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GIEI dice que “tesis de golpe de Estado” no exime de responsabilidad en crímenes de lesa humanidad

Experta del GIEI: "No hay ninguna justificación para que un funcionario oculte su calidad y ataque a los ciudadanos que debe proteger"

Las declaraciones a un canal europeo del jefe de la Policía Orteguista, Francisco Díaz, sobre la participación de agentes junto a paramilitares en las sangrientas operaciones limpieza se suma a las evidencias ya investigadas por el Grupo  Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

LA PRENSA entrevistó por correo a Claudia Paz y Paz, quien formó parte de ese grupo especial que investigó los sucesos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, cuando se cometieron delitos de lesa humanidad por parte del Gobierno y el Estado.

Claudia Paz, exfiscal guatemalteca y parte de la CIDH.
LAPRENSA/EFE

LA PRENSA: ¿El informe del GIEI es un informe conclusivo y concluido? ¿O es actualizable?

Es concluido, tuvimos un mandato de seis meses que culminaba el 2 de enero y en el mismo informe puede encontrar las conclusiones.

La comisión de expertos que integran el GIEI  ¿sigue activa e integrada de forma permanente o una vez que salieron del país y concluyeron el informe han terminado funciones?

Hemos terminado nuestras funciones.

Sobre la entrevista en video que otorga el comisionado Francisco Díaz a un canal de TV europeo: ¿Les aporta algo nuevo de lo dicho por el funcionario policial a la investigación? ¿Qué implicaciones tiene para ustedes en su informe la explicación textual de Díaz sobre la participación policial en los sucesos violentos de 2018?

Francisco Díaz reconoce que funcionarios policiales se integraron a las fuerzas paramilitares como agentes encubiertos. La presencia de funcionarios policiales, vestidos de civil, atacando a población civil, vulnera todos los estándares internacionales en la materia. No hay ninguna justificación para que un funcionario oculte su calidad y ataque a los ciudadanos que debe proteger.

El Gobierno insiste en su tesis de “golpe de Estado”, ¿avala o descarta el informe del GIEI esa hipótesis?

El GIEI constató que se trató de manifestaciones espontáneas, no encontró ninguna evidencia que avale lo expresado por el Estado. Más adelante el propio presidente Daniel Ortega acusó que lo que pasó fue un intento de “golpe” una “conspiración armada” promovida por fuerzas internas y externas. Sin embargo, el análisis solicitado por el GIEI sobre la actividad registrada en redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube), referente a las protestas en Nicaragua para determinar si hubo o no interferencias o intentos de desinformar y qué impacto tuvieron estos intentos en el desarrollo de los acontecimientos, concluyó que el comportamiento de las redes sociales no influyó en forma deliberada en los acontecimientos. Para ello se analizaron más de tres millones de tuits en un período comprendido entre el 6 de marzo y el 10 de junio. Aunque diversos grupos intentaron dirigir la comunicación en favor y en contra del Gobierno de Nicaragua, estos intentos no tuvieron éxito ni influyeron en las interacciones, puesto que la gran mayoría de las personas pudo expresar su punto de vista y compartir los diversos sucesos que han vivido. Las redes sociales sí fueron claves en mantener a la población informada de los sucesos en Nicaragua, en permitir la participación de la ciudadanía en el discurso público y en la comunicación hacia el exterior de lo acontecido. Este estudio también es significativo porque desarma uno de los argumentos de que las movilizaciones y protestas hacían parte de un movimiento que propiciaba un “golpe de estado planificado”, ya que demuestra que no hubo un movimiento anormal durante todo el período anterior, durante y posterior al período cubierto por el presente informe” (página 31 del informe).

Un análisis un poco más jurídico: ¿Exime o exonera de responsabilidad penal a un funcionario el argumento de “golpe de estado” como justificación para explicar la violencia ocurrida?

En todo caso no eximiría de responsabilidad en el uso excesivo de la fuerza ni en crímenes de lesa humanidad.

Masaya, Monimbó, protestas, Nicaragua
Varias personas fueron detenidas por los paramilitares, quienes requisaban las casas en la entrada del museo Camilo Ortega, aledaño al barrio Monimbó. LA PRENSA/ Cortesía

¿Qué dijo Paco Díaz?

El medio Dagbladet, de Noruega, publicó un video a inicios de febrero donde el jefe de la Policía Orteguista, Francisco Díaz, justifica a los paramilitares como “policía voluntaria”. Díaz dijo: “Pero están debidamente legalizados. Participaron como lo establecen nuestras normas jurídicas, no a como lo establece la derecha nicaragüense”.  El periodista replicó preguntando: ¿Por qué algunos agentes estaban enmascarados durante los operativos? “No todos ellos eran policías voluntarios, también policías nuestros, profesionales, legalmente pueden usar lo que llamamos pasamontaña para proteger su identidad. Entonces, muchos de ellos, que andaban de civil, no eran policías voluntarios, eran nuestros policías profesionales. La mayoría eran policías profesionales en trabajo encubierto”, respondió Díaz.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch
Los paramilitares se movilizan a bordo de camionetas y se identifican por un pañuelo de color blanco en la mano izquierda. LA PRENSA/Cortesía

La presencia de los paramilitares

A  partir de mayo en Nicaragua se comenzó a observar la participación de grupos paramilitares como arma para reprimir violentamente las protestas ciudadanas que estallaron en abril; aunque “su actuación más notoria se verificó en los meses siguientes”. El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirma la existencia de estos “grupos paraestatales”, a los que dedica todo un capítulo. De acuerdo con el informe del GIEI, “durante los hechos de violencia sucedidos a partir de la crisis de 2018 pudo verse la actuación de grupos con un alto poder de fuego y organización que salieron a las calles utilizando armas de guerra”.

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