Combatieron en la guerra en bandos distintos. Pero ahora, casi cuarenta años después, son presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega. Los personajes de esta historia son Alfonso Morazán, militar en retiro, y Noel Valdez, excomandante de la Resistencia Nicaragüense.
Desde una de las celdas del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en Tipitapa, en la que ambos están recluidos por manifestarse en contra de la dictadura, hoy reconocen que “Nicaragua se ha convertido en víctima de las políticas y acciones despóticas” del régimen.
Las celdas de La Modelo, como se le conocen popularmente, han sido un sitio de resistencia de los manifestantes contra la dictadura, quienes de diversas maneras han mantenido la protesta pese al encierro y la represión.
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Según el Comité Pro Liberación de los presos políticos, en el país hay unos 667 reos políticos tras la decisión del gobierno de mandar a sus casas, bajo la figura de régimen familiar, a unos 100.
A Morazán y Valdez les ha tocado vivir, desde su condición de reos políticos, este capítulo de la historia en que los reclusos han sido víctimas de torturas y golpizas, que es la manera como la dictadura ha intentado a acallarlos cuando cantan el Himno Nacional, o gritan consignas como Nicaragua Libre, o en casos como los ocurridos cuando un reo se pronuncia crítico contra el juez orteguista, su verdugo.
En una carta redactada el pasado 26 de febrero y que está dirigida a Ortega, ambos reos políticos Morazán y Valdez le demandan un Diálogo Nacional “amplio y sincero”, porque en la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde abril pasado “es impostergable la búsqueda de soluciones para la paz de las familias y pueblo nicaragüense”.
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La misiva de tres hojas contiene, además, una condena a la prepotencia y arrogancia gubernamental con la que, aseguran, actúa Ortega. Esto “no es una actitud de liderazgo, más bien es una demostración del menosprecio a los intereses generales al sobreponer los intereses personal de familia y partidistas”.
La autenticidad de la carta ha sido confirmada por familiares de Morazán. En esa misiva, le reprochan a Ortega además “el nivel de intolerancia gubernamental contra su mismo pueblo, centenares de fallecidos, lesionados, heridos, centenares de presos políticos y decenas de miles de nicaragüenses emigrando a países vecinos en búsqueda de seguridad de sus vías de la represión policial y paramilitar en todo el país”. También el desempleo, el aislamiento internacional y el retiro de la inversión extranjera.
Morazán es un militar en retiro de 57 años y fundador del Ejército Popular Sandinista (EPS). Fue secuestrado el pasado 22 de octubre en Matagalpa por supuestamente liderar uno de los tranques que la población levantó en la ciudad como forma de protesta contra Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Valdez, su ahora compañero de celda, también es originario de Matagalpa, donde fue detenido el pasado 12 de agosto por supuestamente estar involucrado en la muerte de Lenín Díaz Mendiola tras una marcha azul y blanco que fue atacada en la ciudad.
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Aunque la justicia orteguista los acuse de delitos como terrorismo, secuestro lesiones y exposiciones de personas al peligro, homicidio frustrado, amenazas de muerte y posesión ilegal de armas de fuego, ambos mantienen firme la posición de “que hoy nos encontramos arbitraria e ilegalmente encarcelados”.
Sostienen que su único delito es “reclamar justicia y libertad de expresión junto al pueblo que de manera cívica ha exigido democracia sí, dictadura no; respeto a los derechos humanos y no más represión gubernamental”.
Se unió a los azul y blanco
Morazán, según su hijo, el activista Yaser Morazán, aseguró que su padre apoyó siempre al orteguismo, pero que con las masivas protestas que surgieron en abril tras el anuncio de reformas a la Seguridad Social y que fueron reprimidas por las fuerzas policiales y paramilitares este desistió y se unió a los manifestantes azul y blanco. Fue víctima de constante asedio y persecución.
Se convirtió en el segundo preso político que no se pudo despedir de su madre, quien falleció en diciembre pasado, ya que no le concedieron un permiso especial que solicitaron sus hijos. En total, cuatro madres han muerto sin poder a sus hijos libres de las mazmorras orteguistas.