El diálogo o negociación política —para el caso es lo mismo— de la Alianza Cívica con la dictadura de Daniel Ortega, está previsto a comenzar hoy con mucha esperanza, por un lado, pero por otra parte con escepticismo, desconfianza e inclusive rechazo.
Si nos atenemos a los comentarios que predominan en las redes sociales y medios de comunicación, la negociación le inspira desconfianza a mucha gente. Lo cual es comprensible. No se puede esperar otra cosa dado que se va a dialogar o negociar con un régimen que masacró a centenares de hermanos nicaragüenses para aplastar el estallido social del año pasado, que dejó miles de heridos y exiliados, que tiene como rehenes a más de 700 presos políticos, algunos de ellos condenados a desmesuradas penas de prisión —como el dirigente campesino Medardo Mairena—, y todos castigados con inhumanas condiciones carcelarias.
Se comprende entonces que la principal demanda de la población agraviada por la dictadura sea la inmediata libertad de todos los presos políticos y justicia verdadera para las víctimas de la masacre. Para muchos esto es tan importante como la anticipación de las elecciones para recuperar la democracia y el Estado de derecho.
De manera que la Alianza Cívica tendrá que negociar con el régimen orteguista en un ambiente político y social muy tenso. Incluso los negociadores de la Alianza deben estar claros de antemano, que cualesquiera que sean los resultados de esta negociación, aunque fuesen los mejores que pudieran conseguir, de todos modos muchos ciudadanos los van a rechazar y hasta habrá quienes los califiquen como traidores a la sangre derramada y los intereses del pueblo.
Uno de los principales cuestionamientos públicos al diálogo de la Alianza Cívica con la dictadura es que no se incluyó en el equipo negociador a las madres de los mártires y los presos políticos. Y que además fueron excluidos los campesinos, los exiliados y los defensores de los derechos humanos. Pero a nuestro juicio tienen razón quienes dicen que es imposible incluir en la delegación de negociadores a representantes de todos los sectores. Inclusive podrían ser muy grande el grupo de 19 personas —entre propietarios, suplentes y asesores—, designadas por la Alianza Cívica como su equipo negociador. Para ser eficaz una negociación política requiere de pocos pero hábiles negociadores. Si los objetivos gruesos que se pretende alcanzar ya están definidos, tres y a lo sumo cinco personas podrían ser suficiente.
También se cuestiona a la Alianza por no conseguido el restablecimiento del respeto a la libertad de expresión y de prensa, así como al derecho de manifestación pública. Esta demanda, lo mismo que la libertad de los presos políticos, es justa sin duda, y aunque una parte de los reos sea liberada, la Alianza propondrá como punto inicial la liberación de todos.
En todo caso, por el bien de Nicaragua hay que darle oportunidad al diálogo. En vez de descalificarlo de previo hay que alentar a los negociadores y esperar el desarrollo de los acontecimientos, sobre todo los resultados de la negociación en el caso de que los hubiera.