La Comisión Porras a finales de enero visitó las ciudades de Diriamba y Jinotepe para supuestamente investigar los hechos de violencia que se vivieron en esos dos municipios en el período de abril a julio de 2018 en que duraron las protestas en contra del régimen, pero se les olvidó visitar a las familias de los manifestantes asesinados.
La comisión del régimen integrada por el sacerdote Francisco Molina, el subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín; el vicerrector general de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), Jaime López Lowery; la médica y exdiputada sandinista Mirna Cunningham, y el analista político afín al dictador Daniel Ortega, Cairo Amador Arrieta, se reunieron solamente con autoridades de la Policía, alcaldías y líderes sandinistas.
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Para las madres que perdieron a sus hijos en las protestas, ese tipo de favoritismo resta credibilidad al trabajo que realiza dicha comisión.
Doña Eva Ruth Campos perdió a su hijo José Manuel Narváez Campos, de 22 años, el 8 de julio en la operación limpieza que ejecutó el Gobierno con sus paramilitares y policías. Ella no está de acuerdo con que se visite solamente a instituciones o a una parte de las personas afectadas.
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“Se está tomando en cuenta solo a personas afines al Gobierno. A mí nadie me vino a visitar y creo que la justicia no está siendo pareja. Ellos (la comisión) nos hubiesen visitado por lo menos para escuchar opiniones. Me he sentido indignada e impotente, porque la situación no ha mejorado, seguimos en las mismas. El asedio se sigue dando, la justicia no prevalece y queremos respuesta”, dijo Campos, oriunda de Jinotepe.
A José se le conocía como Chema Campos y su sueño era tener un restaurante. Su asesinato sigue en la impunidad.
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“Aquí nunca se hizo justicia, nunca se investigó a nadie, tampoco supe cómo se dieron los hechos, sigo esperando que alguien me lo diga”, expresó su progenitora.
Más asesinados
A las familias de Gerald Barrera Villavicencio, de 26 años, y de Alejandro Carlos Ochoa, de 17, tampoco nadie los visitó para investigar sus muertes.
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Ellos eran oriundos de Jinotepe y los asesinaron los paramilitares y policías el 8 de julio.
Masacrados el 8 de julio
Otra que también se queja de la Comisión Porras es doña Elízabeth Velásquez, habitante del barrio Francisco Chávez, de Diriamba. “Yo me di cuenta que esa comisión andaba por aquí, pensé que iban a venir a mi casa, pero me quedé esperando. Si solo ven a una parte, ¿entonces para qué existe? ¿Cuál es su funcionalidad? Esto debería de ser parejo, nadie les va a creer nada”, cuestionó. Su hijo Josué Israel Mojica García, de 20 años, fue también asesinado el 8 de julio por los grupos armados aliados al Gobierno. En este caso tampoco se hizo justicia. Elizabeth dice que no descansará hasta saber quién se lo mató.