Policía Orteguista derrocha dinero del pueblo para reprimir



Policía Orteguista derrocha dinero del pueblo para reprimir

También se paga espionaje que realizan los CPC, dice Vilma Núñez

policía, Nicaragua, protestas

Cada vez que corre un rumor sobre una posible protesta, hay un aumento desproporcionado de las fuerzas antidisturbios en las calles. LA PRENSA/R.FONSECA

Mientras la economía de Nicaragua se hunde, la Policía Orteguista (PO) derrocha los recursos del Estado para continuar la represión. Esto quedó evidenciado —una vez más— el pasado viernes, cuando la PO desplegó a sus agentes antidisturbios para rodear el perímetro de la Universidad Centroamericana (UCA), donde se realizaba un pequeño plantón.

La especialista en seguridad Elvira Cuadra explicó que el despliegue policial casi permanente “es una expresión más de la estrategia de represión y control del Gobierno sobre todas las formas de protesta o insatisfacción de los ciudadanos”.

Además, “el impacto que tienen este tipo de acciones es realmente contraproducente, así como inefectivos o contraproducentes han sido todas las acciones de represión desde abril hasta hoy. Ayer (viernes), con la protesta interna en la UCA quedó claro que el movimiento (estudiantil) está vivo y activo”, agregó Cuadra.

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Para la defensora de los derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia, el despliegue policial del viernes, además de un despilfarro de los recursos estatales, es “una demostración de fuerza y un empeño de Daniel Ortega de intimidar para que nadie se atreva a salir a la calle”.

¿De dónde sale el dinero usado para reprimir?

Para la especialista en seguridad, “cada uno de esos despliegues (policiales) requiere recursos importantes en términos humanos y materiales”. Y aunque no está claro cuánto le cuesta a los nicaragüenses el despliegue policial, se sabe que por ley “esos fondos salen del presupuesto institucional”.

Este año, el monto asignado a la PO, a través del Presupuesto de la República, fue de 3,586 millones de córdobas, una cifra ligeramente inferior a los 3,681 millones de córdobas que recibió en 2018, año en que la institución hizo uso desproporcionado de la fuerza.

Además, en el detalle del presupuesto dice que el monto destinado al programa de “Prevención, Seguridad Ciudadana” es de 1,881 millones de córdobas, una cantidad menor a los 2,077 millones de córdobas utilizados el año pasado. Por lo que resulta contradictorio que se mantenga el despliegue policial cuando tienen menos presupuesto.

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A criterio de Cuadra, la única explicación para que en un país en crisis económica se mantenga un fuerte despliegue policial es que “cada vez la Policía necesita hacer un sobreesfuerzo más grande para contener las acciones de protesta”.

Actividad de los CPC también se paga

Para Vilma Núñez, el gasto que hace el Gobierno para reprimir a la población va más allá del dinero que asigna a la PO, ya que está demostrado que los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) realizan un trabajo de inteligencia a nivel nacional y hay que estar claros que “esa gente de gratis no está”.

“No solo es el dinero que les pagan a ese montón de policías que se ven (en las calles), también está el montón de (fanáticos dedicados al) espionaje en el país a través de los CPC. Esos están pagados, esa gente no va a andar ahí sin ganar… están invirtiendo (gastando) parte del presupuesto en represión”, expresó Núñez.

Además, la defensora de derechos humanos manifestó que aunque no hay una partida presupuestaria destinada a financiar a los CPC, de alguna parte sale ese dinero, porque “ellos (la familia presidencial) van a ser incapaces de disminuir su capital, su capital mal habido, tienen que sacar de alguna partida presupuestaria, porque esa gente (los CPC) de gratis no están”.

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Aunque el despliegue policial es permanente en las rotondas de Managua, cada vez que circula un rumor sobre una posible protesta hay un aumento desproporcionado de las fuerzas antidisturbios en las calles de la ciudad.

UCA está en la mira de la PO

Tan solo un día después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandara al régimen orteguista que cese la represión en el país, este hizo caso omiso y el último viernes desplegó una gran cantidad de patrullas y agentes armados para rodear la Universidad Centroamericana (UCA), donde un grupo de estudiantes realizó una protesta contra la dictadura.

Esta fue la primera vez que los estudiantes, uno de los grupos más reprimidos por Ortega-Murillo, pudieron protestar por la situación del país, después que en octubre de 2018 treinta y ocho personas fueron golpeadas, empujadas y apresadas por las fuerzas policiales por intentar hacer un plantón.

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