Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), confirmó que los miembros de este organismo están atentos al diálogo nacional y manifestó que las víctimas y familias de los presos políticos deben ser escuchados en ese proceso de negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y sectores de la oposición.
“Nos parece muy bueno que se haya reanudado el diálogo. Obviamente el diálogo, tal como hemos señalado anteriormente, tiene que escuchar a los familiares y a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Ellos deben ser parte de este proceso, ellas tienen que ser oídas y también en cualquier diálogo, sobre todo cuando estamos hablando de una grave crisis de derechos humanos”, dijo a LA PRENSA.
Falta de transparencia
Este miércoles que el gobierno de Ortega ordenó la salida de cien presos políticos, con motivo del diálogo, la CIDH criticó la falta de información estatal sobre la condición legal que tienen estas personas y también reiteró que la demanda de la organización es la liberación de todos los presos políticos.
Lea también: Régimen se “guarda” a más de 600 presos políticos para usarlos como fichas de cambio
Hasta el miércoles, los presos políticos eran 767, según el Comité de Familiares Pro Liberación de Presos Políticos. Mientras que el gobierno de Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, reportó al menos trescientos. Estas personas fueron detenidas por participar en las protestas civiles, pero la Fiscalía las acusa de una serie de delitos, entre estos terrorismo.
En la entrevista con LA PRENSA, Urrejola criticó la “falta de transparencia en la información” sobre las condición en que fueron liberados los cien presos políticos.
“Es fundamental que los propios presos y sus familiares entiendan bajo qué condiciones están hoy día en sus domicilios y (en qué condiciones fueron) puestos en libertad. Si los procesos siguen, si tienen orden de arraigo, si pueden salir de Nicaragua o no, y ahí creemos que hay una falta de transparencia en la información, que esperamos que el Estado pueda aclarar justamente, para poder nosotros a su vez pronunciarnos de manera más sustantiva sobre aquella situación”, dijo la relatora.
Urrejola estuvo en el país en mayo del año pasado, encabezando una delegación de la CIDH en los momentos más convulsos de la crisis que vive el país desde el 18 de abril, cuando comenzó la represión contra las protestas civiles que demandan la salida de Daniel Ortega del poder.
Informe de la CIDH
Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmaron la violencia estatal dirigida a aplastar las protestas civiles desde el 18 de abril.
El uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, incluyendo el uso de la fuerza letal de manera deliberada y sistemática; el uso de grupos parapoliciales con la tolerancia de las autoridades estatales; obstáculos en el acceso a la atención médica de urgencia a los heridos, como forma de represalia por su participación en las manifestaciones; un patrón de detenciones ilegales arbitrarias de jóvenes y adolescentes que participaban pacíficamente en protestas.