Humberto Belli | Extraña negociación

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Extraña negociación

Lo que complica el tema es que algunos opositores, bajo la indignación de la trifulca, mataron y maltrataron a miembros o simpatizantes del régimen

Es difícil negociar cuando hay temas no negociables. Un problema del diálogo actual es que la mayoría de los reclamos de la oposición son derechos que están consignados en la Constitución. Al acatar su cumplimiento el gobierno no está cediendo sino cumpliendo su obligación jurada, mínima y solemne. Solo imaginemos una negociación entre cónyuges sobre la repartición de sus bienes: uno le dice al otro: “Ya te hice la concesión de no seguirte pegando… ahora, ¿qué me das vos?” El gobierno no puede usar como cartas de negociación los derechos arrebatados al pueblo. Liberar a los injustamente detenidos, restaurar la plena libertad de expresión y movilización e, incluso, asegurar comicios libres y competitivos, son derechos y preceptos constitucionales irrenunciables; inalienables. El grueso de los reclamos planteados por la oposición, en el diálogo, consisten, precisamente, en la devolución al pueblo nicaragüense de aquellos derechos que nunca debieron serle arrebatados; son sencillamente decirle al gobierno: cumpla con su principal deber de respetar la Constitución y cumplir las leyes. Considerar estos derechos como negociables sería dar a los tiranos un incentivo formidable para pisotearlos y aparecer luego condescendientes al levantar la bota sobre el cuerpo lacerado de sus víctimas.

Un tema donde caben cierto tipo de negociaciones, o matices, es el de la liberación de los capturados a raíz de abril.

Los presos políticos, en el sentido estricto, deben ser liberados sin dilación. Lo que complica el tema es que algunos opositores, bajo la indignación de la trifulca, mataron y maltrataron a miembros o simpatizantes del régimen. El gobierno no querrá perdonar a estos a menos que hubiese una amnistía general. Pero la oposición tampoco la querrá porque sacrificaría la justicia liberando a quienes masacraron. Una solución alternativa sería establecer una comisión de la verdad neutral, que determine las responsabilidades penales de ciudadanos de ambos bandos, y cortes de justicia independientes para procesarlos. Es un tema espinoso.

Menos lo son las elecciones. Estas son negociables respecto al cuándo, aunque no tanto respecto al cómo. Esto, como decían los visitantes de la Unión Europea, es lo más importante. Si se llega a esa etapa de discusión, los negociadores opositores tendrán que discernir cuáles son los cambios mínimos exigibles para asegurar lo que es totalmente irrenunciable: que las elecciones sean plenamente libres, honestas y competitivas.

Respecto al calendario electoral no hay un imperativo muy claro. Los dos próximos años serán muy difíciles de administrar y hay muchos bemoles. Si Ortega llega hasta el 2021 tendrá que haber sorteado las brasas del INSS, el insalvable déficit fiscal y la furia ciudadana. Si las adelanta, esos problemas le tocarán a la próxima administración.

Es un tema que la oposición tendrá que negociar con ella misma.

El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.

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