Régimen se “guarda” a más de 600 presos políticos para usarlos como fichas de cambio



Régimen se “guarda” a más de 600 presos políticos para usarlos como fichas de cambio

El rostro del maratonista Álex Vanegas, encarcelado por correr para correr al régimen, fue visto ahí, entre los presos que fueron saliendo en microbuses

Tras la liberación a medias de cien presos políticos, el régimen de Daniel Ortega decidió mantener en prisión a más de seiscientos autoconvocados, que analistas consideran serán las fichas de negociación de la dictadura en la mesa de diálogo que instaló este miércoles con miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y donde se abordarán temas relacionados con profundas reformas electorales e institucionales.

Ortega suavizó las medidas cautelares a un grupo de presos políticos, pero optó por mantener en las cárceles a los principales líderes e iconos de las protestas civiles desde el 18 de abril pasado.

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No dejó en libertad a los estudiantes Edwin Carcache, Yaritza Mairena, Victoria Obando, Levis Rugama, Nahiroby Olivas y Amaya Coppens.

Tampoco permitió el beneficio de casa por cárcel a los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Lener Fonseca; la comerciante Irlanda Jerez, Olesia Muñoz y Christian Fajardo.

Siguen presos los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. Son solo algunos de los nombres más conocidos y reconocidos por su liderazgo en las protestas que demandan la salida de Daniel Ortega del poder.

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Asimismo, no salieron los jóvenes blufileños Brandon Lovo y Glen Slate, cuyo juicio fue bastante mediático, porque fueron condenados por el asesinato del periodista Ángel Gahona, aunque testigos aseguran que el autor del crimen fue un policía orteguista. La salida de los reos políticos, motivó dudas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

Presos políticos como “moneda de cambio”

La liberación de cien presos políticos se dio el mismo día de la reanudación del Diálogo Nacional entre el gobierno de Daniel Ortega y representantes de sectores opositores, agrupados en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

El Comité de Familiares Pro Liberación de Presos Políticos manifestó este miércoles en un comunicado que la decisión de liberar solo a una pequeña cantidad de presos políticos demuestra la “intención del gobierno de utilizarlos como moneda de cambio en sus negociaciones”.

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“Solo aceptaremos la liberación total y sin condiciones para nuestros presos políticos”, expresaron los familiares.

El Comité de Familiares reportaba 767 presos políticos hasta este miércoles que fueron liberados cien, es decir, solo el 13 por ciento del total de prisioneros políticos.

Mientras que el último reporte oficial del Ministerio de Gobernación fue de casi trescientas personas detenidas en el contexto de las protestas. Esto equivaldría a casi el treinta por ciento.

Piden anular juicios

La mayoría de los presos políticos han sido condenados por terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, portación de armas, entre otra serie de delitos.

Los familiares de los presos explicaron que las constantes violaciones al debido proceso en los casos contra presos políticos, como la detención ilegal, la inclusión de pruebas y testigos falsos y la parcialidad de los jueces, son causas suficientes para anular los juicios.

El padre del preso político Edwin Carcache, de igual nombre, pidió a los miembros de la Alianza Cívica ser “fuertes” en su demanda de liberación de todos los presos políticos, incluyendo a su hijo que está preso desde septiembre del año pasado, por participar en las protestas civiles.

“Tenían que haber sido liberados todos, porque si vamos a hablar de un diálogo honesto y franco, la honestidad empieza en liberar a personas que injustamente están siendo procesadas. Edwin no tiene ni causa, ni juicio ni juez, nunca se le celebró nada de eso”, lamentó Carcache.

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El Movimiento Campesinos Anticanal, una de las organizaciones más fuertes y organizadas que se venía oponiendo a las acciones de Ortega desde 2013, tiene al menos a cuatro de sus líderes presos por participar en las protestas, entre ellos Medardo Mairena, condenado a 216 años de prisión.

Henry Ruiz, miembro de este movimiento, considera que Daniel Ortega ve en los campesinos a “sus fichas más pesadas sobre la mesa del diálogo”, por las que va a pedir beneficios.

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Recordó que los campesinos representan una fuerza creíble ante la sociedad y que se enfrentaron al régimen durante cinco años, por la defensa de su tierra ante el proyecto canalero. Dicho liderazgo sirvió de conexión con la lucha universitaria, hecho que Ortega no lo permitirá otra vez.

Juicios políticos

Para el abogado penalista Nelson Cortez estas liberaciones a través de figuras legales, que en muchos casos no caben, el régimen de Daniel Ortega está reconociendo la manipulación del sistema de justicia penal y que estos juicios son políticos y nunca debieron abrirse.

“Queda claro que esos expedientes se abrieron con fines políticos y no en búsqueda de paz y justicia social, que es el fin del derecho penal. Lo legal sería declarar nulos todos los procesos y consecuentemente la libertad”, dijo Cortez.

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El abogado agregó que aunque los presos políticos estén en libertad aún tienen la guillotina sobre su cabeza y en cualquier momento, cuando no tenga los resultados esperados en el Diálogo Nacional, van presos nuevamente.

“Existe una inseguridad para los presos políticos, porque los están utilizando como moneda de cambio, como un objeto para negociar aspectos políticos. Existe una amenaza real de que pueden ser privados de su libertad nuevamente, en momento de fracaso del Diálogo”, reiteró.

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En el mismo sentido, la exguerrillera Mónica Baltodano expresó que el hecho de que Ortega esté liberando a los presos políticos por grupos se debe a que “los ve como mercancía, como rehenes, con el propósito de ir chantajeando a la mesa del Diálogo Nacional”.

Solo imagen

El economista Alejandro Aráuz manifestó que el Gobierno quiere proyectar una imagen de estar cediendo a las demandas de la oposición con la liberación de algunos presos políticos, pero mantiene a los líderes de las protestas en la prisión para evitar nuevos levantamientos.

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“La liberación parcial de detenidos es una proyección de imagen que el Gobierno genera para el exterior, pero los detenidos que tienen características de líderes tienen casa por cárcel, es decir que tiene los hilos del control de futuras actividades movilizativas, para preservarse garantías de sostenerse en el poder”, dijo Aráuz.

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