Aprueban paquetazo fiscal y empresa privada advierte que esto provocará un alza en el valor de la canasta básica

Aprueban paquetazo fiscal y empresa privada advierte que esto provocará un alza en el valor de la canasta básica

Empresa privada alerta de que canasta básica superará los 17,000 córdobas tras la aprobación del paquetazo fiscal

27/02/2019
Asamblea Nacional, Nicaragua

En la sesión en la Asamblea llamó la atención la ausencia de los diputados orteguistas Edwin Castro y Wilfredo Navarro, quienes forman parte del equipo del régimen en el diálogo. LA PRENSA/Uriel Molina

La empresa privada advirtió que la aprobación del paquetazo fiscal, que el régimen de Daniel Ortega concretó este miércoles en la Asamblea Nacional, afectará transversalmente a “toda la población” y se materializará con alzas en cascada en varios productos de la canasta básica, mayor desempleo y aumento de la informalidad.

Sin presentar ningún estudio técnico y pese al clamor del sector privado de que no se aprobara dicha reforma, por su brutal impacto, la plancha orteguista en la Asamblea Nacional avaló el paquetazo fiscal con 69 votos a favor y 15 en contra.


 

Las reformas tributarias y a la Seguridad Social: Un ejemplo de la política de distracción de Daniel Ortega


El régimen además dejó plasmado en la reforma a la Ley de Concertación Tributaria que esta quedaría abierta a nuevos ajustes dentro de tres meses, cuando se valorará el rendimiento de la misma.

El vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Sergio Maltez, afirmó que la reforma tributaria provocará un aumento mínimo del 29 por ciento del costo total de la cesta familiar, que hasta enero se situaba en 13,500.8 córdobas.

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De concretarse esa previsión, los hogares nicaragüenses deberán soportar un aumento de por lo menos 3,915 córdobas adicionales, por lo que el valor de la cesta se elevaría a 17,415 córdobas.

“La implementación de estas reformas fiscales afectarán transversalmente a toda la población, generarán más desempleo, informalidad y encarecimiento del costo de vida. Según los cálculos de Cadin, la canasta tendrá un incremento mínimo del 29 por ciento del costo actual”, sostuvo Maltez.

En la Asamblea Nacional alargaron durante un mes la discusión de las reformas a la Ley de Concertación Tributaria (Ley 822), pero decidieron finalmente aprobarlas el mismo día que se reanudó el Diálogo Nacional entre la dictadura de Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Es decir que cuando las medidas entren en vigencia, una vez publicada en el diario oficial, La Gaceta, los nicaragüenses comenzarán a sentir por parejo el impacto del ajuste fiscal.

El régimen mantuvo su posición de clavar impuestos a varios productos de la canasta básica, a las materias primas que se usan para producir alimentos, las maquinarias, entre otros.

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El golpe a las empresas será al aumentarse el anticipo mensual del Impuesto sobre la Renta (IR) al 2 y 3 por ciento para las medianas y grandes empresas. Hasta ahora estas reportaban al Fisco el 1 por ciento mensual de los ingresos totales. Todo esto apunta a una mayor descapitalización, en un contexto de sequía de crédito nacional e internacional y derrumbe del consumo interno.

A pesar que el presidente de la Comisión Económica, el orteguista Wálmaro Gutiérrez, hasta retó a los liberales en el plenario a demostrar que la población tendrá que pagar más por adquirir los alimentos y productos familiares, en la práctica esas medidas sí van en contra de los nicaragüenses.

¿Cómo se evitará el alza de la Canasta Básica?

Lo que no explicó Gutiérrez es cómo se garantizará que los precios de los productos no suban, si varios de estos ahora deberán pagar impuesto, que generalmente las empresas trasladan al consumidor.

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En el paquetazo fiscal el régimen ordenó cobrar impuestos en productos como la producción nacional de bienes de uso para el hogar: papel higiénico, jabones de lavar y baño, detergentes, pasta y cepillo dental, desodorante, escoba, cerillos o fósforo y toalla sanitaria.

También se gravará la producción nacional de vestimenta, tales como: pantalones, faldas, camisas, calzoncillos, calcetines, zapatos, chinelas, botas de hule y botas de tipo militar con aparado de cuero y suela de hule para el campo, blusas, vestidos, calzones, sostenes, camisolas, camisolines, camisetas, corpiños, pañales de tela, y ropa para niños.

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En cuanto a los alimentos cárnicos, por ejemplo, los orteguistas gravaron con IVA ahora la costilla, cortes especiales y la lengua en carnes de res y en el pollo los filetes, que hasta ahora no pagaba impuesto. En la carne de cerdo pagarán impuesto ahora las chuletas, costilla y tocino; se mantiene gravados los filetes y lomos.

El régimen incluso gravó hasta las bolsitas de café instantáneo, el arroz de calidad 80/20 en cualquiera de sus presentaciones, así como los insumos que se usan para producir.

Con la reforma fiscal, ahora todas las bebidas no alcohólicas a base de leche, aromatizadas, con frutas o cacao natural o de origen natural, pagarán Impuesto al Valor Agregado. En lo que sí desistió el régimen fue cobrar impuesto al pan dulce tradicional.

