlos policías sandinistas, pero antes se hablaba de guardia somocista y eso no es delito”, explicó un exfiscal, que por seguridad omitimos su nombre.
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Los penalistas coinciden en que lo único que persigue el régimen es dar aparente legitimidad al cierre del medio informativo, para evitar que se siga difundiendo información que no les conviene y declarar ilegalmente el decomiso de los bienes de Mora, violando la Constitución Política de Nicaragua.
Durante los 310 días de protesta ciudadana en Nicaragua han asesinado a un periodista Ángel Gahona, se han exiliado más de setenta periodistas independientes por asedio en su contra, se han quemado radios como Radio Darío en León, se han cerrado programas de televisión, se han allanado oficinas de medios de comunicación como Confidencial y Esta Semana.
En octubre del 2018, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) otorgó el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2018 al periodismo independiente de Nicaragua. En esa ocasión Miguel Mora, en representación del periodismo viajó a Salta, Argentina, para recibir el máximo galardón que reconoce el profesionalismo y valentía del gremio ante la violencia del régimen orteguista.
El premio fue entregado en la edición 74 de la Asamblea General de la SIP, que se celebró en Argentina.
Víctimas de tortura sicológica
En enero pasado, cuando una comisión de diputados europeos visitó Nicaragua para constatar las constantes denuncias de violaciones a derechos humanos de parte del régimen orteguista, estos lograron ver y hablar con Miguel Mora y Lucía Pineda en sus celdas en el Chipote y vieron las condiciones en que estaban. Por ejemplo, Mora estaba en una celda oscura, hasta con problemas de visión, lo único que pidió fue un bombillo y una Biblia.
Mientras Lucía manifestó hacer sus necesidades en un papel en la mano porque carecía de servicio higiénico.
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“Cuando nos dimos cuenta de eso, sentimos indignación, pero por otro lado al escucharla a ella tan enérgica y tan clara de su posición nos motiva a seguir adelante. En Nicaragua están criminalizando la libertad de prensa, la libertad de expresión, de movilización, han deteriorado el Estado de Derecho, sin embargo debemos seguir alzando la voz por la libertad de todos los y las presas políticas”, dijo Alejandro Ubau.