Víctor Manuel Díaz González, de 34 años, es el tercer líder del Movimiento Campesino Anticanal que fue condenado a 25 años de cárcel por el régimen de Daniel Ortega, después de Medardo Mairena y Pedro Mena, quienes fueron sentenciados la semana pasada a 216 y 210 años de cárcel, respectivamente.
Díaz es originario de la comunidad El Fajardo, Río San Juan.
De los 25 años de prisión, 17 son por terrorismo, cuatro años por lesiones graves, dos años por daño agravado, un año por entorpecimiento al servicio público y un año de prisión más cien días multa, equivalentes a 5,931 córdobas, por hurto al Instituto Nacional Forestal. La condena fue dada en el Juzgado Tercero Distrito Penal de Juicio de Managua.
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La condena se da cuando los dirigentes campesinos Francisca Ramírez y Nemesio Mejía están solicitando la liberación de todos los presos políticos antes de que inicie el Diálogo Nacional con el régimen orteguista, mañana 27 de febrero.
El régimen suspendió la semana pasada varias audiencias a presos políticos, pero Díaz González estaba pendiente de lectura de pena.
Lo señalan de tranquista
La Fiscalía acusa al líder campesino de montar y ser el líder del tranque ubicado en El Tule, municipio de San Miguelito, y en la rotonda de la comarca La Argentina en San Carlos, Río San Juan, durante las protestas cívicas entre junio y julio de 2018, mismos que fueron instalados ante la violenta represión del régimen de Ortega contra la ciudadanía por demandar elecciones adelantadas.
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El campesino autoconvocado fue capturado el 9 de agosto en el empalme de Las Azucenas, Río San Juan, cuando viajaba a bordo de un taxi y lo bajaron con violencia para privarlo de libertad.
Díaz fue acusado junto a los campesinos Cleto José Gutiérrez Sevilla y Miguel Ángel Rizo Campos, quienes huyeron a las montañas, ya que la cacería en el campo de parte de policías, Ejército y paramilitares se mantiene en la zona.
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Las acciones que les atribuyen son las ocurridas el 7 de julio de 2018 a eso de las 12:30 de la madrugada, cuando supuestamente entró a la casa albergue de la comunidad Nueva Jerusalén en San Carlos, Río San Juan, acompañado de otros cuarenta hombres armados. Según la defensa, ningún testigo señaló directamente cuáles delitos cometió Díaz.
Campesinos son perseguidos
Durante estos 315 días de protestas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado una cacería feroz contra los campesinos que participaron de alguna manera en las protestas cívicas en contra de su dictadura, en demanda de democracia y justicia.
La saña con que los ha tratado se refleja en las grandes condenas impuestas, la persecución de muchos de ellos que están en el exilio como Francisca Ramírez y el asesinato del campesino Darwin Ezequiel Rostrán Polanco, de 24 años, quien fue acusado de terrorismo, junto al alcalde liberal de Mulukukú, Apolonio Fargas Gómez, y luego fue torturado y asesinado por oficiales de la Policía Orteguista, según lugareños.
Jueces siguen declarando culpables
Además en el Juzgado Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua se declaró culpable a Carlos Lumbí Velásquez y Ricardo Matus, originarios de La Concepción, Masaya, por secuestro simple y amenazas en perjuicio de Justo Flores y Margina Carballo Bustos.
En el debate de la pena la Fiscalía pidió dos años de prisión por secuestro y nueve meses de prisión por amenazas, aunque el fiscal manifestó su inconformidad porque el juez Melvin Vargas García no los declaró culpable de tortura.
Según acusación del Ministerio Público, ambos procesados estuvieron en el tranque de La Concha y supuestamente dispararon morteros contra la vivienda de Margina Carballo, a quien señalan de simpatizante sandinista.
Suspensión de pena
Arnulfo López, abogado defensor de los concheños Carlos Lumbí Velásquez y Ricardo Matus, pidió la pena mínima de seis meses por amenazas y solicitó la suspensión de pena, puesto que Lumbí es menor de 21 años, no tiene antecedentes y está preso desde agosto de 2018, por lo que ya prácticamente cumplió la pena.
López también solicitó la suspensión de la pena para Matus, debido a que pidió la pena mínima de un año por secuestro simple, no tiene antecedentes y ya tiene seis meses de estar en prisión.
El juez Melvin Vargas leerá la sentencia mañana 26 de febrero, a menos que suspenda dicha lectura de sentencia.