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Sin embargo, el golpe más devastador del ajuste fue que el régimen decidió gravar las materias primas o insumos que se usan en la elaboración de varios productos terminados o industrializados, entre los que figuran arroz, azúcar, carne de pollo, leche líquida e íntegra, aceite comestible, huevos, café molido, harina de trigo, jabón de lavar, papel higiénico, pan simple y pinolillo. Hasta ahora todo esto estaba exento, lo que permitía hacer más asequible cada uno de estos productos.

Quedó latente una segunda reforma

Durante el debate en la Asamblea, el diputado Gutiérrez presentó trece mociones de cambios al proyecto de la reforma tributaria donde la mayoría fueron de redacción y otras, pero de menor alcance, relacionadas con mantener exoneradas del IVA a las empresas de factoraje.

El cambio más fuerte propuesto por Gutiérrez fue que en tres meses, después que las reformas entren en vigencia, la dictadura revisará si las medidas les generan la recaudación ambicionada, pues de no ser así adoptará nuevas medidas fiscales.

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Que haya una segunda reforma tributaria en 2019 quedó abierto en el numeral IV de la ley, donde se crea la “concertación y participación inclusiva tributaria”, el cual dice: “Las autoridades competentes del Poder Ejecutivo deberán mantener un constante monitoreo, supervisión y vigilancia de todas y cada una de las medidas tributarias adoptadas en la presente ley y su reglamento; los efectos producidos en la recaudación y el desempeño de las actividades económicas y productivas de los diferentes sectores económicos, sociales gremiales y empresariales del país”.

El texto agrega que “a más tardar, al finalizar el primer trimestre posterior a la entrada en vigencia de la presente ley se deberá convocar a un proceso de revisión integral entre autoridades del Gobierno y el sector privado en su conjunto con la finalidad de conocer y evaluar los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de la presente reforma, así como discutir y acordar las medidas de ajustes que permitan mejorar la implementación de la ley, superar posibles dificultades y corregir distorsiones que pudieran presentarse”.

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Nicaragua vive desde hace diez meses una profunda crisis sociopolítica debido a la represión del régimen orteguista contra las manifestaciones de ciudadanos que exigen la salida del poder de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Como consecuencia de la inestabilidad política existe una recesión económica, que se profundizaría por el combo de medidas fiscales y a la seguridad social impuestas por la dictadura.

Reforma fiscal usada como arma política

Para economistas consultados, la aprobación de la reforma fiscal tiene una connotación política pues se aprobó el día cuando se reanudó el diálogo.

“Hay un riesgo eminente de fraccionar la representación de los delegados al diálogo y dividirlos, es una estrategia aparentemente hábil para prolongar la permanencia del actual gobierno”, afirmó el economista Alejandro Aráuz.

Para Aráuz, que coincidieran el mismo día dar casa por cárcel a cien reos políticos y reanudar el diálogo fue para intentar desviar la atención de la población sobre la estocada a la canasta básica con el paquetazo fiscal que aprobó en la Asamblea, ese fue el objetivo del régimen.

Por su parte el expresidente del Cosep, Erwin Krüger, manifestó que en términos económicos la reforma fiscal es “inadecuada” por la profunda recesión económica.

“El país está en una recesión y esta aprobación de esta ley va a tender acelerar el proceso recesivo, si antes la caída (del Producto Interno Bruto) sería de 4 a 6 por ciento, al retirarle el ingreso real a las personas lo que va a suceder es que la recesión será mayor, porque habrá menor consumo, más empresas van a cerrar y eso viene afectar al mismo Gobierno que aprobó la ley, porque no van a generar los niveles de ingresos que esperan. Entonces es una política fiscal pobre, en un momento económico malo”, expresó

Krüger coincide en que aprobar el paquetazo fiscal en el contexto político es contradictorio. “Primero te dan un mensaje positivo (con el inicio del diálogo), pero luego lo contrarresta con esta ley, no se entiende, pareciera que quieren hacer las cosas políticamente correctas, pero al mismo tiempo con la manos izquierda sabotean el proceso al aprobar esta ley”, añadió.

Wálmaro Gutiérrez: Son “tapazos”

El orteguista Wálmaro Gutiérrez defendió el zarpazo fiscal repitiendo el discurso de que “solo se hace pagar más a los que ganan más”, sin embargo no pudo rebatir los argumentos técnicos de quienes las critican. Para Gutiérrez son “tapazos” las advertencias de que se causará mayor desempleo y elevará el costo de la canasta básica. El legislador insistió en que las medidas “se necesitan” para asegurar el Plan de Inversión Pública y sobre todo para “sostener financieramente al INSS”.

Régimen está desfinanciado

Al régimen le urge obtener unos 10,100 millones de córdobas (317 millones de dólares) para cubrir el déficit del Presupuesto Público 2019, una meta que el sector privado sostiene que no la cumplirá porque se llevaría a la quiebra a muchas empresas, aumentará el desempleo y acelerará los niveles de pobreza en el país.

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